Un partido con normas claras, pero demasiado largo
La ley de opas ha dejado algunos ángulos muertos que se pueden clarificar
La mayor contienda empresarial en España desde 2007 se ha resuelto donde debía resolverse: en el mercado. Los inversores se han pronunciado con claridad ante una operación donde, aparentemente, las condiciones económicas objetivas y las expectativas de los inversores han pesado más que la intervención de los poderes públicos o el aprovechamiento de lagunas legales. En un momento en el que todo, desde los incendios a la defensa, es objeto de gresca política, la opa se ha mantenido a salvo. Sí ha habido un aspecto, empero, que ha condicionado la operación. Como ha expresado el gobernador del Banco de España, la principal lección que aprender de la opa es que, con 17 meses, se ha dilatado demasiado.
Escrivá no ha sido el único. Los tiempos de la Administración y de las empresas nunca han sido, ni deberían ser, los mismos, por no hablar de la escala temporal de milisegundos de los mercados financieros. Tampoco es la primera vez que ocurre, ni es un problema propio de la normativa española; baste recordar las operaciones de Vodafone y MásMóvil (tutelada por la CNMC) o la de IAG sobre Air Europa (de ámbito europeo). Ni es de solución fácil: acortar los plazos en la Bolsa implica exigir al inversor a decidir sobre una operación a ciegas, sin saber sus condiciones económicas. Pero tampoco las autoridades de competencia extienden las tramitaciones por gusto. Dentro del contexto de dinamización del mercado financiero europeo, quizá sea hora intentar combinar una normativa garantista con unos procesos algo más ágiles. En la oferta sobre el Sabadell, el paso del tiempo ha modificado el terreno de juego, pues el sector (no solo los implicados) casi ha duplicado precio en este periodo. Si la operación se hubiera dado en una industria más puntera, el efecto de esta distorsión temporal habría sido bastante más significativo.
La normativa de opas ha fijado un terreno de juego claro durante 17 meses, dejando claros plazos y protocolos de comunicación, y la CNMV ha trabajado también para armonizar la comunicación al mercado en España y EE UU. Pero la norma ha dejado algunos ángulos muertos que se pueden clarificar. La baja aceptación de la oferta ha evitado a la CNMV el brete de determinar un precio equitativo que, por definición, nunca pueden gustar a todas las partes, por más que la horquilla estuviera acotada. El deber de pasividad o el uso de la autocartera son aspectos que sí se recogen en la la normativa de opas, pero donde se puede aportar algo más de claridad.
