Coqueteando con otro apagón eléctrico
Cerrar las centrales nucleares no puede ser lo único que se cumpla del Pniec
Un Gobierno sin más punto de unión que resistir está dando pábulo, con su silencio, al surgimiento de aquellos que fueron capaces, hace 20 años, de llegar a una posición antinuclear y siguen aferrados a ella por comodidad, ya que la actual complejidad de un mundo donde pocas cosas siguen igual que entonces hace muy difícil adaptar tus pensamientos, sobre todo cuando se han convertido en dogmas. Así, ante el silencio del Gobierno, que ha dado el trámite burocrático de la patada a seguir en el Consejo de Seguridad Nuclear a la petición de las compañías para proceder a una moratoria de tres años al cierre nuclear previsto, están proliferando papeles, a cuál más apocalíptico y menos riguroso, sobre cómo dicho aplazamiento (repito: de tres años) significaría la hecatombe para nuestro país y la condenación de nuestro paraíso verde.
Poco importa que seamos el único, repito, el único país del mundo que sigue manteniendo planes de cierre de nucleares (el resto, como Bélgica, incluso con ayudas públicas autorizadas por la comisaria Ribera, ha decidido prorrogar su vida útil o tienen planes de instalarlas), en contra de la recomendación explícita del informe Draghi; poco importa que haya un renacer de la energía nuclear en el mundo, con unos 70 reactores en construcción y otros 120 programados; poco importa que la técnica haya avanzado tanto en seguridad, como en residuos, o, incluso, en minicentrales; poco importa que haya países, como China, que van a ser líderes, a la vez, en instalación de placas solares (340 gigavatios -GW- en construcción) y en centrales nucleares (casi 30 en desarrollo), demostrando que no hay incompatibilidad entre ambas tecnologías; poco importa que la Comisión Europea, de la mano de la comisaria Ribera, refuerce su apuesta por la nuclear como parte esencial de la descarbonización; poco importa que la Comisión prevea la necesidad de más de 250.000 millones de euros de inversión en ampliar la capacidad nuclear en la UE para 2050; poco importa que el BEI, presidido por Nadia Calviño, abra líneas de financiación verde para la nuclear.
Pero, sobre todo, poco importa a esas voces obsoletas y prejuiciosas que el Gobierno utilice como escudo de su silencio que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), revisado en 2024, haya saltado por los aires. Existe la absoluta convicción entre los expertos y los inversores de su total incumplimiento en aspectos esenciales que, si se unen al cierre programado de las nucleares, pueden abocarnos, de nuevo, a otro apagón eléctrico en un futuro próximo. Aquí debería alzarse con fuerza e independencia la única voz competente para hablar de garantía de suministro: el operador del sistema eléctrico, al que, que sepamos, nadie le ha preguntado oficialmente todavía.
El Pniec, revisado en 2024, contempla unas previsiones sobre varios aspectos de la oferta eléctrica española que, aunque fuera de manera teórica, podrían suplir la ausencia programada de la tecnología nuclear. Cuando ya sabemos que dichas previsiones son imposibles de alcanzar, mantener el calendario de cierre se convierte, más allá de una cuestión ideológica, en una auténtica irresponsabilidad, al ponerse en cuestión, de manera innecesaria, la garantía de suministro, en cantidad y en condiciones técnicas (recuerden que la política energética tiene que ser compatible con las leyes de la física).
Y, a estas alturas, ya se sabe con bastante certeza que no se cumplirán, al menos en fecha, bastantes de las previsiones del plan. Empezando por la del crecimiento de la demanda eléctrica, que, tras la revisión, se prevé sea de un 34% para 2030 gracias a la electrificación de la economía, el hidrógeno verde y el almacenamiento. Sin embargo, la realidad es una demanda estancada, en gran medida, por el fracaso en el número de vehículos eléctricos en circulación, en la electrificación del transporte (incluyendo el desarrollo del hidrógeno verde), la industria o la construcción. La descarbonización ha avanzado en el sector eléctrico, pero ha resultado un fracaso en todos los demás. Incluyendo el almacenamiento a largo plazo, cuya capacidad prevista para 2030 es de 22 GW y, a estas alturas, apenas si estamos en 6 GW. Por último, unas redes eléctricas sobrecargadas que frenan la posibilidad de engancharse a ellas por parte de muchos proyectos renovables.
El resultado: un exceso efectivo de oferta de energía renovable que se desperdicia al no encontrar acceso a la red, ni demanda en el mercado, ni posibilidad de almacenamiento, lo que provoca caída de precios y de rentabilidad en los proyectos de inversión sobre los que empieza a pender la sombra de una burbuja por sobrecapacidad. Y eso, ahora que estamos, tanto en eólica, como en fotovoltaica, muy por debajo de lo previsto en el Pniec, lo que significa que, con bastante probabilidad, no se cumplirán, para 2030, las previsiones del plan de generación eléctrica renovable en España.
A estas alturas, el consenso entre expertos y el sector es de serio incumplimiento de las previsiones del Pniec para 2030, fecha a la que llegaremos con grandes desajustes e insuficiencias en la oferta, tanto de renovables como de hidrógeno verde, biometano o biomasa. En esa situación de incumplimiento generalizado, ¿resulta prudente pensar que lo único que se cumplirá será el calendario de cierre de las nucleares y que para 2030 estarán ya cerradas Almaraz I y II, así como Ascó I? ¿Algún responsable político puede asumir esa realidad, que, sin duda, generará tensiones fortísimas en el sistema eléctrico español, incluyendo fluctuaciones en las redes y, con alta probabilidad, apagones? ¿No sería prudente una bajada a la realidad del Pniec, incluyendo una moratoria al cierre nuclear, aunque solo fuera por responsabilidad?
Creo que España debe revisar toda su política nuclear. Desde la prohibición de explotar minas de uranio, hasta el mantenimiento de las centrales y la inversión en nuevas minicentrales. Pero, como mínimo, espero del Gobierno el sentido común suficiente como para aceptar la moratoria de tres años solicitada por las compañías. Cerrarlas no puede ser lo único que se cumple del Pniec.