Trabajo prepara una reforma que frene el gasto en desempleo
El gasto en prestaciones por desempleo se disparó el pasado año. Por vez primera desde 1994 subió (unos 40.000 millones de pesetas), algo paradójico en un ejercicio en el que se produjo una fuerte creación de empleo y un descenso del paro registrado. Esto ha motivado que el Ministerio de Trabajo persiga una reforma en profundidad del sistema de prestaciones contributivas por desempleo para atajar este aumento del gasto. El Gobierno quiere negociar la reforma con la patronal y los sindicatos.
El año 2000 fue otro buen ejercicio para la creación de empleo y, sin embargo, y en contra de todo pronóstico, esto no se vio reflejado en un menor gasto de prestaciones por desempleo, que, en su segmento contributivo, se disparó. El Gobierno tiene claro que esta paradoja ocurre porque existen disfunciones y prácticas fraudulentas dentro del sistema de prestaciones por desempleo.
Por este motivo, los responsables del Ministerio de Trabajo estiman necesario acometer una reforma en profundidad de este sistema y tienen la intención de consensuarla con los agentes sociales. Las primeras estimaciones de Trabajo indican un incremento del gasto en prestaciones por desempleo en 2000 de más de 40.000 millones de pesetas sobre lo gastado en 1999 (1.332.800 millones de pesetas), fundamentalmente concentrados en las prestaciones contributivas (aquellas que cobran los trabajadores que han cotizado al menos 12 meses). El presupuesto previsto para 2000 era de 1.319.200 millones de pesetas, de los que 888.000 subirían el gasto del seguro; 272.000, el subsidio, y 141.600, el subsidio agrario.
Rotación intencionada
La reforma que propondrá el Gobierno pretende atajar las situaciones de abuso del sistema, que han comenzado a aparecer cuando la reforma de 1993 ha alcanzado un suficiente grado de maduración. En 1993 se endurecieron las condiciones para el cobro de la prestación contributiva por desempleo: de exigirse un mínimo de seis meses de cotización para tener seguro de paro por tres meses (retorno del 50%) se pasó a un mínimo de un año de cotización para cobrar cuatro meses (un retorno del 33%). Para percibir el máximo de cobertura (24 meses) es preciso cotizar seis años, en vez de los 48 meses anteriores.
Pero la reforma, que también recortó la cuantía de las prestaciones recibidas, permitía consumir parte del seguro y conservar el resto en caso de encontrar un nuevo empleo. Es decir, que un trabajador que hubiese cotizado seis años y tuviera ya derecho a 24 meses de cobertura, si incurría en un periodo de paro de cuatro meses, por ejemplo, sólo consumía cuatro meses de seguro (cuatro meses de crédito), y, si encontraba un nuevo empleo, podía conservar para una ulterior situación de desempleo los 20 meses (de crédito) que le restaban por percibir.
Como en los últimos años el crecimiento económico ha proporcionado suculentos avances de la ocupación, la gran mayoría de los trabajadores tiene acumulados periodos de cotización muy altos, lo que les permite cobrar potenciales periodos largos de prestaciones.
Esta situación de madurez de la cotización, provoca la aparición de prácticas fraudulentas, según fuentes de Trabajo. La mezcla de contratación abusiva y la aparición de los primeros problemas de saturación de plantillas en las empresas en momentos de contracción de la actividad provoca que miles de asalariados, las más de las veces en connivencia con las empresas, acudan a la prestación, para retomar después la contratación, sin haber agotado el "crédito en protección".
Esta práctica se atajaría, según fuentes de Trabajo, no permitiendo que el trabajador conservara el derecho a prestación no consumido tras reincorporarse al trabajo; poniendo, en otros términos, el contador de la cotización a cero para poder generar un nuevo derecho de cobertura. No obstante, estas mismas fuentes son conscientes de la dureza de esta medida, por lo que en la mesa de negociación pretenden articular alguna fórmula de endurecimiento sin llegar a la eliminación del derecho.
