José Manuel Maza: “La autonomía de los fiscales en España está garantizada”

El fiscal general considera que la lentitud de respuesta en los procedimientos penales es algo “gravísimo” Asegura que “las instituciones del Estado de derecho están dando batalla diaria contra la corrupción”

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante la entrevista.Pablo Monge

José Manuel Maza tomó posesión de su cargo como fiscal general del Estado en noviembre del año pasado. Entre los retos que se ha marcado para su mandato hay uno claro: lograr que la investigación de los procedimientos penales recaiga en los fiscales. Cree que esta medida es esencial para combatir el problema más grave de la justicia: la lentitud de respuesta, sobre todo en el ámbito penal, que está propiciando, en su opinión, una imagen equivocada de impunidad en casos de gran trascendencia pública, como los de corrupción.

En el tiempo que ha transcurrido desde que llegó a dirigir la Fiscalía, José Manuel Maza ha vivido una intensa actividad, con diversos frentes abiertos en los que el escrutinio público ha sido incesante. En una entrevista concedida a este medio, afirma rotundo que la Fiscalía es totalmente autónoma respecto del Gobierno y subraya que en estos meses “no ha habido ninguna injerencia” en su trabajo. Asegura que “las instituciones del Estado de derecho están dando batalla diaria contra la corrupción”, y destaca que tanto jueces como fiscales tienen garantizada su independencia.

R. ¿Cómo ha sido la llegada a la Fiscalía General del Estado?

R. Este es un puesto difícil, muy expuesto y siempre sometido al escrutinio público, el cambio ha sido muy grande respecto a mi anterior cargo de magistrado en el Supremo. Llevaba casi 30 años en tribunales colegiados donde las decisiones se toman entre varios y ahora tengo que asumir muchas decisiones individualmente, bajo mi responsabilidad y con mi propio criterio. Pero es también un trabajo muy interesante porque piensas que puedes hacer cosas valiosas y, si te apoyan y todo sale bien, se puede hacer una aportación positiva para la sociedad.

R. ¿Cuáles han sido los principales retos de estos primeros meses?, ¿y los futuros?

R. Cuando llegué, me encontré con una Fiscalía que, pese a que mi predecesora, Consuelo Madrigal, la dirigió magníficamente, había estado un año en situación de interinidad, con muchos temas pendientes, como el nombramiento de 35 cargos de jefatura en la Fiscalía, un tema muy complicado porque es difícil elegir entre candidatos excelentes e intentar acertar lo más posible. Mi gran reto en el tiempo que esté en este cargo será intentar conseguir que se lleve a cabo la reforma procesal penal y que los fiscales asuman la investigación de las causas penales, en paralelo con una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que profundice más aún en su autonomía organizativa. Y digo organizativa porque me refiero a aspectos orgánicos, de funcionamiento, no a la autonomía de los fiscales desde el punto de vista de su independencia de criterio y de imparcialidad, porque eso ya está totalmente garantizado.

R. ¿Cuáles son las ventajas de pasar la instrucción del juez al fiscal?

R. Es clave para agilizar la resolución de los procedimientos penales. El hecho de que la justicia penal se esté dilatando tanto es un problema ya de dimensión institucional que acaba pudriendo la situación política y social del país, generando una desafección de los ciudadanos a las instituciones. Si el fiscal asume la investigación, se abrevia muchísimo el proceso. Los fiscales trabajan en equipo, lo que impide el cuello de botella que es el juez como única persona que dirige la investigación. Si un asunto es muy complejo, se puede llevar a cabo la investigación utilizando el número necesario de fiscales. Además, desde el punto de vista del principio acusatorio, no es lógico ni razonable que la misma persona que dirige la investigación decida sobre las injerencias en derechos fundamentales (escuchas telefónicas, registros domiciliarios, etcétera).

