La superficie mundial dedicada a los transgénicos creció un 11% en 2000
El cultivo de productos genéticamente modificados avanza a buen ritmo, pese a la polémica existente tanto en el seno de la Unión Europea como en Estados Unidos por la necesidad de un mayor control. La superficie mundial duplica ya toda el área agrícola española.
La superficie mundial sembrada con cultivos de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos creció el pasado año un 11% y se sitúa ya en 44,2 millones de hectáreas, según el Isaaa, instituto encargado de analizar la evolución internacional de estos cultivos. La extensión actual que ocupan las plantaciones con productos transgénicos duplica la totalidad de la superficie agrícola española, según un avance del informe difundido por la Fundación Antama.
En Europa, la superficie se mantuvo estable en las 100.000 hectáreas, mientras que en España, donde se cultivan 20.000 hectáreas, tampoco se registraron cambios importantes. En contrapartida, el país que ha experimentado durante el pasado año un mayor aumento de hectáreas, cifrado en el 49%, fue Argentina, que ha pasado de cultivar 6,7 millones en 1999 a los 10 millones actuales, según los datos barajados por Isaaa.
El documento destaca además que en Estados Unidos se cultivan en la actualidad 30,3 millones de hectáreas con transgénicos, un 5,5% más que en 1999, y que países como Australia, Suráfrica y China también han experimentado un aumento considerable en la superficie sembrada.
Por el contrario, en Canadá se ha reducido en un millón (un 25%) el número de hectáreas, hasta sumar tres millones, debido a la bajada de los precios de la colza, principal transgénico cultivado en aquel país. Los agricultores canadienses han decidido por este motivo dedicarse a otras producciones más rentables.
Las mismas fuentes apuntan que a mayor distancia, y dentro de la Unión Europea, Alemania y Francia mantienen una extensión de transgénicos similar a la del año 1999, pero aumentan las cosechas dedicadas a la soja y a las patatas modificadas genéticamente en Rumania, y de maíz tolerante a herbicidas en Bulgaria.
En cuanto a tipos de cultivos, la soja ocupa el primer puesto (58%, con 25,8 millones de hectáreas; el maíz abarca el 23%, con 10,3 millones de hectáreas; el algodón, el 12%, 5,3 millones, y finalmente, la colza, el 7%, con 2,8 millones de hectáreas cultivadas.
El documento resalta que las modificaciones genéticas más utilizadas por los agricultores son organismos tolerantes a herbicidas (74%), los resistentes a insecticidas (19%) y las semillas, que incluyen al mismo tiempo las dos primeras propiedades, alcanzan un porcentaje cercano al 7%.
Levantar la moratoria
La Unión Europea está sumida en un fuerte debate por la intención de la Comisión de proponer, en los próximos meses, el levantamiento de la moratoria vigente para la autorización de productos modificados.
La moratoria está en vigor, de hecho, desde 1998, cuando los Quince pidieron a la Comisión Europea que no aprobara nuevos productos hasta la puesta en marcha de una directiva revisada sobre el etiquetado e historial. æpermil;sta incluiría la prohibición progresiva de transgénicos resistentes a los antibióticos desde el año 2004, la creación de un registro público de productos, un mayor acceso a la información y la limitación a 10 años de la renovación para todas las autorizaciones.
En la Unión Europea no ha habido nuevas licencias desde el mes de octubre de 1998 y 14 solicitudes sobre productos aguardan el permiso comunitario para su comercialización.
La principal oposición a estos productos se encuentra en los grupos ecologistas que aseguran que sus repercusiones sobre la salud aún no han sido comprobados científicamente.
Estados Unidos y la UE pactan un mayor control
Estados Unidos y la UE dieron, el pasado mes de diciembre en la cumbre celebrada en Montpellier (Francia), el primer paso para el control de los productos genéticamente modificados, pese a las discrepancias mantenidas históricamente entre ambas partes. Este avance se materializará en la creación de un centro experimental de control que dispondrá de datos de carácter legislativo, administrativo y científico, así como del listado de productos aceptados o rechazados por los diferentes países.
Este pacto va en contra de la postura defendida por las multinacionales agroalimentarias contrarias a la puesta en marcha del centro. Los representantes empresariales se niegan a entregar de forma sistemática los datos sobre sus sociedades, el estado de sus investigaciones y sobre la bioseguridad de sus productos, tal y como exigen los políticos. æpermil;stos pretenden evitar perjuicios mayores en caso de que se produzcan problemas y tienen muy presente la crisis de la cadena alimentaria, motivada, entre otras cuestiones, por la relajación en las tareas de control, según los grupos ecologistas.