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A fondo
Opinión

Proactividad digital: así es el ‘Estado invisible’ que puede salvar vidas en 2026

La Administración debe dejar de ser un conjunto de ventanillas para volverse un motor invisible de bienestar y respeto por el contribuyente

Imaginen a un cirujano de traumatología en un gran hospital metropolitano. Recibe una alerta en su móvil y comienza a organizar el equipo de cirugía y el quirófano para un paciente crítico que va a tener que operar de forma urgente porque acaba de tener un accidente. Lo hace 20 minutos antes de que la ambulancia llegue, incluso antes de que el sistema de emergencias procese formalmente la llamada. Ese cirujano acaba de recibir el regalo más valioso en su profesión: tiempo. Este ejemplo es real: sucedió en Nueva York; es el poder real de los datos proactivos salvando vidas hoy mismo.

Durante décadas, se ha tratado a los ciudadanos como mensajeros de su propia información. Se les ha obligado a recolectar sellos, certificados, altas, bajas, modelos y documentos de un departamento para entregarlos en otro departamento, a veces de la misma Administración, del mismo Ayuntamiento, simplemente para probar quiénes son, qué actividad realizan, qué ingresan, dónde viven… Es el momento de cambiar ese modelo. De dejar de diseñar para la conveniencia de nuestra burocracia y hacerlo para los momentos que realmente pueden marcar una diferencia.

Salvar una vida, como en el caso del cirujano, puede ser uno de esos momentos. Pero también hay otros que, sin ser igual de vitales, son realmente importantes. Como el momento en que solicitamos una ayuda por dependencia. O la prestación por desempleo. ¿Por qué tenemos que hacerlo si los sistemas de información de las Administraciones Públicas saben ya que la necesitamos?

En eso consiste la proactividad digital, llamada a ser una de las grandes protagonistas de 2026 en las economías avanzadas. Un modelo capaz de procesar el ritmo de la ciudad mediante inteligencia artificial para filtrar el ruido y detectar alertas críticas en segundos. O para procesar los hitos o momentos que requieren una acción por parte de la Administración.

La Administración pública española debe dejar de ser un conjunto de ventanillas para convertirse en un motor invisible de bienestar del ciudadano y de respeto por el contribuyente. No se trata de una aspiración retórica: es una exigencia técnica ante los cambios demográficos sin precedentes y un espacio fiscal cada vez más asfixiante, donde la eficiencia presupuestaria es absolutamente necesaria. La transformación digital no debe entenderse como un coste, sino la salvaguarda de nuestros Presupuestos Generales.

Las experiencias previas son contundentes. En Australia, el uso de analítica predictiva para prever la demanda de camas hospitalarias ha demostrado ahorros potenciales de 23 millones de dólares anuales. Además, un ciudadano satisfecho con la experiencia de usuario tiene nueve veces más probabilidades de confiar en las instituciones. En términos presupuestarios, esto se traduce en eficiencia operativa: un ciudadano que encuentra un proceso simple y confiable es dos veces menos propenso a saturar los centros de atención telefónica con llamadas repetitivas.

La tormenta demográfica

España se enfrenta una tormenta perfecta demográfica. En los próximos tres años, la Administración General del Estado experimentará una jubilación masiva de sus efectivos, una tendencia compartida por otros Gobiernos de la OCDE. Esta pérdida de capital humano nos obliga a automatizar lo rutinario para asignar a nuestros servidores públicos a tareas de alto impacto.

Por suerte, tenemos ejemplos donde mirarnos, como Estonia. Allí, el Gobierno se está volviendo invisible. Cuando nace un niño, el hospital registra al bebé y el sistema asigna automáticamente el pediatra, reserva la plaza de guardería y activa las ayudas para los padres. El ciudadano no tiene que pedir lo que el Estado ya sabe que necesita.

En España, nuestra Carpeta Ciudadana debe ser ese motor. Debemos implementar el principio de solo una vez. Si el Estado ya tiene un dato, está legalmente prohibido volver a pedírselo al ciudadano. Esto no es solo eficiencia, es respeto por el tiempo de la gente.

¿Significa esto que van a desaparecer puestos de trabajo? ¿Qué vamos a abandonar a su suerte a los menos hábiles en el manejo de la tecnología? No debería ser así. Al integrar la inteligencia artificial, no se busca sustituir el juicio de un funcionario, sino dotarles de herramientas que lo aumenten, liberándolo de la carga administrativa para que pueda centrarse en lo que la máquina nunca tendrá: empatía y resolución creativa de problemas.

Las oficinas físicas tampoco deben desa­parecer. Solo deben mejorar. Y permitir que, cuando un ciudadano entre por la puerta, el sistema ya haya resumido su historial y detectado proactivamente qué ayudas le corresponden. Así, un anciano en un entorno rural recibirá un servicio tan proactivo y eficaz como el de un nativo digital en la gran ciudad.

Necesitamos emocionarnos con el futuro que está a la vuelta de la esquina. Necesitamos un futuro más imaginado. El Estado invisible no es un lujo ni un capricho; es nuestra responsabilidad tratar de crearlo para asegurar que cada euro público cree el máximo impacto.

No estamos construyendo aplicaciones; estamos diseñando el futuro de nuestras Administraciones públicas. Hablemos de dónde queremos estar y, luego, diseñémoslo juntos.

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