Agricultura sólo puede destruir el 65% de la cabaña que exige la UE
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, reconocía la semana pasada que la aplicación de las medidas exigidas por Bruselas para combatir la crisis aún no ha alcanzado "la velocidad de crucero". En concreto, España apenas ha sacrificado y destruido 7.000 reses mayores de 30 meses de las 275.000 que le corresponden, según los cálculos de la Comisión Europea. Agricultura reconoce ya que hasta finales de junio -cuando expira el plan comunitario y las subvenciones que lleva aparejadas- sólo podrá destruir 180.000 cabezas, el 65% de lo previsto.
El ministro Miguel Arias Cañete ya pidió la semana pasada en Bruselas una prórroga del plan de intervención y destrucción de las reses mayores de 30 meses que la UE inició el pasado 1 de enero. Ese plan exige que, hasta el 30 de junio, todas las reses mayores de esa edad que no hayan superado la prueba de detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) sean retiradas de la cadena alimentaria. La Unión Europea y los Estados miembros prevén compensaciones a los ganaderos, que en España ascienden hasta 400 euros (unas 66.000 pesetas) por res. El 70% de esa aportación corresponde al presupuesto comunitario.
Pero la contribución de la UE expira en junio y las partidas presupuestadas pueden agotarse incluso antes. Según los cálculos de Agricultura, en esa fecha aún quedarán en España 95.000 reses por sacrificar.
Esa cifra puede aumentar en otras 40.000 si la UE rebaja la edad del test obligatorio a los 24 meses.
La Comisión Europea contempla la posibilidad de extender el plan de destrucción, aunque la comisaria de Presupuesto, Michaele Schreyer, indicó la semana pasada que no existe margen de maniobra posible en el presupuesto comunitario.
Schreyer descartó que se destine a la crisis de las vacas locas capital procedente de otras partidas que no sean las agrícolas. La comisaria alemana considera, además, muy poco probable que los jefes de Gobierno autoricen ninguna inyección económica adicional en la próxima Cumbre de Estocolmo (en marzo de este año).
Las incineradoras aún no están adaptadas
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Castilla y León insistió ayer en la necesidad de que se realicen con urgencia las medidas necesarias para adecuar todas las plantas incineradoras de España ante la gran actividad que desarrollan para destruir los residuos generados por la crisis de las vacas locas.
El secretario regional de ASAJA, José Antonio Turrado, rechazó el cierre cautelar de la fábrica transformadora de cadáveres de animales y materiales específicos de riesgo en la localidad leonesa de Cabreros del Río, pues considera que es imprescindible para garantizar la sanidad animal y para asegurar en estos momentos la salud pública.
En este sentido, Turrado recordó que el funcionamiento de Rebisa "es necesario" para llevar a cabo y cumplir todas las exigencias de la normativa europea y pidió un "esfuerzo" a los habitantes de este entorno, que tienen que soportar los fuertes olores que desprende la planta.
Por otro lado, José Antonio Turrado recomendó a los políticos y a los científicos que digan siempre lo mismo con respecto a esta enfermedad con el principal objetivo de no crear alarmas injustificadas entre los consumidores sobre la enfermedad.
Asimismo, más de 350 personas se dieron cita ayer en la Asamblea General Ordinaria de ASAJA en la que se debatió la posibilidad de realizar movilizaciones de carácter nacional en el "momento oportuno" si la crisis sigue y el Gobierno central no soluciona la situación.
La EEB amenaza ya
las ayudas directas
que recibe España
Un experto ha echado cuentas y concluye que la nueva partida de 971 millones de euros que será habilitada por la Unión Europea para incrementar los fondos de ayudas a la crisis de las vacas locas durará aproximadamente un mes y medio. Nadie duda de que en breve habrá que habilitar una nueva partida para afrontar una crisis sin salida inmediata. Y quien menos lo duda es la propia comisaria europea de Presupuesto, Michaele Shreyer, que ha dicho lo que todos pensaban ya: se ha agotado el margen disponible en las perspectivas financieras de la Agenda 2.000, por lo que habrá que recurrir a los ahorros que se han producido en otros sectores de la agricultura y la ganadería.
Pero si estos siguen siendo insuficientes (y los expertos piensan que lo serán pues queda mucha crisis) la Comisión se vería obligada a suspender el reembolso a las Administraciones nacionales de las ayudas directas de la Política Agraria Común (700.000 millones de pesetas anuales para España). Un portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos -Coag- dice que "sin estos fondos un 90% de la agricultura española desaparecería".
Sin embargo, la normativa que contempla el pago de ayudas directas a los agricultores y ganaderos es de obligatorio cumplimiento. Y además, no puede ser anulada con carácter retroactivo. por lo que los analistas del sector consideran que los fondos comprometidos ya en el periodo de vigencia del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria -Feoga- , que se extiende entre el 16 y el 15 de octubre del año siguiente, no va a ser modificado.
A partir de la fecha, y siempre en función del escenario que vayan dibujando los nuevos acontecimientos en torno a la crisis de las vacas locas, se puede recurrir al periodo de reflexión que contempla la Agenda 2.000, justo en el ecuador de su desarrollo (2.002 o 2.003), para revisar su funcionamiento y, por consiguiente, la nueva política común; o se puede recurrir a un reglamento elaborado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europa, que enmiende otro reglamento, el correspondiente a las ayudas, para diseñar un nuevo trazado en el programa de subsidios para los agricultores.
Mientras, si la crisis requiere más fondos, como parece que será, los Estados no van a tener más remedio que echar mano de sus propios presupuestos, para afrontar pagos a cuenta o cofinanciaciones.
Revisión de la PAC
Al final de todo el problema se encuentran los ánimos de los países de revisar el sistema europeo de subsidios a la agricultura y resucitar la vieja fórmula de la renacionalización de las ayudas. El cancillar germano, Gerard Schröder, lo ha suscitado tras la minicrisis que sufrió recientemente su Gobierno con las dimisiones de los ministros de Sanidad y Agricultura, y nadie duda de que aprovechará esta crisis para actualizar su idea, largamente acariciada de revisar su contribución a la Política Agraria Común.
Estos apoyos, destinados a la regulación de los mercados de las explotaciones agrarias, suman en nuestro país en el presente ejercicio 988.436 millones de pesetas. De ellos, más del 80%, una cantidad superior a los 700.000 millones, son ayudas directas y se refieren principalmente a los cultivos herbáceos, al aceite de oliva, a las frutas y hortalizas y al ganado vacuno, al ovino y caprino.