Vicepresidenta, ¿no hay (otro) argumento para cerrar nucleares?
¿Por qué España es el único país del mundo que quiere cerrar las centrales existentes?
La nueva vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, compareció la pasada semana en la Comisión correspondiente del Congreso. En medio de una intervención correcta, como corresponde a su experiencia y capacidad técnica, solo hizo aguas al hablar sobre una de las herencias envenenadas que ha recibido: el cierre, siguiendo un calendario que empieza ya, de las centrales nucleares en España. Vuelvo sobre este asunto porque me parece de la máxima urgencia el resolverlo, ya que la reactivación de la energía nuclear como energía limpia es una de las decisiones estratégicas más importantes que ha adoptado la Unión Europea para conseguir: reducir emisiones de CO2; aumentar la independencia energética de Europa; mejorar la competitividad de nuestra economía con otra fuente de energía barata y atender las necesidades planteadas por los nuevos centros de datos cuya demanda de energía presenta características especiales.
Cuando la energía nuclear es necesaria para Europa (Teresa Ribera dixit en Bruselas) y en el resto de países vive un renacimiento vinculado a la transición hacia energías limpias y, también, a las nuevas minicentrales SMR, es obligado preguntarse: ¿Por qué España es el único país del mundo que quiere cerrar las centrales existentes, que son necesarias para garantizar el suministro y que funcionan a plena satisfacción? Y ello, en contra de la petición explícita en el Informe Draghi a países, como España, para que no se cierren centrales en uso.
Esperaba las explicaciones de la vicepresidenta, conocer las razones por las que el Gobierno tiene decidido dar un paso irrevocable: prescindir de la energía nuclear, empezando este año por Almaraz I, a pesar del amplio rechazo que la medida está generando en la zona y, de manera creciente, entre amplios sectores económicos, políticos y sociales del país. Y en esto, me decepcionó la vicepresidenta, ya que se limitó a reiterar el viejo mantra: el calendario de cierre de las nucleares se pactó en 2019 entre las empresas privadas propietarias y la empresa pública Enresa, encargada de gestionar los residuos y del desmantelamiento de las centrales. Por tanto, como está acordado y nadie ha renunciado al pacto, pues el Gobierno no tiene más remedio que cumplirlo.
A ver, vicepresidenta, yo creía que la política energética era responsabilidad del Gobierno y no de las empresas energéticas. Si es así, espero escuchar otro argumento distinto al “eliminamos la energía nuclear”, una de las herramientas más poderosas que tienen los países para defender su autonomía y competitividad, aprobando medidas irreversibles…. ¿porque las empresas privadas lo han acordado? Resulta poco sólido como argumento: ¿este Gobierno siempre hace, en todo, todo lo que le piden las empresas?
Estiremos el argumento un poco más. En primer lugar, las empresas han recurrido una vulneración a dicho acuerdo que el Gobierno ha aprobado: la subida unilateral de la llamada “tasa Enresa” que representa lo que pagan las empresas para que el sector público se haga cargo de los residuos y de los costes del desmantelamiento. No hablo de la peculiaridad española de que estas labores no se paguen desde el presupuesto público, sino que se imponga su pago a las empresas. Hablo de subir la cantidad fijada en el citado acuerdo, lo que, ya de por sí, podría considerarse una ruptura del mismo por parte del Gobierno-Enresa, lo que dejaría sin validez el calendario de cierre.
Pero sigamos: los máximos responsables de las empresas con nucleares en España declaran públicamente que “es crucial construir nuevas centrales nucleares donde sea posible y que donde haya centrales en funcionamiento que puedan extender su vida útil, se haga” (Ignacio Sánchez Galán, en Davos) o dicen, explícitamente que están a favor de la nuclear y que “el Gobierno debe replantearse el cierre nuclear, sobre todo, en Cataluña donde cubre el 60% de la demanda” (José Bogas, en CincoDías). Entonces, ¿por qué razón iban, pues, a preferir cerrarlas, como dice la vicepresidenta, en contra de sus declaraciones e intereses?
Y la solución, como si se tratase de una novela policíaca, la apuntan los mismos dueños: el problema radica en los impuestos. ¿Cómo? ¿Nuestras centrales no pagan los mismos impuestos que sus homólogas europeas? Pero, sobre todo, ¿no pagan lo mismo que antes de la llegada de este Gobierno? Algunos estudios serios hay sobre este asunto. Me quedo con uno reciente elaborado por PwC y la respuesta a ambas preguntas es, claramente, no: las nucleares españolas soportan muchas más cargas fiscales que la media europea (no digamos las francesas) y, además, desde 2019 la carga fiscal del parque nuclear español se ha incrementado, por decisión gubernamental, un 60% en términos de euros por MWh. En torno al 40% de los costes totales de las centrales, son cargas fiscales (más de la mitad) de dudosa justificación hoy.
Es decir, este Gobierno decidió imponer a las centrales nucleares españolas un nivel tan elevado de cargas fiscales que sitúan el coste total de generación nuclear muy por encima de los precios medios del mercado, haciendo que pierda dinero ahora, en España y solo ahora y solo en España, por una decisión política de difícil justificación. Se entiende, ahora, que los dueños, los mismos que invierten también en renovables, demostrando que no son energías alternativas, sino complementarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, prefieran cerrarlas antes que seguir perdiendo dinero en ellas.
La pregunta, entonces, es: si la nuclear es considerada en todo el mundo como necesaria para una transición energética eficaz, ¿Por qué no sitúan su carga fiscal en España al mismo nivel que la media europea y, permiten, así que continúe generando energía limpia, que aporta firmeza al sistema eléctrico? No son las empresas, es el Gobierno quien ha decidido llevarlas al cierre provocándoles, artificialmente, pérdidas estructurales. ¿Por qué?
Presidente, por favor, solicitad un informe técnico, sin presiones, sobre los efectos de un cierre nuclear sobre la garantía de suministro eléctrico al operador del sistema eléctrico. Todavía estamos a tiempo de revertir este grave e innecesario error.
Jordi Sevilla es economista.
Más información
