El trampantojo del cierre de Almaraz
El Gobierno debería dejar los silencios interesados y aclarar que el calendario de cierre se va a cumplir
La política energética de España está definida a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), aprobado en 2024 con un horizonte temporal a 2030. Este plan se nutre de los compromisos y acuerdos alcanzados en el protocolo firmado en noviembre de 2019 entre Enresa y los propietarios de las centrales nucleares para su cierre programado hasta 2035. El acuerdo fue una consecuencia de la aceptación por parte del Gobierno de ampliar un nuevo periodo administrativo de 10 años a cada una de las centrales nucleares, con la excepción de Almaraz I y II, que en la práctica se han quedado en una ampliación de 7 y 8 años respectivamente, y que ha permitido que todas las centrales se cierren con una vida operativa de más de 40 años.
El 1 de noviembre de 2024, fecha tope para presentar la documentación del cese de explotación de Almaraz I, según la orden ministerial de cierre, se inició el procedimiento administrativo que debe finalizar en noviembre de 2027 con la parada definitiva de la central a los 44 años de funcionamiento.
En el apagón de abril pasado, las centrales nucleares demostraron su incapacidad tanto para ofrecer soluciones al problema como para participar en el rearme del sistema eléctrico, pues fue la última tecnología que volvió a operar con normalidad. A pesar de ello, tras el apagón se desencadenó una campaña mediática que intenta reflejar el necesario papel de la nuclear para la estabilidad del sistema eléctrico. Campaña sustentada más por el interés de los propietarios de las nucleares y por el posicionamiento ideológico del PP y Vox que por la realidad.
Este proceso no ha cesado, más bien al contrario. De hecho, el sector eléctrico, aunque parecía que se hacía de rogar, acabó reconociendo su interés en la continuidad de Almaraz I y II. Este coro ensayado encontró una respuesta difícilmente comprensible por parte del Gobierno, que manifestó que hasta la fecha nadie le había pedido oficialmente su ampliación. Parecía como si se alentara desde el Ejecutivo a reclamar un cambio en el calendario de cierre, a pesar de tener la potestad discrecional de la continuidad o de hacer cumplir los planes de cierre.
La tan esperada y solicitada carta llegó el 30 de octubre. Lo que no era previsible es que el Gobierno abriera, sin que la regulación se lo exigiera, una oportunidad a la continuidad. La vicepresidenta informó que se estudiaría y estableció como líneas rojas tres condiciones: la asunción y ejecución de las inversiones necesarias por la propiedad; que no supusiera ningún coste al consumidor, condición superada al no incluir en la carta una reducción de la tasa de Enresa; y su funcionamiento seguro. Lo más extraño es que en estas condiciones no figurara que la posible ampliación no afectara los compromisos establecidos en el Pniec.
El pasado día 13, en una vuelta de rosca más de la presión, se rechazó en el Congreso una enmienda intrusa introducida en el Senado por el PP en la Ley de Movilidad Sostenible, que, aunque no tenía carácter ejecutivo, invadía competencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y alteraba el procedimiento establecido para el cierre programado, exigiendo posiciones reactivas del Gobierno
El proceso ha vuelto a subir de intensidad al coincidir con las elecciones en Extremadura, cuya presidenta ha tomado la decisión de reducir progresivamente la ecotasa que pagan los propietarios de la central, por la que se recaudaría, este año, 82 millones de euros. Todos los partidos, con la excepción de la candidatura Unidas por Extremadura, han apostado por la continuidad de la central, incluido el PSOE.
La apuesta por el mantenimiento de la central se basa en la pérdida de puestos de trabajo y de ingresos para la zona. Con respecto a la pérdida de empleos y de actividad, son preocupaciones lógicas que deben ser atendidas, como lo están siendo todos los procesos de transformación para el abandono paulatino de los combustibles fósiles, mediante procesos de transición justa y el establecimiento de medidas de recuperación. Por otro lado, los estudios realizados por Enresa han arrojado que, tomando como ejemplo la central de Vandellós I, se han creado más puestos de trabajo en el desmantelamiento que en el funcionamiento de la central.
Esta reclamación política, aunque sea comprensible, nunca debería hacerse al margen de la defensa del interés general, ya que, por la misma regla, deberíamos ahora recuperar el consumo de tabaco para que la industria del tabaco en Extremadura –en su día floreciente– recuperara los puestos de trabajo y la actividad económica que se perdió en la lucha sanitaria contra el tabaquismo.
Pero el trampantojo de Almaraz ha seguido evolucionando. El día 17, el Gobierno remitió la carta recibida al CSN, situación que no era necesaria, porque el Ejecutivo tiene potestad para denegar la prolongación del permiso. Lo lógico es que el CSN diga que no hay nada que impida, desde sus funciones, la continuidad de la central hasta 2030; por eso la petición resulta extraña, salvo que desde el Gobierno se esté buscando su amparo para cambiar de posición y prorrogar el funcionamiento de la central.
La política energética fijada en el Pniec es clara, y el cambio de calendario del cierre nuclear modifica sustancialmente las señales que este Gobierno ha dado a los inversores de su apuesta por las renovables y de disponer de un marco con seguridad jurídica.
No niego que mi posición sea contraria a la continuidad, no solo porque rompe la planificación energética aprobada, sino porque todos sabemos que, si la electricidad se genera y consume de forma instantánea, no es legítimo que la generación de un kilovatio hora suponga ahora trasladar a las generaciones futuras una hipoteca no pagada por la necesidad de tratamiento de los residuos radioactivos.
Llegado este momento y para dejar claro que la apuesta es por la transición energética que marca el Pniec, el Gobierno debería dejar los silencios interesados, que solo sirven para retrasar inversiones e introducir incertidumbres, y dejar claro que el calendario de cierre se va a cumplir, y que existe un plan decidido para que el futuro de Extremadura no parezca que depende solo del mantenimiento de la central de Almaraz.