Recortes de personal
Además, algunas empresas han generalizado "el recurso a la suspensión temporal de empleo como un elemento de gestión de personal", enviando al seguro de paro temporadas cortas a parte de la plantilla. Comienza a ampliarse esta práctica en los periodos de vacaciones en empresas de la construcción e industriales, cuyo máximo exponente es el sector del automóvil.
Fuentes de Trabajo aseguran que la posibilidad de elevar las cuotas por desempleo a este tipo de empresas sigue vigente. Pero no todo serán recortes: el Ejecutivo pretende que una vez acometidos los ajustes necesarios para frenar el abuso del gasto en desempleo, podrán aumentar otras situaciones asistenciales.
La cobertura de paro sigue en el 54%, excluidos los agrarios
La tasa de cobertura por desempleo llegó en el mes de noviembre al 53,8% de los desempleados, excluyendo la protección económica a los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. Esta tasa bruta de protección (perceptores de seguro y subsidio, salvo los agrarios, sobre el total de parados de todos los sectores de actividad) sigue estando 10 puntos por debajo del récord alcanzado en 1993 (el año de la última crisis económica, en el que se destruyeron 900.000 empleos). En condiciones normales, tras el fuerte crecimiento del empleo en los últimos años, la cobertura debería haber crecido por el simple hecho de que el número de parados registrados desciende. Pero el hecho de que buena parte de los desempleados registrados lo sean desde hace más de dos años (parados de larga duración), y carezca de periodos de cotización para disfrutar de protección contributiva o de subsidio (salvo en los casos de mayores de 55 años), impide que la tasa de cobertura suba.
Contabilizando los perceptores de subsidio agrario de Andalucía y Extremadura (240.000 personas en noviembre pasado), la cobertura alcanzaría a más de un millón de personas. Así, sólo algo más de medio millón de personas estarían al finalizar el año 2000 sin ningún tipo de protección. Una hipotética tasa real de cobertura, por tanto, superaría el 70%. Sin embargo, una tasa, también hipotética, que considerase el desempleo detectado por la encuesta de población activa, quedaría por debajo del 50%.
Los sindicatos plantearán en la negociación con el Gobierno medidas que supongan que la tasa bruta de cobertura se eleve. Sin embargo, para ello, propondrán que se extienda el subsidio a colectivos de mayor edad con escasas posibilidades de encontrar empleo y acumular cotización.
La CEOE insiste en su tesis de abaratar el despido a toda costa
Los sindicatos insisten en lo que consideran "tozudez" de la patronal en reivindicar, a toda costa, el abaratamiento del despido, bloqueando el proceso de diálogo social. UGT y CC OO han remitido un comunicado conjunto a la CEOE en el que muestran su preocupación por ello.
Las centrales denuncian la "pretensión reiterada" de la patronal de rebajar el coste del despido a 33 días, "recortando con carácter general y permanente los derechos de los trabajadores" y, por otro lado, la creación de un nuevo contrato indefinido, con una indemnización inferior a los 33 días, en lugar de renovar el vigente. Así, el actual despido improcedente de 45 días de indemnización por año de trabajo desaparecería.
Los sindicatos insisten en que, bajo estos parámetros, no hay posibilidad alguna de acuerdo. En su opinión, el centro de un posible acuerdo debe pasar por reducir la temporalidad, "porque la realidad ha demostrado que, sin medidas eficaces no es posible conseguir la estabilidad del empleo".
Oferta sindical
En consecuencia, UGT y CC OO han propuesto al presidente de la CEOE, José María Cuevas, que estudie la oferta sindical que se concreta básicamente en restringir la contratación temporal, regular la subcontratación y estudiar la prórroga del fomento de la contratación indefinida. También solicitan incorporar a la patronal al acuerdo de 1998 sobre tiempo parcial, mediante una adaptación de la regulación que mantenga los derechos esenciales de los trabajadores y facilite la utilización de esta modalidad por parte de las empresas, así como la singularización del contrato fijo discontinuo. Los sindicatos esperan esta semana una respuesta de la patronal.
Por otra parte, Comisiones Obreras ha presentado ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo un recurso contra lo que consideran negativa del Gobierno a negociar la regulación de la movilidad geográfica forzosa de los funcionarios, incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001.