<I>¿Pobres y tontos? </I>

¿Puede España subvencionar parte de los costes que a Alemania le corresponderían en la ampliación de la Unión Europea?

Las tesis sostenidas por algunos medios de comunicación a propósito de los intentos del Gobierno español para asegurarse que después del año 2006, y como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea, las regiones españolas más pobres no pierden fondos y ayudas europeas se centran en acusar al señor Aznar de falta de oportunidad y ausencia de una estrategia adecuada para enfrentarse a los países más ricos que, con Alemania a la cabeza, desean que otros paguen los costes de la ampliación hacia una serie de países cuya renta no sólo es inferior a la española, sino que, además, serán sus clientes preferentes y no los nuestros.

Pero este confuso panorama y lo acertado o no de las acusaciones contra nuestro Gobierno no pueden entenderse sin el telón de fondo de las propuestas alemanas para transformar la Unión Europea en una federación de Estados.

Ese plan tiene dos ejes íntimamente ligados: una nue-va división de poderes entre las instituciones europeas y, como consecuencias, un reequilibrio de competencias entre la Comisión y los Estados nacionales.

De forma sucinta, Schröder propone que el Parlamento Europeo y la Comisión -cuyo presidente sería elegido por aquél- acrecienten sus competencias a costa del Consejo de Ministros -representante en la actualidad de los intereses de cada país miembro-, que pasaría a convertirse en una segunda cámara parlamentaria.

Ahora bien, para no otorgar demasiado poder a Bruse-las, ciertas competencias -co-mo la política agrícola y las ayudas regionales- volvería a los Estados nacionales. Desde un punto de vista alemán, el plan no es nada torpe, ya que no sólo refuerza su influencia, habida cuenta del número de diputados alemanes en el Parlamento, sino que, al repatriar el uso de ayudas y fondos estructurales, abre la puerta a sustanciales ahorros para la cartera germana.

Es evidente que esas ayudas constituyen un buen ejemplo de las intenciones alemanas. Como Galicia o Murcia no dejarán de ser pobres por el ingreso de, por ejemplo, la más pobre región polaca de Bydgoszcz, parece en principio razonable la petición del Gobierno español para que los nuevos países reciban las ayudas que les correspondan, pero no a costa de minorar los fondos que para sus regiones menos desarrolladas obtienen ahora España, Portugal y Grecia.

Alemania, que desea detener durante un periodo de siete años la libre circulación de trabajadores del Este, pretende hábilmente que nuestro Gobierno ceda ahora sin condiciones en el asunto de las ayudas y fondos estructurales, de forma que en 2006 podríamos encontrarnos con que nuestras pretensiones de asegurarnos financiación para los siguientes ejercicios son despachadas con un seco "donde dije Diego digo...".

La ampliación supone una negociación compleja de la cual no pueden desgajarse la cuestión de sus costes, que van a ser elevados, y que no parece razonable paguen los países más pobres cuando van a ser los ricos, y sobre todo Alemania, quien va a hacer el mejor negocio comercial con ese conjunto de países que constituyen su protectorado histórico.

Conviene recordar que en la negociación para la adhesión española a la entonces CEE hubimos de aceptar algunas durísimas condiciones que los países ricos -tales como Francia, Italia, Alemania y Holanda- no tuvieron empacho en imponer a algunos de nuestros sectores más competitivos, condiciones que hemos pagado en algunos casos muy caro.

Si los alemanes desean reducir el presupuesto comunitario para hacer frente a la ampliación, convendría que se pusieran de acuerdo con sus colegas franceses y sanearan, por ejemplo, la política agrícola, de lo que ambos tantos años llevan beneficiándose, en lugar de buscar la solución mediante la transferencia de recursos de los países pobres hacia los más pobres que van ahora a entrar en el club.

Puede que esto moleste a algunos nuevos ricos espa-ñoles o a quienes critican a nuestros negociadores por no saber escoger el momento para defender sus pretensiones, pero el reciente ejemplo francés discutiendo la duración del periodo transitorio durante el cual no podrán adquirirse tierras agrícolas en los países del Este muestra bien a las claras hasta qué punto otros socios defienden sin rubor sus intereses nacionales. Eso es lo único que debemos exigir a nuestro Gobierno.