El plan español para los minerales es una oportunidad y un aviso
La estrategia puede modernizar el sector extractivo, pero refleja el escaso avance en la normativa
El Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2025-2029 supone una oportunidad para modernizar el sector extractivo en España y posicionarnos a nivel comunitario y global, pero también deja en evidencia el escaso avance en reformar la normativa que discipline el sector minero: la industria minera española, que puede ser clave en el suministro de materias primas estratégicas, opera bajo un marco normativo que no se ha actualizado de manera integral en décadas, lo que ha venido generando ciertas dificultades para la atracción de inversiones.
Este Plan de Acción de Materias Primas Minerales 2025-2029 podría constituir un avance significativo en la estrategia de suministro de minerales críticos en España, pero su éxito está condicionado a una importante renovación del marco normativo minero. Sin una adecuada actualización del marco regulador, el sector seguirá enfrentando obstáculos que dificultan la atracción de inversiones y la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Las empresas, especialmente aquellas con participación extranjera, necesitan seguridad jurídica para operar en un entorno cada vez más regulado. La adaptación del régimen concesional, la agilización de los procedimientos administrativos y la compatibilización con la normativa europea serán claves para que España pueda consolidarse como un referente en la producción de materias primas esenciales para la industria del futuro.
No hace mucho que el Gobierno formuló una consulta pública para la nueva Ley de Minas con el objetivo de adecuar la regulación vigente a las necesidades actuales del sector para garantizar un marco normativo más ágil que discipline, al mismo tiempo, las exigencias ambientales y los compromisos sociales.
En el marco del citado Plan de Acción, estos tímidos primeros pasos para la adecuación del régimen jurídico minero deben llevar aparejado que, además de apostar por la seguridad jurídica para garantizar una estabilidad inversora, recoja un enfoque que priorice la circularidad y el reciclaje para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en España, desde la perspectiva de la recuperación y restauración de los espacios mineros.
La vigente Ley de Minas, concebida en un contexto económico e industrial completamente diferente (1973), tan admirada desde una perspectiva técnico-jurídica, no responde en la actualidad a todas las exigencias que se han venido disciplinando desde su entrada en vigor, convirtiéndose en un obstáculo para la modernización del sector en España. Actualmente, las empresas se enfrentan a lentos procesos administrativos (regulatorios, ambientales y sociales, con diferencias autonómicas) para obtener concesiones y permisos, lo que dificulta la competitividad de España frente a otros Estados miembros de la UE. Esta falta de agilidad regulatoria podría colisionar con los objetivos del Plan de Acción 2025-2029, que busca dinamizar la exploración, investigación y explotación de materias primas estratégicas y facilitar la transición hacia un modelo más sostenible basado en la economía circular.
Adicionalmente, debería plantearse la actualización del régimen especial de la minería, regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para hacerlo más acorde a la propia evolución que ha sufrido esta figura impositiva.
En otro orden de cosas, un aspecto crucial que se deberá tener presente en la confección del nuevo marco regulador es evitar que se origine un impacto negativo sobre las empresas que, aunque españolas, cuelgan de capital extranjero. La minería en España, que ha dependido en gran parte de la inversión foránea para desarrollar nuevos proyectos, podría verse afectada por el endurecimiento de los controles sobre capitales procedentes de países no comunitarios: facilitemos la alfombra roja.
En este sentido, nuestro sistema de supervisión de inversiones, aun cuando trata de proteger los intereses estratégicos de España, no debería disuadir a la llegada del capital extranjero que siga resultando necesario para impulsar la explotación de minerales estratégicos. Empresas que ya operan en España podrían replantearse su crecimiento y expansión en el país, e incluso modificar sus estructuras accionariales, lo que podría lastrar el camino recorrido hasta la fecha desde hace casi dos décadas.
En paralelo, el Reglamento UE sobre Materias Primas (CRMA) obliga a los Estados miembros a garantizar un suministro estable y sostenible de minerales esenciales y, sobre todo, los escasos.
España, con yacimientos considerables, debe asegurar que su legislación permita aprovechar estas oportunidades: uno de los pilares fundamentales del Plan de Acción 2025-2029 es la apuesta por la circularidad y el reciclaje. La reutilización de minerales estratégicos procedentes de desechos industriales y escombreras no solo reduciría la dependencia de importaciones, sino que también disminuiría el impacto ambiental de la actividad extractiva.
De este modo, la reforma del marco normativo minero deberá integrar mecanismos para fomentar significativamente la recuperación de recursos minerales secundarios y promover modelos de explotación que prioricen la restauración ambiental de los espacios afectados.
Aun con todo, no podemos perder de vista la flamante inclusión de 7 proyectos mineros españoles entre los 47 considerados estratégicos por la Comisión Europea en toda Europa, lo que comportará beneficios en el acceso a la financiación de estas operaciones para fortalecer la cadena de suministro de materias primas: el viento en popa sopla a favor de los proyectos españoles.
En este efervescente contexto, las iniciativas lanzadas por el Gobierno español abren la puerta a una reforma necesaria que no solo aborde la seguridad jurídica del sector, sino que también impulse la circularidad y la restauración ambiental como elementos estratégicos para una minería más rentable y sostenible. España tiene la oportunidad de modernizar su marco normativo y asegurar que el Plan de Acción 2025-2029 no se convierta en una oportunidad desaprovechada, consiguiendo liderar el sector a nivel europeo.
Javier Toribio es socio del área de público y regulatorio de Andersen
