Los jóvenes abogados reclaman que se regule el acceso a la profesión
El Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado en una reunión mantenida con los portavoces de las comisiones parlamentarias de Justicia de CiU, PSOE y PP la conveniencia de regular un sistema de acceso a la abogacía y de establecer un marco de financiación adecuado del turno de oficio.
En dicha reunión, a la que también asistió Luis Martí Mingarro, decano del Colegio de Abogados de Madrid, los abogados jóvenes manifestaron ante Manuel Silva de CiU; Juan Fernando López Aguilar, del grupo parlamentario socialista, y Andrés Ollero, del PP, la necesidad de que los sistemas para incorporarse a la profesión garanticen al ciudadano que el abogado que presta sus servicios cuenta con la suficiente capacidad técnica.
En su opinión, también la atribución de competencias profesionales de la abogacía debería estar bien delimitada, de forma que se distinga claramente la profesión de abogado de otras que han surgido en torno al mundo jurídico. Sobre la financiación del turno de oficio, los abogados jóvenes consideran que "no debe suponer, como ocurre actualmente, una carga financiera extraordinaria para aquellos que prestan este servicio público en beneficio de toda la sociedad".
Otra de las reinvidicaciones de este colectivo, que agrupa a letrados menores de 35 años de Madrid (en torno al 60% del total de abogados de esta comunidad), se centró en el trato fiscal que recibe el ejercicio de su profesión frente a otras equiparables, principalmente en relación con el IAE y, sobre todo, durante los primeros años de ejercicio.
Según puso de manifiesto Ana Ferrer Sama, presidenta del Grupo de Abogados Jóvenes del ICAM, las dificultades financieras de los jóvenes son equiparables a las de un empresario en sus primeros años de actividad. Los portavoces invitados afirmaron tomar buena nota de estas cuestiones y les animaron a transmitir sus inquietudes como necesidades reales que redundarán en beneficio de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia.