Las 'telecos' acusan al Gobierno de ahogar con su política al sector

A punto de cumplirse un año desde que se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la entonces consejera delegada de Retevisión, Anna Birulés, asumiera las riendas, la situación en el sector parece haber llegado a un punto límite. Desaparecen operadoras, se multiplican las denuncias y la telefonía fija sigue dominada por Telefónica. La competencia sólo parece funcionar en el móvil, donde los continuos cambios de rumbo han disparado la incertidumbre y las protestas del sector.

La última semana de abril del año 2000, Anna Birulés tomaba posesión de un ministerio de nueva creación, Ciencia y Tecnología, anunciado como la gran novedad para la legislatura en la que el Gobierno de Aznar había conseguido mayoría absoluta. En el tiempo transcurrido, las expectativas no sólo se han frustrado, sino que a día de hoy existe un clima de desconcierto y rebelión contra la política de telecomunicaciones del Ejecutivo.

æpermil;sta es una de las pocas ocasiones en las que el sector, integrado por actividades muy diversas (telefonía fija, móvil e Internet) está de acuerdo.

En el segmento de telefonía básica la voz de alarma saltó cuando, bien entrado el año 2000, se aprobaron los precios de interconexión (la tarifa que deben pagar los competidores a Telefónica por utilizar su red) para ese ejercicio. Y la sorpresa fue que, como promedio, quedaban congeladas. Por tramos, además, bajaban en la larga distancia (la que no requiere inversiones) y subía en local (donde sólo operan las compañías que han hecho un cierto desembolso en red).

Mientras tanto, los precios de Telefónica se mantuvieron a la baja, tanto por las tarifas nominales como por los planes de descuento.

Plan de choque

Los ánimos del sector se calmaron en cierta medida cuando Birulés anunció, antes del verano, un ambicioso paquete de medidas liberalizadoras que incluían la apertura a la competencia de las llamadas metropolitanas y del bucle local (el acceso directo al abonado). Pero los meses pasaron y las condiciones en las que la apertura sería posible no acaban de ser fijadas por el Gobierno, hasta el punto de que Telefónica comenzó a lanzar ofertas de llamada local para retener a los clientes antes de que sus competidores pudieran entrar en este terreno.

Esta situación provocó las primeras denuncias de Retevisión y las críticas del resto de los operadores, en una escalada de malestar que culminó cuando el Ejecutivo finalmente publicó las condiciones de la apertura de la telefonía local. Las candidatas a rivalizar con Telefónica echaron cuentas y concluyeron que las cifras no salían; los precios que tienen que pagar al ex monopolio por usar la red y que fija el Gobierno no dejan margen.

¿El resultado? Cinco meses después de la apertura de la telefonía local sólo dos operadores (Retevisión y Jazztel) ofrecen llamadas metropolitanas y ambas aseguran que lo hacen por un compromiso con sus clientes de darles todos los servicios, no porque sea rentable.

Con la apertura del bucle local, el último monopolio de Telefónica, está pasando algo muy similar. Casi 20 empresas solicitaron a la operadora dominante un hueco en sus centrales para dar este servicio y sólo tres meses después cinco se han retirado.

Ahora, el pacto alcanzado entre Telefónica y el Gobierno para subir a 2.100 pesetas la cuota de abono ha vuelto a soliviantar al sector. El alza de la cuota se enmarca en el sistema de precios máximos que regula las tarifas del operador, de modo que una subida en este tramo obligará a bajar más aún el resto de los precios. "No estamos en contra de las rebajas de Telefónica, pero reduce las tarifas en los segmentos en competencia y los sube donde no la tiene, así que, como los precios de interconexión se mantienen, no queda margen para que los competidores sobrevivamos", explican en Retevisión.

Situación crítica

"La situación del sector es crítica", añaden en Jazztel. "Hay una crisis internacional que impide a las operadoras financiarse y, como en España el modelo de liberalización hace imposible la competencia, las compañías empiezan a retirarse. Las que quedamos tenemos que buscar negocios alternativos para compensar este esquema".

Para el sector, la clave de que la liberalización no funcione es que Telefónica mantiene una cuota de mercado del 92%, "y eso no es culpa de los rivales del ex monopolio, que no son ni mejores ni peores que en el resto de Europa, sino de la regulación", señala uno de los afectados.

