El Tratado de Niza fija la base para crear un tribunal supremo de la UE
El Tratado de Niza, que ayer rubricaron solemnemente los Quince, adapta el entramado institucional comunitario a una futura Unión Europea de más de 27 Estados miembros. Entre las instituciones más beneficiadas por la reforma figura el Tribunal de Justicia, garante de la legitimidad democrática del resto, al que el nuevo Tratado marca el camino para convertirse en una corte suprema de apelación.
Niza confirma esa revolución al habilitar al Tribunal de Primera Instancia (un juez por Estado miembro) para que se pronuncie sobre cuestiones prejudiciales (consultas planteadas por las autoridades judiciales nacionales, cuya resolución traslada la jurisprudencia comunitaria a los Estados) y, además, sirva de filtro a los recursos de casación, que sólo en contadas excepciones deberán llegar al Tribunal Superior.
Será en esa Primera Instancia donde se resuelva la apelación en asuntos como propiedad intelectual, marcas o conflictos laborales de los que se ocuparán salas jurisdiccionales creadas al efecto, que ya no tendrán que radicar obligatoriamente en Luxemburgo. El Gran Ducado se ha comprometido, en concreto, a no reivindicar la sede de las salas de recursos de la Oficina de Marcas de Alicante. Al Consejo de Ministros de la UE, por unanimidad, corresponde crear las salas, nombrar sus miembros y precisar sus competencias. Pero la composición de estas salas ya no tomará en cuenta la nacionalidad del juez y su reglamento se aprobará por mayoría cualificada.
A diferencia del resto de instituciones comunitarias (Consejo, Comisión, Parlamento), la reforma del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no necesitó largas madrugadas de negociación en la pasada cumbre de Niza. Los jefes de Gobierno zanjaron la cuestión fijando por escrito la práctica seguida hasta ahora de que el Tribunal esté compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros. Quizá fuera ésa la única decepción para el presidente de la institución, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, en una cumbre que satisifizo casi todas sus demandas para agilizar el funcionamiento del Tribunal. "El 1 de enero de 2000", advirtió Rodríguez Iglesias en Niza, "había 896 asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia y 732 ante el de Primera Instancia. (...) Parece claro que la tendencia al aumento va a continuar".
En respuesta a estas quejas los Quince sentaron las bases para que el Tribunal se convierta en la institución supranacional por excelencia de la UE. Se avanza así otro paso en la "revolución silenciosa", descripción que para estudiosos como González Ibán o Ahijado Quintillán retrata la labor de esta institución.