R. ¿Está la Fiscalía preparada para todo el cambio que esta reforma implica?

R. Este es el objetivo, ahora queda el largo y complicado trayecto de cómo llevarlo a cabo. Es importante hacerlo bien. Si se hace mal y fracasa, muchos pueden decir que es porque el sistema no es bueno. No inventamos nada, existe en todo el mundo. Incluso en países con mucha tradición de juez de instrucción, como es Francia, ya se cambió de sistema. Eso sí, en España tenemos alguna peculiaridad importante que habría que adaptar. Es el caso de la acusación particular y, lo que es todavía más complicado, de la acusación popular. Esta última ha sido una herramienta extraordinaria para desvelar algunos de los asuntos más importantes que ha habido en este país en los últimos 40 años. Yo soy partidario de mantenerla, pero también es cierto que hay que situarla en su lugar porque en algunas ocasiones ha podido producir excesos. Ver cómo interfiere la actuación de la acusación popular y de la particular en la tarea del fiscal en la fase de investigación es un tema delicado y complicado técnicamente.

R. Si el fiscal acaba llevando la investigación, ¿cómo se protegerá la independencia cuando sean casos próximos al Gobierno?

R. Yo afirmo rotundamente que el fiscal, la Fiscalía y, en mi caso, el fiscal general, somos autónomos respecto del Gobierno. Yo no tengo por qué aceptar ni cumplir ninguna instrucción del Gobierno que, por otro lado, hasta la fecha, en los cinco meses que llevo en el cargo, no se ha producido en ningún momento y, si se produjera, no tengo ninguna obligación de cumplirla. Soy totalmente autónomo para dirigirme contra el Gobierno y, de hecho, la Fiscalía está siguiendo actuaciones frente a algunas autoridades de cierta relevancia. La ley me garantiza –y eso fue un cambio muy importante en el Estatuto del Ministerio Fiscal en 2007–, no solo que pueda actuar como considere, sino que, haciéndolo así, no puedo ser cesado. En muchos países europeos la autonomía del ministerio fiscal es mucho menor que la española. En Francia, mi equivalente es un director general del Ministerio de Justicia. Pero no se trata solo de la autonomía del fiscal general, a cualquier fiscal de España, de cualquier nivel, el Estatuto le permite que, cuando no está de acuerdo con una orden que ha recibido de su superior, pueda plantear que se discuta en una junta de fiscales y que el superior tenga que explicar la decisión tomada, y seguir manteniéndola, a la vista de lo que se le diga, o rectificarla.

R. Se acusa al recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de haber impedido una serie de registros en el marco de la Operación Lezo. ¿Qué puede decir al respecto?

R. Sobre esta cuestión me remito al comunicado de la Fiscalía, en el que señalamos que no podemos entrar en el fondo del asunto ni desvelar información del procedimiento por estar bajo secreto de sumario y revelar su contenido puede afectar gravemente al buen fin de la investigación. En todo caso, es falso que el fiscal jefe Anticorrupción haya intentado obstaculizar la investigación, iniciada por la propia Fiscalía en octubre de 2015, y tampoco es cierto que se intentara paralizar. Las discrepancias en el seno de Anticorrupción fueron resueltas en una junta de fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Fiscal, en un escenario de estricto debate jurídico.

R. La corrupción, y su investigación por parte de los órganos judiciales, centra la actualidad; ¿está siento eficaz la justicia?

R. Absolutamente. Se critica y cuestiona a la justicia e incluso al propio sistema democrático español, pensando que es un problema que no se ataja. No hay más que asomarse a los medios todos los días para ver cómo las instituciones del Estado de Derecho están dando batalla diaria contra la corrupción. Decir que la justicia española no persigue la corrupción o, como se ha dicho también, que la Fiscalía española no persigue la corrupción es casi un asalto a la inteligencia de quien lo está escuchando. La lentitud del sistema –que está dañando a las instituciones– puede dar la impresión de cierta inactividad, pero al final las condenas se producen. Por eso, hay que ponerse manos a la obra con la reforma procesal.

