El Estado ni ahorra ni deja ahorrar
Tanto la hucha pública como la privada resultan escasas ante la magnitud de los recursos que se necesitan
Los accidentes de trabajo fueron la contingencia más relevante a finales del siglo XIX, cuando se instauraron los primeros programas del Estado del bienestar. En el siglo XX fueron las pensiones y, en este, ese riesgo será la dependencia. Cuanto mayor es la edad de una persona, mayor es la probabilidad de sufrir dependencia de Grado III o gran dependencia. Es decir, se requiere ayuda continuada de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. La probabilidad pasa del 1% a los 55 años a cerca del 14% a los 90, según el Instituto Santalucía.
Las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir dependencia de Grado III que los hombres y, por nivel educativo, las personas que no saben leer ni escribir. Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística prevén que en 2030 habrá más de 560.000 personas mayores de 65 años dependientes de Grado III en España, lo que representará el 1,1% de la población total y el 5% de la población de 65 años o más. Esto supone un incremento de aproximadamente 130.000 personas en comparación con 2018.
La infradotación de recursos públicos destinados a cubrir las necesidades de estas personas es un hecho y una consecuencia de la debilidad de las cuentas públicas: la Seguridad Social acumula 126.000 millones de euros de deuda y un patrimonio neto negativo de 98.526 millones. Desde 2005 el Estado ha transferido más de 400.000 millones a la Seguridad Social para sostener las pensiones. En 2024, el déficit básico del sistema era de 66.206 millones y el déficit contributivo ascendía a 60.616 millones.
Y esta situación se complicará ante la presión esperada sobre las cuentas públicas. En el sistema de pensiones español, uno de cada cuatro euros que paga la Seguridad Social se financia vía déficit y endeudamiento. Esta absorbe ya en torno al 35 % de los ingresos fiscales, y la Comisión Europea proyecta que este porcentaje pueda alcanzar el 47% en 2050, disparando la presión fiscal y desplazando la capacidad para dedicar el gasto a otras políticas. El problema no reside en los ingresos, pues a finales del pasado ejercicio se alcanzaron máximos de recaudación (42,3% del PIB), sino en el gasto, que creció hasta el 45,4%, y esto lleva a sumar déficit presupuestario tras déficit presupuestario desde 2008.
Puesto que el Estado no ahorra y va capeando el temporal para atender a una de las poblaciones más longevas del mundo como es la española, los ciudadanos están obligados a planificar este riesgo en sus finanzas para poder reunir las rentas futuras suficientes que cubran el coste de unos cuidados de larga duración. De modo simultáneo, la constante reducción de la tasa de fecundidad y las obligaciones laborales diarias anticipan una menor capacidad de atención de la red familiar a la persona dependiente.
El Estado agotó los ingresos propios el 10 de noviembre de 2025, según el Instituto Juan de Mariana, y el presupuesto pasó desde entonces a ser financiado por medio del endeudamiento. Respecto a los ciudadanos, quienes ahorran lo hacen a través de depósitos, acciones, fondos de inversión y fondos de pensiones (2,497 billones de euros al finalizar el segundo trimestre de 2025, su máximo histórico tras una subida anual del 9,3% respecto al mismo periodo de 2024).
Escaso ahorro
Sin embargo, visto con amplia perspectiva, los hogares españoles apenas ahorran en proporción a una población tan longeva como la española. Según Inverco, Alemania y Francia lideran la tasa de ahorro bruto, con un 20% y un 18% respectivamente. España alcanza el 13%, dos puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona, situada en el 15%. Nuestro país mantiene un volumen de activos financieros per cápita de 64.416 euros, un tercio por debajo de los países de la eurozona (95.532 euros). La ratio de fondos de pensiones sobre PIB supera ligeramente el 12% en España, muy por debajo de la media de los países de la eurozona (28%) y a una enorme distancia de Holanda o Suecia, con porcentajes superiores al 100%.
El ahorro apenas se incentiva, y choca con una fiscalidad irreductible. Un ejemplo de la ineficiencia de los incentivos fiscales está en los planes de pensiones individuales: en 2022 se rebajó su deducción fiscal a un máximo de 1.500 euros; desde entonces su patrimonio se ha reducido. Los países que han impulsado fuertemente los fondos de pensiones son también los que tienen mercados de capitales desarrollados, cosa que no ocurre en España.
Y a esto se añade, por un lado, el continuo cambio regulatorio y la falta de neutralidad fiscal entre todos los productos existentes en el mercado. Como resultado final, tanto el ahorro público como el privado resultan escasos ante la magnitud de los recursos que se necesitan. Un ejemplo muy claro es el coste económico de los cuidados en los casos más extremos de dependencia, que asciende a 20.000 euros al año, una cifra que representa 1,6 veces el importe medio de la pensión pública por jubilación entre los 80 y 84 años.
Más nos valdría que, si el Estado no ahorra, al menos favoreciera el ahorro de los ciudadanos. No nos vamos a librar de este rinoceronte gris en el próximo lustro.