Enderezar entuertos, allá en la mina
La necesaria labor correctora de Aagesen se verá culminada cuando consiga pactar con las empresas una moratoria del disparatado cierre de las nucleares
Lo mejor que está haciendo la vicepresidenta Aagesen es ir corrigiendo la extensa lista de errores, de concepto y de gestión, cometidos por su antecesora. Empezando por las medidas del Decreto Ley de refuerzo del sistema eléctrico que contiene todo aquello que se le venía diciendo al Ministerio desde hace tiempo, pero que chocaron con la prepotencia cuando hubieran impedido, con elevadísima probabilidad, el vergonzoso apagón del pasado 28 de abril.
Algo similar está haciendo ahora la vicepresidenta al constatar la anemia, con muchos puntos cerca del colapso, en las redes eléctricas, impuesta por su antecesora, tanto limitando la inversión como en retribución, y las graves consecuencias que ello puede tener en nuestro desarrollo industrial y en nuestras posibilidades de ser un hub internacional de centros de datos. Todo ello fue convenientemente avisado a su antecesora –entre otros, por mí mismo desde, entonces, la presidencia de REE- quien hizo caso omiso de las advertencias, también de las empresas distribuidoras. Cuando se estaba diseñando la mayor revolución de la historia en nuestro sistema eléctrico (la transición hacia renovables, autoconsumo, etc.), era contraproducente, como se hizo para el periodo vigente (2021-26), mantener viejas restricciones a la Planificación de Redes, como el tope arbitrario a la inversión total establecido en otro contexto y un recorte arbitrario a las retribuciones por inversión privada.
La propuesta presentada para el próximo periodo (2025-30) introduce tres cambios relevantes con el objetivo de facilitar nuevas conexiones de grandes consumidores: se incrementa el límite de inversión tanto para redes de transporte, como de distribución; se destina un 10% de esos recursos a mejorar el control de la tensión y digitalizar las redes y se aumenta la retribución, aunque las empresas consideran, todavía que lejos de lo necesario. En todo caso, una enmienda a la totalidad a la anterior planificación, resolviendo, ahora, problemas que fueron ignorados por el ministerio.
El siguiente asunto donde la vicepresidenta también anda sobre una herencia muy resbaladiza es el objetivo de reducción de emisiones de CO₂ de España, un asunto nunca menor, pero, sobre todo, tras el tórrido verano de incendios que hemos tenido. Esta semana hemos visto como la UE no ha sido capaz de acordar un objetivo de recortes para 2035 que presentar a la ONU y con el que acudir a la próxima COP30 en noviembre, en Brasil. La Comisión, disparando con pólvora de rey, había propuesto como objetivo para 2040 la reducción en un 90% de las emisiones, en línea con lo pactado en el Acuerdo de París de 2015. Y, al menos, cuatro países lo han rechazado, en parte por el ascenso político de los negacionistas de extrema derecha (alguien deberá pensar qué hemos mal en este asunto para que haya tantos negacionistas de la ciencia) pero, en parte también, porque ya se sabe que no se está cumpliendo el Acuerdo de París por parte del conjunto de occidente y que, según las evidencias, ya hemos superado el límite de 1,5°C fijado allí.
En consecuencia, la UE iremos apenas con una Declaración de Intenciones y sin compromisos nacionales cerrados, con lo que, también, debilitaremos nuestro liderazgo mundial en este campo. España, por ejemplo, establece en la actualización del PNIEC un objetivo de reducciones del 32% para 2030, más ambicioso que el original, cuando, según el Observatorio de la Sostenibilidad, cerramos 2024 con solo una reducción real del 3%, muy alejada de esa meta, en gran parte por la incapacidad, hasta la fecha, de implementar un plan de reducciones en todos los sectores emisores, más allá del eléctrico: transporte, industria, construcción, agricultura… como ya vimos con la dana y luego con los incendios, la vicepresidenta recibe una gestión ecológica centrada, casi en exclusiva, en subvencionar las renovables.
Se encuentra la vicepresidenta Aagesen con que recibe una política minera cuyo principal hito ha sido cerrar y prohibir una minería de uranio aprovechando una enmienda a la Ley de Cambio Climático. Cuando todo el mundo vuelve sus ojos hacia la energía nuclear y, por tanto, hacia el uranio y, Europa, de forma especial refuerza su autonomía frente a su dependencia de China, en aquellos minerales escasos que son esenciales para su seguridad, sobre todo, en transición ecológica, defensa y digitalización, España daba la espalda a una explotación sostenible de sus valiosos recursos naturales.
Esta pose ha durado hasta el reciente Reglamento de Materias Primas Fundamentales de la UE que ha obligado a que, en marzo, la Vicepresidenta, enmendando de nuevo su herencia en la mina, haya tenido que publicar el Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029, haciendo compatible la sostenibilidad circular con la prioridad estratégica de unos minerales que, afortunadamente, existen en nuestro país. Solo entre las siete minas señaladas por la UE de los 47 proyectos estratégicos globales, tenemos, en abundancia: litio, níquel, cobre, cobalto. Wolframio, uranio y tierras raras. ¿Renunciamos, como país, a su adecuada y beneficiosa explotación por un ecologismo de salón mal entendido? ¿Lo podemos hacer usando la regulación establecida por la Ley de Minas de 1973, en vigor? ¿Nos resignamos a que el valor añadido –la primera transformación- se haga fuera de España? Dado que la nueva minería afecta a muchas comunidades autónomas y al estado central, con un lío competencial que incluye ayuntamientos y que puede requerir diez años conseguir todos los permisos para su explotación, con varios puntos de ruptura, parece imprescindible empezar ya una negociación política que permita aprovechar bien esta gran oportunidad, en formas, condiciones y tiempos adecuados al siglo XXI.
Tras este breve repaso, la necesaria labor correctora de la vicepresidenta Aagesen se verá culminada cuando consiga pactar con las empresas una moratoria del disparatado cierre de las nucleares forzado, a base de impuestos, por su antecesora. Sobre todo, ahora, que ya hemos descubierto la importancia para la garantía del suministro de la firmeza y la tensión que proceden de tecnologías síncronas como la nuclear. Con todo ello, la Vicepresidenta habrá prestado un gran servicio a los españoles.
