<I>Ideología y realidad de la reforma fiscal en el crecimiento</I>
Es poco riguroso atribuir el crecimiento económico a una sola variable, y más cuando se está en un ciclo expansivo.
En la presentación de los Presupuestos del Estado para este año el Gobierno volvía a reiterar su voluntad de continuar abundando en la reforma tributaria "como garantía del crecimiento económico", basándose en un axioma ideológico que daba por demostrado: "...las reformas tributarias modernas se caracterizan fundamentalmente por el predominio del principio de eficiencia en la asignación de recursos, ya que se han asumido las limitaciones del sistema impositivo para cumplir de forma eficaz otras finalidades clásicas como, por ejemplo, las funciones de redistribución de la renta y patrimonio interpersonal". Además presumía frente a países centrales europeos afirmando que "la reducción de impuestos en España es un instrumento de la política económica, mientras en Alemania y en Francia es en cambio una consecuencia de las favorables perspectivas del ciclo económico". Pasaban por alto que en esos dos países la presión fiscal sigue siendo considerablemente más elevada que la española, aun después de sus respectivas rebajas impositivas.
Remitiéndonos a los datos de Eurostat para comparar, podemos observar que la diferencia con Alemania es de 7,7 puntos del PIB, donde según las últimas cifras conocidas de 1999 obtenía una recaudación entre impuestos y cotizaciones sociales equivalente al 42,9% de su PIB. En el caso francés, dicha recaudación se eleva hasta el 45% del PIB -tras una reducción del 0,9% por valor de 1,8 billones de pesetas- y aun así mantiene una diferencia de presión fiscal de 10,8 puntos superior a la de España. Y si miramos a Holanda, que ha registrado un crecimiento medio anual del 3,3% en el último quinquenio -más alto que la mayoría de los países de la UE-, con tasas de paro que rondan el 4% y un excelente Estado del bienestar, veremos que también su presión fiscal agregada supera a la española en más de cinco puntos. Respecto a la media de los Quince, nuestro país tiene todavía una presión fiscal 7,2 puntos inferior.
Pero la obsolescencia de la función redistribuidora de la riqueza a través de la fiscalidad que nuestro Gobierno considera generalmente asumida tampoco se verifica examinando las distintas fuentes de ingresos fiscales. Porque mientras se agrandan nuestras distancias en la imposición directa, los impuestos indirectos españoles se alejan menos de los europeos. En el periodo 1996- 2000 el conjunto de los ingresos de las Administraciones públicas ha crecido en 1,8 puntos del PIB, concentrado sobre todo en el capítulo de impuestos -1,5 puntos-, por 0,3 décimas que lo han hecho las cotizaciones sociales. Pero los impuestos sobre la renta han caído el 0,7, al tiempo que se ha gravado más el consumo -y con ello a las familias más modestas- con un alza de 2,2 puntos de los impuestos indirectos. En relación al crecimiento económico promediado en tasa anual real (el 3,6%), los primeros crecieron bastante menos (1,9%) que los segundos (9,2%). Salta a la vista la redistribución negativa en perjuicio de los contribuyentes de menores ingresos.
La ideologización de la política económica suele ser incompatible con el gobierno prudente de los asuntos que más afectan a la vida de los ciudadanos, arriesgándose innecesariamente, además, a verse en mayores apuros cuando la realidad tira por tierra los postulados.
Es poco riguroso atribuir el crecimiento económico a una sola variable, más aún cuando se está ya en un ciclo expansivo. Más que a la fiscalidad, puede atribuirse, por ejemplo, a la bajada del precio del dinero iniciada con las disminuciones del tipo de cambio del marco alemán que fueron necesarias para financiar los gastos de la reunificación. Pero en lugar de prestar atención a aquellos factores que inciden más directamente en el fomento de la inversión productiva, los ministros económicos del Gobierno del PP han seguido con más de 10 años de retraso las teorías de Laffer, que representaba en una curva la relación entre reducir la progresividad de los impuestos sobre la renta y el capital con el automático crecimiento de la riqueza. Reagan y Thatcher le siguieron a pies juntillas en sus respectivos países durante la década de los ochenta, pero los resultados obtenidos desmintieron al teórico y la credibilidad de su curva cayó en picado.
Ahora, cuando la generación de riqueza en España se mantiene alta todavía, pero previéndose una cierta desaceleración, al contrario que en los países centrales europeos, puede ocurrir que los más de 800.000 millones que ha costado la reforma fiscal se echen en falta para impulsar políticas públicas que incidan directamente en el consumo y la inversión. Y ésas sí que crean una mayor riqueza, además de una distribución más justa de la renta.