R. ¿Deberían prohibirse las puertas giratorias entre la justicia y la Administración?

R. Sí. No me parece muy correcto que existan esas posibilidades de pasar a la política y, sobre todo, con tanta rapidez, por la imagen que puede dar. Es como lo de la mujer del César. Yo no desconfío, pero oigo críticas a jueces concretos –muchas veces críticas sin conocer el fundamento de sus resoluciones– atribuyéndoles que sus decisiones son las que son por las puertas giratorias, lo que daña la imagen de la justicia. El legislador debería prestar atención a esto y, si no impedirlo totalmente, por lo menos establecer periodos suficientemente largos de tiempo para que no se produzca una aparente contaminación.

R. ¿La justicia en España es independiente?

R. No me cabe la más mínima duda. En todo caso, está en las personas hacer un uso recto de su independencia. El sistema debe dar a los jueces el hábitat en el que puedan ejercer la independencia de sus decisiones con libertad y eso, en España, yo aseguro que está garantizado. La justicia española resuelve millones de casos al año, pero solo se centra la mirada en unos pocos muy señalados. Un vicio muy extendido es opinar de las resoluciones judiciales sin haberlas leído.

R. Entonces, ¿es más un problema de imagen que de fondo?

R. Sin duda. Habría que hacer algo al respecto. No se trata de vender una imagen falsa sino todo lo contrario, de dar la verdadera imagen de lo que es el poder judicial en España. Los españoles nos podríamos sentir muy orgullosos, sobre todo si lo comparamos con la mayor parte de los países que yo conozco en cuanto a calidad, técnica e independencia. Otra cosa es la lentitud de respuesta, algo gravísimo, pero eso es un problema del sistema, no de los jueces.

R. La corrupción en las empresas también está en el punto de mira. Usted dictó la primera sentencia del Supremo que condenó a una compañía por responsabilidad penal, ¿va calando el mensaje?

R. Ahora, desde la Fiscalía, veo las actuaciones que se están siguiendo en toda España y hay muchos procedimientos, cada vez más, referidos o que incorporan la acusación de personas jurídicas. Las empresas están cada vez más concienciadas. Al principio vino la preocupación por parte de las grandes, pero ahora está llegando a las pymes.

R. Los ciberdelitos son uno de los temas que más preocupan actualmente, ¿cómo está actuando la Fiscalía?

R. Se utiliza la informática como herramienta para cometer delitos de toda la vida –estafa, fraude, hasta terrorismo–. Tienen unas características muy especiales, sobre todo en cuanto a la investigación y la prueba. En la Fiscalía hay una unidad dedicada a coordinar todo lo relativo a la ciberdelincuencia con una red nacional de más de 50 fiscales que funciona magníficamente, con la ayuda extraordinaria de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que tienen unas unidades también excelentes.

Abogado, juez y fiscal

José Manuel Maza (Madrid, 1951) puede asegurar que conoce a fondo, y desde muy diversas perspectivas, el funcionamiento de la justicia. A lo largo de su extensa carrera profesional ha sido abogado, juez y fiscal, por lo que habla con conocimiento de causa cuando plantea los problemas que acechan a la justicia y sus posibles soluciones. Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en la carrera judicial en 1975 y en la fiscal –como número uno de su promoción– en 1978. Tras una vida dedicada sobre todo a la judicatura, en el año 2002 llegó al Tribunal Supremo para ocupar la plaza del magistrado Adolfo Prego, que había sido elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Fue en 2011 cuando obtuvo finalmente una plaza en propiedad en el alto tribunal, donde permaneció hasta que en noviembre de 2016 el Ministerio de Justicia le propuso como nuevo fiscal general del Estado. En los últimos años ha sido un referente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema que preocupa mucho actualmente a las empresas ante la posibilidad de ser condenadas por diversos delitos. No en vano, fue ponente en la primera sentencia (con fecha de 29 de febrero de 2016) que condenó penalmente a varias empresas por esta vía.