Inaceptable caos ferroviario
El ciudadano necesita un transporte público de garantías
El trágico accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas, supone ya un antes y un después para el sistema ferroviario español y su percepción. El choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo, unido al accidente mortal en el servicio de Rodalies catalán, paralizado de facto desde entonces, han sido el origen de un intolerable caos ferroviario. Y, cada día que pasa, no solo se ve más afectado el día a día de los españoles, sino también la imagen del tren español.
La de la alta velocidad en España era hasta ahora una historia de éxito, cuyos cimientos hoy se tambalean. Que a renglón seguido de un accidente como el de Adamuz, el trayecto más frecuentado –como es el que conecta Madrid y Barcelona– sufra cancelaciones y retrasos diarios por revisiones de incidencias de toda índole arroja sombras de duda sobre todo el sistema: ¿de no haberse producido la tragedia se estaría revisando esta vía? También es inevitable preguntarse si el crecimiento en rutas y frecuencias –por el aumento de la población y del turismo y de la liberalización– ha excedido la capacidad de proporcionar un mantenimiento suficiente de la infraestructura. El empeoramiento de la calidad del servicio en los últimos años acrecienta esas sospechas y obliga a replantearse las prioridades.
Lejos de los focos de la larga distancia, su hermano pobre, el Cercanías, languidece. Las 12 redes españolas arrastran un déficit de inversiones que se ha materializado estos días con el caso de Rodalies: tras dos semanas de caos, el servicio arrancó el lunes con cortes en 11 tramos, tras detectar nuevas deficiencias. Miles de viajeros que dependen de este medio siguen en la incertidumbre de cómo llegar a sus casas o puestos de trabajo.
El Cercanías acapara el 82% de los usuarios de tren en el país, y un gran número de ellos se sienten maltratados. En un momento de presión residencial que obliga a muchos ciudadanos a vivir fuera de las grandes urbes –acompañado de medidas y discursos que desincentivan el uso de los medios individuales de transporte–, el ciudadano necesita un transporte público que ofrezca todas las garantías.
El tiempo de la conmoción ha pasado. Y más allá del largo proceso que llevará a dirimir responsabilidades, a la Administración le corresponde estar a la altura de la literalidad de su nombre y atajar, por lo pronto, las incidencias más urgentes de este particular colapso, que afecta a miles de personas a diario en un servicio público fundamental.