Nexperia: lecciones de una crisis para la Ley de Chips 2.0
Europa ha de rectificar su modelo de desarrollo del ecosistema de semiconductores

La Unión Europea precipita la revisión de su estrategia de semiconductores. En septiembre, se inició una consulta pública sobre el funcionamiento de la Ley de Chips y las adaptaciones necesarias a la luz de los cambios de mercado, tecnológicos y geopolíticos. Ahora, el programa anual de trabajo de la Comisión Europea adelanta la presentación de la propuesta de revisión de la norma legal al primer trimestre de 2026, seis meses antes del calendario inicialmente previsto. El Ejecutivo de Bruselas ha pisado el acelerador tras la llamada a la urgente revisión de la ley por los ministros competentes en los Estados miembros en el Consejo.
El objetivo declarado por la Comisión cuando presentó la Ley de Chips de la UE era doble. Por un lado, aumentar hasta el 20% la cuota de Europa en el mercado mundial para 2030. Por otro, establecer un marco para monitorizar y gestionar interrupciones de la cadena de suministro con impacto en los sectores críticos para la sociedad y la economía europeas.
Sabíamos ya que el éxito en alcanzar el primero de los objetivos había sido limitado. Mientras los 40.000 millones de dólares de inversión pública movilizados con la Ley de Chips de EE UU han dado lugar a inversiones por 600.000 millones, con una cantidad equivalente de recursos públicos Europa solo ha sido capaz de movilizar proyectos valorados –según la Comisión– en 80.000 millones de euros. Ahora, la crisis abierta en la empresa Nexperia pone en duda también los avances en el segundo de los objetivos.
Nexperia es una firma productora de semiconductores establecida en Países Bajos, tiene su origen en la antigua división de chips de Philips y desde 2018 su accionariado está controlado mayoritariamente por la empresa china Wingtech. La compañía diseña y fabrica chips maduros en suelo europeo, pero realiza la fase final de empaquetado principalmente en China. Y un dato clave: los chips empaquetados en el país asiático por Nexperia son utilizados por el 49% de las empresas europeas del automóvil, el 86% de los fabricantes de dispositivos médicos, el 95% del sector de ingeniería mecánica y toda la industria de defensa del continente.
En la segunda semana de octubre, el Gobierno de Países Bajos decidió intervenir la compañía, apartando de su dirección al consejero delegado de nacionalidad china y arrogándose el derecho de revisar cualquier decisión de su consejo de administración. La medida extrema del Ejecutivo de La Haya se motivó –oficialmente– en una presunta mala gestión del directivo destituido que ponía en riesgo la sostenibilidad futura de la empresa. Si el objetivo era garantizar el suministro de chips de Nexperia a Europa, el resultado ha sido el contrario. El Gobierno de Pekín reaccionó bloqueando las exportaciones de las líneas de empaquetado de la compañía localizadas en el país asiático y el impacto ya se ha dejado ver en las plantas del sector del automóvil.
El fantasma de la escasez de chips pospandémica ha resucitado, dando una razón más para la revisión inmediata de la estrategia de semiconductores de la Unión. La comisaria Henna Virkkunen declaró el viernes que urge que Europa extraiga lecciones de la crisis para la ya denominada Ley de Chips 2.0; estas pueden ser algunas.
Primero, la UE debe entender correctamente la estrategia de EE UU, no limitarse a una mera imitación. La Casa Blanca no está realizando una apuesta por impulsar su autonomía en chips avanzados, sino que promueve el desarrollo del ecosistema de semiconductores del que dependen sus industrias relevantes –electrónica de consumo innovadora e inteligencia artificial–. La automoción y otros sectores de actividad en Europa no necesitan de chips avanzados sino de productos de microelectrónica maduros como los manufacturados por Nexperia. Debe superarse el error de la Ley de Chips, incentivando que estos componentes maduros –y no solo los avanzados– se diseñen, fabriquen y empaqueten en Europa.
Segundo, la UE ha de adaptarse al entorno geopolítico apostando por campeones nacionales. Japón lo ha hecho impulsando Rapidus para desarrollar el ecosistema de chips avanzados. Estos son los insumos que necesitan sus productos de supercomputación y de electrónica de consumo. Europa tiene mimbres para crear un gigante de los chips de automoción, con empresas que conjuntamente acaparan más del 30% del mercado en ese segmento. Una vez más, hay que recordar el ejemplo de Airbus.
Finalmente, la Ley de Chips 2.0 ha de dar poder real y efectivo al European Semiconductor Board (ESB). La intervención en Nexperia del Gobierno neerlandés ha parecido encontrar desprevenidos a los sectores usuarios de sus productos. Resulta cuanto menos sorprendente este hecho considerando que el ESB se había reunido unos días antes de la actuación del Ejecutivo de Países Bajos. Más allá de un papel asesor de la Comisión, los Estados miembros deberían estar obligados a informar y consultarse mutuamente este tipo de decisiones –que no son tomadas de la noche a la mañana– en el ESB. Una vez la situación se ha creado, que el primer ministro holandés informara a sus colaterales en el Consejo tenía ya poca utilidad para contrarrestar la crisis.
Europa ha de rectificar su modelo de desarrollo del ecosistema de semiconductores. Ya era evidente el fracaso en atraer e incentivar inversiones. Adicionalmente, la mera imitación estratégica de EE UU ha conducido a una desprotección de los sectores industriales relevantes para Europa dependientes de los chips maduros. Parlamento, Estados miembros e industria del silicio son conscientes de la necesidad de una reforma radical de la Ley de Chips. La Comisión Europea no solo ha de acelerar la presentación de la Ley de Chips 2.0, ha de aprovechar el consenso para desarrollar un marco a la altura de las ambiciones de la Unión.

