Las claves: El fiscal general defiende su inocencia. Pero debe evitar el daño a la institución
Con todas las salvedades que merece la instrucción, una vez sentado en el banquillo, el bien del organismo aconseja que deje de ocupar su cargo
El fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, queda abocado a sentarse en el banquillo para ser juzgado por la filtración de información confidencial relativa al caso por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelación rechazó el recurso de García Ortiz con el voto en contra de uno de los tres jueces. La cuestionable instrucción del juez Ángel Hurtado se llevó algún contratiempo: los tres magistrados acordaron por unanimidad archivar la causa para la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.
El fiscal general defiende su inocencia, con el apoyo del Gobierno. Tiene todo el derecho a negar las acusaciones y defenderse ante el tribunal. Son muchos los expertos que no ven indicios suficientes para que sea condenado. Pero una vez sentado en el banquillo, ante otro fiscal que es su subordinado, el bien de la institución aconseja que deje de ocupar su cargo.
Es paradójico que los fiscales tengan previsto de su estatuto la suspensión de empleo y sueldo en caso de procesamiento, pero que el líder de esta institución no se vea afectado por la norma.
La excepción a las genuflexiones ante Donald Trump
La sucesión obscena esta semana de genuflexiones ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, –incluida la de toda una presidenta de la Comisión Europea, realizada en un resort del magnate en un Estado que salió del club comunitario– solo ha dejado un títere con cabeza: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ahí aguanta Powell, como los famosos e irreductibles galos, en una aldea cuya reforma, dice Trump, ha salido carísima. Mientras el morador de la Casa Blanca le insulta al otro lado del muro y clama por bajadas, este se prepara para mantener los tipos.
En casa del herrero monetario, cuchillo de palo
Los bancos centrales independientes –subrayado lo de independientes– son engranajes necesarios de los sistemas democráticos, y desde ellos se suelen pregonar los valores propios de esta forma de organización política. Al menos así lo hace el BCE y su presidenta, Christine Lagarde. Mientras, sin embargo, sus trabajadores denuncian que la institución actúa como un pequeño Estado, con su concentración de poderes, sus ascensos a dedos y sus políticas poco transparentes. En 2024, casi el 40% de la plantilla aseguró estar al borde del síndrome del trabajador quemado, y un 9% pensó en el suicidio. Eso sí, hace años, cuando los trabajadores pidieron que sus sueldos se ajustaran al IPC, el BCE aludió a los efectos de segunda ronda. Pregonando con el ejemplo y la auctoritas.
La frase
No deberíamos dejarnos intimidar por nuestros propios recursos. Si la gente quiere comerciar con nosotros, debe ser en términos que sean mutuamente beneficiosos tanto para ellos como para nosotrosGwede Mantashe, ministro de recursos minerales de Sudáfrica
Un despropósito digital definitorio de nuestros tiempos
Resulta que en Estados Unidos ha triunfado una aplicación móvil en la que las mujeres comparten sus experiencias con hombres, de los que comparten todo tipo de información, fotos incluidas, como en un pequeño –más bien gran– foro. La idea nace de la necesidad de proteger a las mujeres en este nuevo mundo de citas digitales y apps, donde uno no sabe con quién habla o queda, pero tiene una peligrosa vertiente: ¿quién controla qué es verdad? En represalia (sic), alguien ha filtrado los datos personales de muchas de esas mujeres, por una brecha de seguridad de la plataforma. Es tal el despropósito, y a tantos niveles, que casi resulta más deseable que vuelva el buen y viejo, viejísimo, cortejo al más puro estilo de las novelas de Jane Austen. Lejos de ser perfecto, era algo más civilizado.
