Cero a la ineficiente política eléctrica
El paquete de medidas urgentes aprobado ahora por el Gobierno es una enmienda a la totalidad a todo lo no hecho en los años anteriores
Si el paquete de medidas recién aprobado por el Gobierno hubiera estado en vigor antes del 28 de abril, no se hubiera producido el apagón eléctrico. Y como todas ellas eran conocidas y venían siendo demandadas por el sector desde hacía tiempo, la única conclusión posible es que el apagón fue resultado de años de dejadez, de ausencia de una política eléctrica seria, por parte de unas autoridades ensoberbecidas y dogmáticas, obsesionadas con dos titulares: ser los primeros en instalación de renovables y acabar con la energía nuclear, tuviera todo ello el coste que tuviera.
Todo, todo lo que recoge el Decreto Ley Antiapagón son medidas lógicas, que llevan años de retraso en su aprobación. De hecho, si el objetivo de las nuevas medidas es, según la actual vicepresidenta, asegurarse de que “cada uno de los operadores del sistema eléctrico cumple con sus obligaciones”, será porque, hasta ahora, no ha sido así, en medio de la indiferencia del Ministerio encargado.
A la vista de los diferentes informes y versiones sobre el apagón (cero eléctrico) que sufrió España, lo sorprendente no es que ocurriera, sino que no se hubiera producido antes y más veces. Si ponemos juntas todas las versiones cruzadas, se diría que ninguno de los agentes que intervienen en nuestro suministro eléctrico cumplió adecuadamente con sus obligaciones y, en algunos casos, esto venía ocurriendo así, desde hace tiempo. Combinando las diferentes versiones se puede redactar el siguiente relato explicación.
Como de costumbre, el Operador del Sistema (REE) estima, el día anterior, la demanda prevista y su fluctuación a lo largo del día 28 y calcula aquellas centrales necesarias para cubrirla teniendo en cuenta las previsiones que le envían las empresas. Además, por seguridad y como marca la normativa programa más centrales síncronas (ciclo combinado y nuclear) como respaldo para asegurar el control dinámico de la tensión teniendo en cuenta que las renovables previstas no tienen la sincronicidad, ni absorben la energía reactiva que necesita el sistema para estabilizarse. A esto se le llama “restricciones técnicas” y las centrales avisadas reciben una retribución por estar disponibles.
Pues bien, parece que esa programación de respaldo se hizo al mínimo y se mantuvo a pesar de que una de las centrales comunicó, con antelación, su indisponibilidad. Por tanto, cuando surgieron las primeras oscilaciones, el OS tenía pocos recursos preparados para los que echar mano por lo que no se frenó la subida de tensión. Además, ha surgido una discrepancia en torno a si el OS disponía, o no, de más capacidad disponible de la que declaró. En todo caso, parece que hubo una “Insuficiencia de capacidades de control dinámico de las tensiones”, lo que significa que el OS apostó al límite de lo prudente.
Por otro lado, parece que hubo problemas en las comunicaciones de crisis entre el OS y las centrales por fallos en los sistemas de comunicación. Pero también parece que hubo centrales que no estaban retirando del sistema toda la energía reactiva a la que tenían obligación por normativa y ello reforzó la subida de tensión. Además, algunas centrales síncronas se dispararon antes de tiempo, seguramente por no tener ajustadas adecuadamente sus protecciones y dieron comienzo al apagón. Es decir, si todos los generadores acoplados a la red ese día hubieran cumplido adecuadamente con la normativa y las instrucciones del OS, se podría haber hecho más para controlar la tensión, evitar desconexiones indebidas y, tal vez, el mismo cero.
También, si la disposición PO 7.4 que obliga a las instalaciones asíncronas a aplicar soluciones de electrónica de potencia para controlar la tensión hubiera estado en vigor desde el inicio de la transición energética y la aprobación del primer PNIEC con su apuesta por las renovables en lugar de que la CNMC la aprobara, deprisa y corriendo el pasado 12 de junio, la probabilidad de un apagón hubiera sido infinitamente menor.
Flexibilidad
Como también hubiera ayudado a mejorar la flexibilidad del sistema el haber tenido en funcionamiento una regulación adecuada del almacenamiento con las ayudas previstas solo tras el apagón cuando se sabía, desde hace años, que era el talón de Aquiles de la transición verde. Como también hubiera ayudado una regulación del mercado de capacidades ya en funcionamiento, en lugar de en fase de consulta como estaba hasta ahora o el impulso simplificador a la burocracia que paraliza nuevas inversiones en renovables o a la ampliación de la demanda (puntos de recarga de coche eléctrico).
Por último, si el Ministerio no hubiera recortado las inversiones en redes propuestas por REE para la nueva Planificación, no tendría que verse obligado, ahora, a incrementarlo con prisas y a destiempo y, tal vez, el apagón se hubiera evitado.
Las demandas por indemnización a causa del cero van a ser cuantiosas. Por eso, determinar la responsabilidad causal del mismo está llevando a este espectáculo poco edificante de “todos contra todos” que estamos viendo. Al final, la CNMC dictaminará y la Audiencia Nacional sentenciará. Pero, en términos políticos, hay algo ya muy claro: el paquete de medidas urgentes aprobado ahora por el Gobierno es una enmienda a la totalidad a todo lo no hecho en los años anteriores y ahí, en esa larga omisión es donde hay que centrar la responsabilidad política del apagón: la vicepresidenta Aagesen acaba de desnudar la ineficacia gestora, durante años, de su antecesora.
Dado ese paso necesario, me permito sugerirle que aproveche la carrerilla para dar otros dos que son, igualmente necesarios para garantizar el suministro eléctrico al nivel de calidad ofrecido hasta el 28 de abril: recuperar el clima de colaboración entre reguladores, empresas y Operador del Sistema, roto por el apagón y abandonar la infantil obsesión, exclusiva mundial de este Gobierno, por cerrar las centrales nucleares que significa asumir unos riesgos tan elevados como innecesarios que pueden hacer descarrilar el PNIEC y la lucha contra las emisiones de CO2. España tiene un buen sistema eléctrico: no nos empeñemos en estropearlo, por favor.
Jordi Sevilla es economista