Los operadores también critican que aspectos técnicos clave para la apertura del mercado han tardado años en ser una realidad o todavía no funcionan, como es el caso de la preselección o la portabilidad. E inciden, asimismo, en los resultados de una de las grandes ambiciones de la ministra Birulés: la tarifa plana.

Su mero anuncio provocó una primera oferta de Retevisión, que fue replicada enseguida por Terra y luego por Wanadoo. La situación cambió cuando el Gobierno fijó las condiciones. Wanadoo retiró su oferta y Retevisión calificó de "inaudita" la decisión del Ejecutivo.

"Si el objetivo de Birulés es conseguir que haya una competencia, con redes alternativas a Telefónica, está logrando justo lo contrario", concluyen.

 

El nuevo móvil multimedia, la tasa y otros líos con el espectro

El último acto del Gobierno de Aznar en la anterior legislatura fue la adjudicación in extremis de cuatro licencias del nuevo móvil UMTS. Aquella decisión, criticada por apresurada y opaca, ha protagonizado buena parte de los conflictos entre Ciencia y Tecnología y el sector.

La primera fuente de disputas fueron los recursos ante la Audiencia Nacional que interpusieron dos de las perdedoras: Uni2 y Ferrovial.

Pero el conflicto más importante surgió cuando el Reino Unido y Alemania saldaron las subastas de las licencias de UMTS con inyecciones billonarias a las respectivas arcas públicas. Las críticas de la opinión pública y de la oposición por el bajo precio que se había cobrado en España provocaron el nacimiento del llamado espectrazo.

El ministerio de Birulés incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2001 un incremento del impuesto por el uso del espectro por una cuantía total de 160.000 millones anuales. Esta decisión ha sido criticada abiertamente por las empresas perjudicadas, y los intentos posteriores de Birulés por suavizar el grave impacto en las cuentas de resultado de las operadoras no han impedido que las empresas hayan anunciado su decisión de dirimir el espectrazo en los tribunales.

Este rosario de conflictos se ha visto engordado por la incertidumbre tecnológica que ha producido el retraso en el desarrollo de los equipos y terminales de UMTS y por la decisión de la ministra de convocar un nuevo concurso para adjudicar dos licencias de GSM con el objetivo de "incrementar la competencia en móvil". Para conseguir espectro a los nuevos operadores se ha recurrido a expropiar frecuencias que ya habían sido asignadas a Telefónica Móviles, Amena y Airtel, lo que ha provocado la ira de estas empresas.

Todos estos cambios de rumbo han disparado la incertidumbre en un sector que asegura que tiene que revisar los planes de negocio casi cada mes.

 

Un ministerio vacío de competencias y a merced de Economía

Anna Birulés, por su anterior cargo en Retevisión, es una profesional que tiene muchos adeptos en el sector. A pesar de sus simpatías, las personas cercanas a la ministra reconocen que su política está siendo más que discutible. Pero achacan la falta de acierto de Birulés a que "su ministerio nació vacío de competencias reales y a merced de las decisiones de Economía".

Sus defensores afirman que el gran problema de Birulés como ministra es que no está defendiendo la política de telecomunicaciones en la que cree. Además, como desventaja añadida, le es difícil comunicar mensajes que ella no ha elaborado, pero que se cree en la obligación de defender.

La ministra ha sido muy criticada por los nuevos operadores, que la acusan de haber alcanzado un alto grado de entendimiento con Telefónica. La mejora de las relaciones entre el ex monopolio y el Ejecutivo ha hecho posible que se haya sacado adelante, por ejemplo, la subida de la cuota de abono, previa intervención de Bruselas.

 

La CMT pone a Airtel la mayor multa de su historia

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto a Airtel la mayor multa de su historia, 700 millones de pesetas (4,2 millones de euros).

El organismo que preside José María Vázquez Quintana considera que Airtel ha incumplido una resolución de la CMT que le obligaba a permitir que Aló, una compañía de telefonía fija, tuviera acceso a su red.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Economía, considera el comportamiento de Airtel como "infracción muy grave" y por ello le ha impuesto la sanción máxima.

Los responsables de Airtel ya han anunciado su intención de recurrir la decisión de la CMT.