Suspenso eléctrico en el examen de septiembre
Tanto el Gobierno como la CNMC y Red Eléctrica son conscientes de que lo más importante es asegurar que no haya otro apagón
Casi seis meses después del apagón, el sistema eléctrico español ha vuelto a dar síntomas de debilidad, hasta el punto de que Red Eléctrica ha solicitado medidas urgentes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el riesgo de otro incidente. Una alerta inquietante, en tanto otro episodio como el del 28 de abril sería inasumible para un país como España, que está abanderando la transición verde a nivel mundial y recibe miles de millones de inversión del exterior para este fin.
Antes de último blackout, se aseguraba que una desconexión de toda la península Ibérica era imposible; después de que España y Portugal se quedaran a oscuras, se remarcó que la operación reforzada evitaría cualquier problema. Sin embargo, en el segundo reto que tenía el operador del sistema en septiembre, ya que las condiciones de alta oferta fotovoltaica y baja demanda por la climatología suave son similares a las de primavera, han saltado todas las alarmas.
Ahora, más que nunca, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la CNMC y Red Eléctrica son conscientes de que lo más importante es asegurar que no haya otro apagón. Sin embargo, las medidas en ciernes van a provocar varios efectos secundarios de primer orden. En primer lugar, las exigencias comunicadas por el operador del sistema la pasada semana y las modificaciones de los procedimientos de operación propuestas a la CNMC son un golpe duro para las renovables, fundamentalmente para la fotovoltaica, que en en plena crisis por los vertidos y precios cero se va a encontrar con menores ingresos, dado que parte de su capacidad se va a ver sustituida por tecnologías tradicionales como los ciclos combinados. Estas, en manos de las grandes eléctricas, controlan mejor la tensión –cuyo exceso está en el origen de los problemas del sistema–, pero son más caras y más contaminantes. El golpe también es para la imagen exterior de España, que cada vez va a tener más complicado captar capital internacional.
Y ahí se produce el segundo problema. El encarecimiento de la luz que pagan todos los consumidores desde abril se va a ver agravado con los nuevos refuerzos, al menos temporalmente. Un coste para el mermado bolsillo de los ciudadanos, que están sufriendo los estragos de la inflación desde 2022, y una merma de competitividad para la industria. El real decreto 7/2025 que PP, Vox, Junts y Podemos tumbaron en julio subsanaba en parte estos problemas, pero el Parlamento decidió de forma soberana no apoyar una normativa que contaba con el apoyo unánime del sector.
