Promover la educación y la sanidad privadas para bajar impuestos
Sánchez encuentra en la universidad de pago otro argumento para enfrentarse a Díaz Ayuso e integrar a la izquierda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha identificado la universidad como un nuevo frente de batalla, y no es casualidad. La educación y la sanidad públicas suponen más de la mitad del gasto de las comunidades autónomas, y el modelo por el que se opte implica un coste y unas necesidades de financiación. Es una decisión con enorme carga ideológica, en la que PSOE, Sumar y Podemos están muy cercanos. El gasto en educación y sanidad es un buen pegamento en la izquierda, en contraste con las diferentes visiones del gasto militar, y además sirve para diferenciarse del PP, muy especialmente de Isabel Díaz Ayuso, la némesis de Sánchez.
La semana empezó con la inesperada arremetida de Pedro Sánchez contra algunas de las universidades privadas, a las que llegó a calificar de “chiringuitos”, aunque no dio nombres. El presidente del Gobierno anunció mayores exigencias para las nuevas licencias de centros de educación superior ante la preocupación por un aumento de centros desordenado y de dudosa calidad. Es especialmente llamativo el crecimiento de centros en Madrid. En España hay 50 universidades públicas desde que en 1998 se abriera la última, la Politécnica de Cartagena. Desde entonces, se ha inaugurado prácticamente una universidad privada por año, hasta alcanzar las 41 actualmente operativas.
Hasta finales del siglo pasado, España contaba con cuatro centros privados históricos y confesionales: Deusto y Pontificia de Comillas, de los Jesuitas, que abrieron a finales del siglo XIX; la Pontificia de Salamanca (1940), de la Conferencia Episcopal Española, y la de Navarra (1952), del Opus Dei. Hasta 1993 no se abrió la primera universidad privada aconfesional, la Alfonso X El Sabio, vendida en 2019 por su fundador, Jesús Núñez Vázquez, en 1.000 millones de euros a la compañía de capital riesgo CVC. Pero quizás sea la Universidad Europea la que mejor representa la especulación alrededor de los centros de educación superior. A finales de 2018, el grupo estadounidense Laurete vende esta universidad a Permira por 770 millones de euros y el año pasado, el fondo EQT tomó la mayoría con una valoración de 2.200 millones, aunque hay que tener en cuenta que entre medias creció con compras.
El crecimiento de la enseñanza universitaria privada en Madrid ha sido exponencial. Desde 2018, se han autorizado doce centros privados en España, de los que cinco están en Madrid, cuatro en Andalucía, una en Canarias, otra en Galicia y una más en País Vasco. La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con el mayor número de estudiantes de España y se reparten en seis centros públicos (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) y 13 privados.
En el curso pasado, 2023-2024, había 358.881 estudiantes en las universidades madrileñas, de los que 204.320 estaban matriculados en los centros públicos, 112.132 en los privados y los 42.429 restantes en adscritos a las universidades públicas. Por tanto, un tercio del alumnado se está formando ya en centros privados, de manera que su educación es gratuita para el gobierno autonómico, ya que su coste los sufragan sus familias, igual que ocurre con los que tienen seguro médico privado. En el resto de España la privada supone alrededor del 20% de las matrículas.
El PP, y muy especialmente Díaz Ayuso, tienen como prioridad programática la reducción de impuestos. El problema es hacerlo compatible con el mantenimiento de unos servicios públicos y de calidad. La sanidad y la educación, que suponen más de la mitad del gasto de las comunidades, son dos servicios esenciales, cuya cobertura pública es la base del ascensor social para las clases más desfavorecidas. Las personas y familias que optan por la sanidad y educación privadas son un “chollo” para la Administración, ya que se financian con sus impuestos y no las utilizan, lo que ayuda a que contener las listas de espera. Por tanto, para seguir adelante con una política agresiva de reducción de impuestos, viene muy bien que suba el número de usuarios de sanidad y educación privadas.
El presupuesto de la Comunidad de Madrid para este año asciende a 28.663 millones de euros, con un aumento del 4%. La sanidad es la principal partida de gasto, con 10.460 millones, que representan el 39% de presupuesto total, seguido de educación, con 6.670 millones, el 25%, de los que 1.164 millones van destinados a Universidades. Desde 2019, año en que Ayuso llegó al gobierno de Madrid, esta partida ha aumentado un 17,8%. En ese mismo periodo, la inflación subió un 19,7% y el presupuesto total de gasto de la Comunidad de Madrid un 43%. Por tanto, el gasto en universidad crecía dos puntos menos que la inflación y menos de la mitad que el gasto total.
La última edición del reputado Informe CYD sobre universidades señala que en 2022, el último año analizado, en España se gastaba una media de 6.671 euros públicos por alumno, con tres comunidades (La Rioja, País Vasco y Navarra) que dedican más de 9.000 euros por alumno y otras dos por debajo de 6.000, Madrid (5.362) y Cataluña (5.599). Si se ajuste este importe al PIB per cápita, lo que da una mejor idea del esfuerzo realizado, ya que lo pone en relación con su riqueza, la situación de Madrid se pone aún más en evidencia, ya que el gasto por alumno no alcanza al 14% del PIB per cápita, frente a más del 30% que dedican ocho regiones. Por debajo del 20% solo están Madrid (13,9%) y Cataluña (17,2%).
Madrid y Cataluña, además de ser el paraíso de la universidad privada, tienen los centros públicos más caros, con un coste medio de matrícula 1.620 y 1.508 euros, respectivamente, muy por encima de la media de España (1.166). De los diez centros más caros, cinco están en Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y la de Alcalá), cuatro en Cataluña (Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, la de Barcelona y la de Lleida), y una en Aragón (Universidad de Zaragoza).
Por tanto, todos los indicadores ponen de manifiesto que en Madrid se ha favorecido la expansión de la universidad privada a la vez que es la región que realiza un menor esfuerzo de gasto en la pública. Habrá quien vea en este movimiento una fórmula de redistribución de la riqueza, con las rentas más altas pagándose la educación y la sanidad. El problema está en que la pérdida de usuarios y la infrafinanciación de estos servicios públicos conducirá irremediablemente a una menor calidad de la sanidad y la educación, lo que supone otra forma de poner más palos en la rueda al desarrollo de las clases menos favorecidas.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información.
