El riesgo de no implantar correctamente la infraestructura digital pública
España debería tener clara una posición al respecto, que pueda ser o no parcialmente coincidente con la estrategia digital de la UE
A pesar del ingente número de acrónimos existentes en el universo tecnológico, no dejan de emerger otros nuevos, aunque no todos con el mismo éxito de pervivencia. Pero de algunos, como la DPI (Digital Public Infraestructure), oiremos hablar mucho en el futuro próximo. Porque muchos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) promovidos por la Agenda 2030, creada por la OMS, solo son posibles mediante palancas digitales, debido a su relevancia en la estrategia política mundial.
Que las decisiones en política deben de ir de la mano de la estrategia digital del país para que tengan más opciones de éxito y puedan llegar a mayor número de personas es un hecho. Y aunque la DPI es un concepto que se ha asociado tradicionalmente a países en vías de desarrollo, hoy se aplica a todos los países del mundo, ya que se trata de una red digital que permite brindar oportunidades de todo tipo, de manera segura y eficiente, a todos los residentes.
Según Naciones Unidas, la DPI se basa en tres pilares fundamentales: identidad digital, pagos digitales e intercambio de datos. En la última asamblea del G20 en India, se ha evolucionado a la necesidad de que la infraestructura pública digital sea abierta para poder proporcionar más servicios, pero de manera segura y eficaz. Desde el Covid-19 hemos visto una aceleración que en cierta medida forma parte de la DPI, como es el caso de los carnets digitales de vacunación, la identificación digital, las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) o los créditos de emisiones de carbono.
Hasta ahora, estos temas están supeditados a los dictados de Europa, pero España debería tener una agenda clara en el desarrollo de su DPI, tanto por su importancia en sí como por las consecuencias que tiene delegar estos temas en otros países. Su correcto desarrollo será algo que beneficie a mucha gente, pero requiere una confianza en las instituciones, gobiernos y entidades con acceso a la misma.
Debido a las repercusiones y efectos que puede llevar el desplegar una DPI conforme las directrices e intereses de un país tercero, España debería tener clara una posición al respecto, que pueda ser o no parcialmente coincidente con la estrategia digital de la UE. Más allá de la hoja de ruta definida en España Digital 2026, con los ejes y acciones pertinentes, es importante reflexionar sobre grandes conceptos que permitirán diferenciarnos de otros territorios.
Se palpa esa falta de estrategia en que se suceden hechos contradictorios dentro de esta hoja de ruta, como el ser pioneros en la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y cómo este organismo vela por una aplicación de una IA inclusiva. Si existiera un posicionamiento concluyente sobre qué tipo de DPI se quiere instaurar, deberíamos preguntarnos cómo puede ser inclusiva una tecnología que de natural deja fuera a todo aquel que no está digitalizado. También sobre qué palancas habrían de activarse para cumplir con esa labor de inclusión de manera eficiente, entre otras cuestiones.
El primer eje de España Digital 2026 se compone de una serie de medidas, instrumentalizadas mediante ayudas públicas, para cerrar la brecha digital y aumentar la cobertura de la banda ancha, pero ¿es esto todo lo que debemos o podemos hacer? Si contrastamos la estrategia actual de nuestro país con la que defiende el FMI, que sitúa la identidad digital como la piedra angular que posibilita el acceso a todo, desde servicios financieros hasta de salud, pasando por la movilidad o el gobierno digital, veremos que nada de esto se explicita en la hoja de ruta española, reducida a un compendio de subvenciones y a quién van destinadas.
Se echa en falta un posicionamiento claro sobre la privacidad del individuo y las salvaguardas en caso de uso fraudulento de los protocolos de la DPI. El desarrollo de ecosistemas digitales públicos tiene que estar al servicio de las necesidades de los territorios. Por ejemplo, uno de los grandes objetivos sociales es el ambicioso cero neto de emisiones de carbono, pero para lograrlo será necesario activar ciertas restricciones y cambios en los actuales hábitos de consumo.
Cambiar el paradigma para alcanzar este objetivo sería posible mediante una correcta implementación de la DPI, gracias a la cual se podrán desarrollar con éxito iniciativas como la ciudad en 15 minutos, donde se premiarán los desplazamientos más sostenibles. Pero no podemos ver exclusivamente la implementación de la infraestructura digital como habilitadora de una transformación digital, sino como el marco posibilitador, o imposibilitador, de ciertos derechos que disfrutamos hoy en día.
De ahí la importancia de conocer los principios que subyacen en la implementación de la infraestructura digital, pues solo así será posible garantizar que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible propuestos sin sacrificar libertades individuales. Si España aspira a posicionarse como un país de vanguardia en la salvaguarda de los derechos individuales y en la inclusión en el ámbito de la IA, debería redefinir su estrategia en materia de infraestructura pública digital. De este modo se situaría en la vanguardia tecnológica europea y en preservar los derechos individuales de los riesgos inherentes a la implantación de la propia DPI.
Guillermo Campoamor es CEO de MEEP
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