Cómo poner los servicios públicos a media hora del ciudadano
El Gobierno comparte con las comunidades la creación de una red de 600 áreas funcionales que acerquen las prestaciones
Como no hay servicios, la gente se va. Como no hay gente, no hay servicios. Es la dicotomía que envuelve al mundo rural y que el Gobierno pretende paliar mediante la creación de áreas funcionales; una red de 600 municipios cabecera que ponga a menos de media hora de distancia un amplio catálogo de servicios, entre los que destacan los esenciales (sanidad y educación) y con movilidad definida. Quizás así se convierta en realidad el derecho a quedarse a vivir donde uno ha nacido y/o crecido.
En mayo de 2021, Teruel Existe presentaba en el Congreso el llamado Modelo de Desarrollo de la España Vaciada, un trabajo colectivo de 160 asociaciones de 28 provincias. Entre las medidas estrella estaba el Plan 100/30/30, nombre que aglutinaba la demanda de internet a 100 megas de velocidad en todos los pueblos; que los servicios públicos básicos estén a un máximo de 30 minutos y que la distancia para acceder a las vías de transporte de alta capacidad (autovías y tren) no supere los 30 kilómetros. La cobertura de 100 megas está ya en el 88% de los hogares y la definición de la distancia parece más relevante por tiempo que kilómetros.
Aquella iniciativa era fácil de enunciar, pero complicado de ejecutar, especialmente en un país donde las competencias básicas, como sanidad y educación, transferidas a las Comunidades Autónomas, y otras, como servicios sociales, donde son claves los ayuntamientos. Además, la definición de qué municipios son los centros de servicios a 30 minutos implica, de facto, una ordenación del territorio. Esto puede levantar recelos, en la medida que puede interpretarse como una injerencia del Gobierno Central, pero lo cierto es que la “zonificación” es consecuencia de la gestión de las propias comunidades autónomas, que llevan décadas decidiendo donde ubican los hospitales, centros médicos o colegios.
Quizás por eso, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha querido ser especialmente cuidadoso y ha dado participación a la sociedad civil y a las distintas administraciones en busca de consenso. Lo primero que ha hecho es enviar a los gobiernos autonómicos el mapa de las 600 áreas funcionales que ya prestan servicios públicos esenciales y que se completarán con aquellos que falten en el catálogo que se configure. Por tanto es un plan a largo plazo y alcance, que va a vertebrar el territorio con una malla de ciudades intermedias que algunos pueden ver como la creación de un nuevo poder político, además de centros de prestación de servicios, cuando en realidad ya lo son como cabeceras de comarca, herederas de los antiguos partidos judiciales.
Para la definición de esas ciudades cabecera se ha partido de un estudio de funcionalidad territorial y zonificación frente al reto demográfico, encargado al urbanista José Manuel Gómez Giménez, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Este estudio arranca del análisis de los 36.846 núcleos de población que hay en España, según la clasificación del INE, y desde ahí se ha llegado a la identificación de esas 600 áreas funcionales. Para llegar a ese número, el profesor, que es experto en geomática (ciencia que integra técnicas de captura, procesamiento, análisis, almacenamiento e interpreta información referenciada geográficamente), ha tenido que cruzar múltiples bases de datos, algunas ya agrupadas en la herramienta Sistema Integrado de Datos Municipales (SIDAMUN), desarrollada por el propio ministerio.
De ahí saldrá el Plan de Acción Estatal, “País de 30 minutos” que está a consulta de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de otros ministerios, que tienen competencias compartidas con las regiones. El calendario que barajan en el Ministerio es que la “Estrategia nacional para la equidad territorial y el reto demográfico” y el plan “País de 30 minutos” puedan ser aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre.
La tendencia a la concentración de la población en las grandes ciudades es global, de manera que el desafío para muchos municipios pequeños es enorme. Es indudable el atractivo de urbes como Madrid, especialmente entre los más jóvenes y formados. La escala hace que la prestación de servicios básicos (educación y sanidad) sea más eficiente; que sea mayor la capacidad de atracción de talento y de ofrecer oportunidades de participar en proyectos innovadores, así como de interrelacionarse, al margen de otras consideraciones cada vez más apreciadas, como la oferta cultural y de ocio. La consecuencia sobre el mundo rural y sobre ciudades de tamaño medio es palpable. El proceso continuado de despoblación lleva a la pérdida de escala y, con ello, la destrucción de actividad, caída de dinamismo en actividades esenciales, como la agricultura y la ganadería, descenso de la calidad de prestaciones como la educación y la sanidad, así como la degradación de ecosistemas, aislamiento social y desaparición del legado cultural.
Pero también hay algunos síntomas alentadores que se han visto con claridad a partir de la pandemia de 2020, y que conviene analizar para identificar oportunidades. El confinamiento supuso un salto cualitativo en el teletrabajo y la digitalización de empresas y administraciones, que ayudó a una relativa vuelta a los pueblos. Entre 2019 y 2022, los municipios de menos de 10.000 habitantes crecieron un 1,6% anual, que es la mayor de la media anual, con un aumento de 150.000 residentes. Es cierto, que este crecimiento se produce en buena medida en municipios próximos a las grandes urbes y que ese desplazamiento puede estar ligado a la población que estas “expulsan” como consecuencia del aumento del coste de la vivienda, en propiedad y alquiler. Para consolidar y ampliar este movimiento, el alcance de los servicios y la construcción de un relato en positivo es crucial. Hay que despojar a adjetivos como rural y rústico de toda ligazón con lo tosco e inculto, puesto que no responde a la realidad de hoy.
La volatilidad electoral, con amenaza de anticipación de comicios generales y autonómicos, no debería ser determinante en un plan así, ya que suele haber amplio consenso en las políticas para hacer frente a los problemas de la despoblación, pero la inquina partidista hace destrozos inimaginables. En todo caso, ahí quedaría para el siguiente gobierno, el que sea, un trabajo de zonificación, que es una de las aproximaciones más pragmáticas y serias que se han hecho en décadas para recuperar la vida en el mundo rural. Un mundo que entrega mucho (agua, oxígeno y alimentos) y recibe poco.
