Energía
Termosolar de Aste, sociedad participada por Eiser Infraestructure.
Termosolar de Aste, sociedad participada por Eiser Infraestructure.

España sufre el primer revés arbitral en el Ciadi por el recorte a las renovables

Un laudo obliga a pagar 128 millones al fondo Eiser Infraestructure

Los productores nacionales reclaman la misma compensación, pero Nadal dice que no

El Estado español ha sido condenado a indemnizar con 128 millones de euros al fondo de inversión británico Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, por el perjuicio sufrido en las inversiones realizadas en tres plantas termosolares a raíz de los recortes aplicados por el Gobierno. Se trata del primer laudo condenatorio a España por una corte arbitral, en este caso, del Ciadi (organismo del Banco Mundial en el que se dirimen los conflictos sobre protección de inversiones) por la reducción de ingresos a las renovables, la cogeneración y los residuos.

Sin embargo, así como los dos laudos resueltos hasta ahora en favor de España, se referían a la reforma de 2010 aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el que se conoció ayer hace referencia a toda la secuencia de recortes, incluidos los de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy de 2013. Además, mientras aquellos correspondían a plantas fotovoltaicas, el nuevo laudo del Ciadi responde a una demanda de termosolares.

En enero del año pasado, España salió indemne de los dos primeros laudos, en ese caso, del Tribunal Arbitral de Estocolmo que se pronunció en su favor en la controversia denunciada por Charanne B.V. y Construction Investments (dos sociedades vinculadas a Isolux), por los recortes al sector fotovoltaico de 2010. Estos inversores cuestionaban la retroactividad de la norma y denunciaban el cambio sistémico en la retribución de las renovables.

Socio de Elecnor y de la ingeniería Aries, Eiser Infraestructure tiene un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que explota dos plantas termosolares de 50 MW en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otro 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), propietaria de otra termosolar de 50 MW en Badajoz. La inversión, acometida al amparo del real decreto 661/2007, en esas tres centrales es de 935 millones de euros. En este caso, llovía sobre mojado pues a los recortes de 2010 (más bien, una laminación de los ingresos a lo largo de la vida útil de las instalaciones) se sumaron los de julio de 2013, que supuso un cambio radical del sistema de retribución.

Es el primer laudo de un arbitraje referido a los recortes de la reforma ca de Rajoy de 2013

El fondo británico, que ha sido asesorado en el proceso por Allen & Overy, reclamó 300 millones de euros pero el Ciadi, que ha admitido solo parcialmente su demanda, le ha reconocido 128 millones de euros. Se trata del perjuicio correspondiente a su paquete individual en las citadas termosolares, ya que sus socios nacionales no tienen derecho a cobrarlo (al arbitraje solo tienen derecho a acudir los inversores foráneos al amparo de los tratados de protección entre países).

Aunque en un comunicado publicado ayer por el Ministerio de Energía, este considera un triunfo que el Ciadi no le haya reconocido toda la cantidad que pedía, fuentes jurídicas aseguran que siempre es así: los árbitros nunca reconocen la totalidad de las compensaciones solicitadas por los demandantes que, quizás por este motivo, las inflan.

El empeño de Energía en recalcar que el Ciadi no cuestiona la reforma eléctrica del Gobierno, sirve de poco en este caso, ya que el problema es que si de la treintena de arbitrajes contra el recorte de las renovables que se calcula siguen su trámite, logran ganar la mitad, el problema que se le plantea al Gobierno es muy grave, pues las reclamaciones globales ascienden a unos 3.500 millones.

¿Quién pagará esas indemnizaciones? Si su coste lo asume el sistema eléctrico, serían necesarias fuertes subidas de tarifa. Si se sufragan vía Presupuestos, se pondría en peligro el control del déficit público. El Gobierno puede caer en la tentación de tirar del superávit tarifario (unos 1.200 millones de euros acumulados desde 2014, a los que hay que sumar otros 500 millones previstos este año),que, según la Ley Eléctrica solo puede destinarse a amortizar la elevada deuda del sistema, 26.000 millones.

Precisamente, el Gobierno incluyó en una disposición final de la Ley de Presupuestos de 2017 la posibilidad de utilizar el excedente eléctrico para hacer frente a indemnizaciones por sentencias firmes relacionadas con cuestiones del sistema que deba sufragar este o el propio Estado. Una medida ad hoc para acatar la sentencia del Supremo que obliga a restituir a las eléctricas 500 millones del bono social que financiaron desde 2014.

Aunque hubo quien consideró que la norma también estaba pensada para hacer frente a posibles reveses arbitrales, como el de ahora, fuentes jurídicas lo rechazan porque “un laudo no es una sentencia judicial”.

El Ministerio de Energía anunció ayer que recurrirá la decisión del Ciadi, algo que resulta imposible. Lo más que puede hacer, según fuentes consultadas,es ganar tiempo con “solicitudes de aclaración”, o presentar un recurso extraordinario de nulidad ante la jurisdicción estadounidense por grave defecto de forma, lo que parece descartado.

Los inversores locales piden "la misma justicia"

Tras conocerse la noticia, los pequeños productores fotovoltaicos de Anpier exigieron “la misma justicia” que ha obtenido Eiser Infraestructure y que, muy probablemente, en su opinión, “alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, que están pendientes de la resolución de sus casos en el Ciadi”.

El Ministerio de Energía no tardó en responder que el resultado del laudo “sea extrapolable al resto de inversores”, nacionales o no. En un comunicado, subrayó que aquel se refiere “única y exclusivamente a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del tribunal, se considera excesivo”.

El real decreto ley de 2013 con el que arrancó la llamada reforma eléctrica del Gobierno de Rajoy, supuso la desaparición del antiguo sistema de primas a la producción, que fue sustituido por un “régimen retributivo específico” que garantizaba “una rentabilidad razonable” calculada sobre toda la vida regulatoria de las plantas. Para determinar la retribución de cada plata estableció un enrevesado sistema de parámetros o estándares. El resultado de la reforma: un recorte de los ingresos de casi 2.000 millones, más de un 20% del previsto inicialmente.

El PP permitirá recurrir al superávit eléctrico para pagar arbitrajes favorables a empresas

Europa Press

El PP quiere extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias contra empresas en litigios derivados de la normativa del sector eléctrico.

Así figura en una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, recogida por Europa Press y registrada justamente el mismo día en que España pierde su primer arbitraje internacional, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Sin embargo, esta aplicación se amplía para “dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales”, señala el PP en la justificación de su enmienda, “aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a Presupuestos”.

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