Una mejora para los trabajadores más castigados
Los sectores empresariales deberían respetar el acuerdo firmado por las patronales estatales para aliviar las condiciones de los empleados con labores más penosas
“!A la obra sin bastón, jubilación!”. Este grito de los trabajadores de la construcción, entonado la semana pasada frente al Ministerio de Seguridad Social, condensa una reclamación sindical histórica: que los empleados en sectores penosos, ya sea por los esfuerzos físicos o por la exposición a temperaturas extremas o sustancias peligrosas, accedan antes a la jubilación. El Gobierno dio ayer un paso a favor de esta medida, con la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto que regula el nuevo procedimiento. Las profesiones con más bajas y más siniestralidad podrán acceder antes al retiro.
Se trata de una medida producto del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Aunque CEOE y Cepyme avalan esta nueva vía, que en base a variables objetivas definirá las profesiones concretas que se beneficiarán, algunas patronales sectoriales no parecen darse por aludidas. Los únicos que apoyan claramente estos nuevos coeficientes reductores son el transporte de mercancías y de pasajeros. Las de la construcción o de las camareras de piso, de momento, se ponen de perfil.
Las dudas de estas patronales parten del aumento de los costes laborales, dada la sobrecotización que irá aparejada a las actividades en que se sellen estos coeficientes reductores. A la vez, estas mismas patronales suelen quejarse de la falta de mano de obra y, sobre todo, de los costes laborales asociados al incremento de las bajas laborales y la productividad que pierden. Los coeficientes deberían ayudar a paliar ese problema, una perspectiva que debería pesar más en el diagnóstico empresarial.
En teoría, esa sobrecotización (que en gran medida asumirán las empresas) debe lograr que el impacto de los coeficientes sea neutro en las cuentas públicas. Este matiz es clave, dada la tensión que sufre la Seguridad Social por el subidón de la cuantía de las pensiones (dada su vinculación con el IPC y que se retiran empleados con sueldos más altos que antes) y el incremento del número de beneficiarios, por la jubilación del baby boom.
El estrés de las cuentas públicas no debería servir como excusa para rechazar este nuevo instrumento. Si las cuentas no cuadran, convendría repensar otras aristas del sistema de pensiones. Los sectores empresariales deberían huir de las excusas y respetar el acuerdo sellado por las patronales estatales para consolidar una mejora para los trabajadores con trabajos más penosos.
