Por qué las pensiones privadas no pueden solucionar el problema del envejecimiento
Incluso sin una crisis fiscal, que los mayores puedan consumir la mitad de la economía es un problema
En Europa, los políticos promocionan cada vez más las pensiones privadas como la panacea para reactivar las estancadas Bolsas, fomentar el espíritu emprendedor y frenar el galopante gasto público a medida que la población envejece. Pero no resolverán los retos que se derivan de una concentración cada vez mayor del poder adquisitivo en manos de los mayores.
Según la ONU, la población europea de 20 a 64 años caerá en un 31% de aquí a 2100, y el aumento de la esperanza de vida incrementará en un 21% la población mayor de 65 años. El proyecto National Transfer Accounts (NTA) estima que los mayores pasarán de consumir el 30% de lo que produce la economía a través del trabajo –tras restar la contribución de ese grupo– al 57% en 2100. En América del Norte, pasará del 25% al 52%.
Mientras, las medidas para que las personas trabajen más tiempo se están estancando: en Francia y Alemania, por ejemplo. Todo ello se suma a un problema presupuestario, ya que en la mayoría de los países europeos son los contribuyentes quienes financian los ingresos de jubilación de los ciudadanos. Los mayores de 65 años de Francia, Alemania, Italia y España, por ejemplo, reciben más de dos tercios de sus ingresos de las llamadas transferencias de reparto, que se financian mediante impuestos a los trabajadores en vez de a través de los ahorros individuales. Estos sistemas, inspirados en el modelo de finales del siglo XIX del canciller alemán Otto von Bismarck, ofrecen pensiones generosas vinculadas a los ingresos. Pero, según las estimaciones de Bruegel, sus compromisos actuales sin financiación suelen superar cuatro veces el PIB anual.
Por eso, el Centro de Política Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo recomiendan impulsar en su lugar las pensiones privadas patrocinadas por los empleadores. La UE lanzó una pensión personal paneuropea en 2022 y se comprometió a promover la inscripción automática de los trabajadores en estos planes, aunque la acogida ha sido tibia.
La idea básica es que los sistemas financiados por el Estado deberían pasar a ser similares a los planes de Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido, que siguen la tradición del economista británico William Beveridge, quien en 1942 abogó por pensiones universales y de cuantía fija, junto con sólidos planes de ahorro para la jubilación voluntarios y patrocinados por las empresas. Han acumulado enormes activos financieros para la jubilación de los participantes. Muchos de estos planes prometían tradicionalmente “prestaciones definidas”, con el riesgo de déficits si los rendimientos eran decepcionantes, pero Países Bajos o Gran Bretaña han pasado con el tiempo a planes de “contribución definida”. Si los sistemas de todos los países se basaran exclusivamente en esta estructura, la sostenibilidad fiscal estaría garantizada: a los jubilados se les pagaría lo que rindieran sus carteras de acciones y bonos, sin recurrir al Estado.
Una métrica deficiente
Pero esto solo subraya que la sostenibilidad financiera es una métrica económica deficiente para el problema que nos ocupa. El argumento de sentido común a favor de los fondos de pensiones privados se basa en una analogía engañosa entre los hogares y el Estado. Para los individuos, ahorrar dinero cada año les permite disponer de un buen colchón para la jubilación. Pero, a nivel nacional, es una forma errónea de verlo.
Las acciones y los bonos solo tienen valor porque representan un derecho sobre la actividad económica futura. En un mundo que envejece, la caída de la proporción de trabajadores significa que esos derechos tienen menos valor en relación con los bienes y servicios reales que produce una economía. El desajuste entre jubilados y productores podría manifestarse de diferentes formas. Una es que los precios de los activos caigan o se estanquen en las sociedades que envejecen, a medida que el crecimiento se debilita y los jóvenes no pueden permitirse comprar valores financieros de personas mayores ávidas de ingresos. Otra es la inflación, con más dinero de las pensiones persiguiendo la producción de un grupo más reducido de asalariados. En otras palabras, los ahorros privados no pueden cambiar el hecho de que Europa pasará de tener 49 trabajadores por cada 100 consumidores a solo 40 en 2100, según las proyecciones de NTA.
Hay otro argumento más matizado a favor de las huchas individuales. Los economistas opinan que los países con mayores tasas de ahorro son más productivos a largo plazo, de modo que los fondos de pensiones privados deberían de traducirse en un pastel más grande del que podrán disfrutar los mayores en el futuro. Esto se basa en el uso idiosincrásico del lenguaje en la teoría económica. Los libros de texto interpretan el “ahorro” como una ausencia de consumo. Un nuevo centro de datos, por ejemplo, eleva el PIB al añadir una inversión que no se puede consumir, por lo que, por definición, la economía ha ahorrado más. Pero esta empresa hipotética vio una oportunidad de obtener beneficios y la pagó con una combinación de ganancias retenidas y deuda, con independencia de la estructura de las pensiones del país. Es la inversión, y no el sistema de pensiones privado, lo que eleva la producción por trabajador. Unas huchas de jubilación más grandes no tienen por qué traducirse en más inversión: si los hogares compran menos y los ingresos de las empresas caen, es posible que reduzcan el gasto de capital.
Sin duda, una gran industria de fondos de pensiones puede seguir reduciendo el coste del capital para las empresas si hace que los ahorradores asuman riesgos. Por otro lado, el envejecimiento limitará cada vez más la capacidad de los fondos de pensiones para asumir esos riesgos. Muchos canadienses ya tienen más pagos que contribuciones, señala el FMI, lo que eleva su necesidad de activos más seguros. En general, los países con grandes fondos de pensiones no invierten visiblemente más: la formación bruta de capital fijo es del 23% tanto en Francia como en Dinamarca, pero sus activos de jubilación están en el 11% y el 192% del PIB, respectivamente, según la OCDE.
Lo que sí muestran los datos es que los mayores afrontan una mayor desigualdad de ingresos allá donde las pensiones públicas son más reducidas. Los sistemas privados, además de tener altas comisiones de gestión, no alivian la necesidad de subsidios para la vejez, porque la capacidad de inversión de los ciudadanos es muy desigual. En las grandes economías desarrolladas, el 10% de los hogares más ricos posee más del 50% de la riqueza. También existe el peligro de que, si las huchas de las pensiones se hacen demasiado grandes, los más ricos dejen de trabajar antes, incluso aunque suba la edad de jubilación legal. El umbral de Dinamarca está fijado para subir hasta los 70 años en 2040. Pero su edad de jubilación efectiva es de 64,5 años.
Una opción sería situar la mayoría de los planes bajo algo similar al Plan de Pensiones de Canadá (CPP), un programa contributivo nacional que combina el sistema de reparto con las pensiones financiadas y mantiene el control directo sobre cuándo se pueden reclamar las prestaciones. Al disponer de un fondo común único al servicio de un único cliente, el CPP también está menos expuesto a los riesgos de reembolso y puede hacer inversiones a más largo plazo. O tal vez las autoridades tengan que empezar a testar los planes de reparto, como hace Australia. En el caso de los ahorros privados demasiado altos, puede que haya que reducir las generosas ventajas fiscales.
Ningún rediseño de las pensiones puede evitar la necesidad de prolongar la vida laboral. Incluso sin una crisis presupuestaria, que los mayores puedan consumir la mitad de la economía es un problema.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
