Un modelo socialista de financiación autonómica
Un principio fundamental de la Ley de Financiación (evitar los privilegios), falla de manera estrepitosa con el modelo en vigor
En el reciente Congreso de Sevilla, el PSOE ha aprobado su modelo de financiación autonómica con una frase. En ella se recoge lo ya previsto en la LOFCA en vigor, no tiene cabida el Acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC –cupo catalán- pero regala una palabra, singularidades (concepto recogido en la Constitución), para que el president Illa tenga un agarre que le ha permitido seguir defendiéndolo, en Cataluña, ante sus socios. En suma: patada a seguir.
Lo que parecía el principal punto de debate político del Congreso (el resto ha sido un modelo de resistencia sanchiana), se ha cerrado con acuerdo entre todas las partes, aparentemente enfrentadas sobre la cuestión al inicio del mismo, según recogían las enmiendas presentadas a este punto. Tampoco introduce novedades sustanciales sobre la doctrina tradicional del PSOE en la materia, como quedó reflejado en el famoso Acuerdo de Granada, aunque allí eran mayores los detalles incluidos (se recogía, por ejemplo, la ordinalidad). Veámoslo en sus principales puntos.
El modelo propuesto “deberá garantizar mayores recursos para todas las comunidades autónomas”. Al hablar en futuro, reconoce que esa situación no se dá en la actualidad por lo que hace falta una reforma del modelo que el Gobierno progresista no ha intentado modificar en sus seis años de ejercicio para cumplir con el principio de “suficiencia de recursos” previsto en el artículo 2 de la LOFCA. Los problemas de financiación insuficiente han sido constatados por todos los estudios realizados sobre la financiación autonómica en vigor y forman parte de las reivindicaciones de varios Gobiernos autonómicos que ven en ello motivo sobrado para no seguir aplazando más la reforma.
En los últimos años, desde la crisis de la prima de riesgo y la imposibilidad por parte de ninguna Comunidad de endeudarse en los mercados financieros, el Gobierno Central ha venido actuando de banquero central de los Gobiernos autonómicos. Empezó el Gobierno Rajoy con los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica para pagar proveedores y que el Ministro Montoro reconoció que recogían, también, problemas de infrafinanciación por lo que ya se mostró dispuesto a reestructurarlos con quitas parciales. Dicho Fondo alcanzó una cifra superior a los 250.000 M de euros. El Gobierno actual ha seguido manteniendo la figura de los préstamos bajo otros fondos y, sobre todo, ha inundado de liquidez a las Comunidades jugando con el sistema de adelanto de pagos previsto en el sistema y el gran aumento de los ingresos tributarios experimentados estos años en España por la buena marcha del PIB. Pero que tengan liquidez, disminuye las tensiones de caja, pero no corrige el problema de fondo: un modelo vigente que no asegura una financiación suficiente a todas las CC.AA.
Piden los socialistas un modelo que recoja “las diferentes variables determinantes” del coste de los servicios públicos en cada Comunidad. En el modelo en vigor ya se contemplan las siguientes variables para aproximarse al coste real de la prestación de los servicios según las características de cada Comunidad: población, población en edad escolar, población mayor de 65 años, superficie, dispersión de la población e insularidad.
Con todo ello, se debe “garantizar la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos, independientemente del territorio en el que se viva”. Y este, que es un principio fundamental de la Ley de Financiación (evitar los privilegios), falla de manera estrepitosa con el modelo en vigor, a pesar de la creación de un Fondo de Garantía de Servicios Públicos Esenciales que no está cumpliendo su función. De hecho, la diferencia en financiación per cápita entre unas comunidades y otras, se aproxima a los mil euros, siendo Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía las más perjudicadas en el reparto.
Por último, se incluye en la ponencia que el sistema “será aprobado de manera multilateral (…) sin perjuicio de la relación bilateral recogida en cada Estatuto”. Nada nuevo. El modelo actual ya se aprueba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de forma multilateral, trasladándose luego al Congreso en forma de Ley que debe aprobarse por las mayorías correspondientes. Y ello, nunca ha impedido que, en paralelo, existan acuerdos bilaterales entre Gobierno Central y Autonómicos en las Comisiones Mixtas Bilaterales vigentes y que pueden recoger, por ejemplo, compromisos de financiación presupuestaria en inversiones concretas en un territorio o cualquier otro acuerdo previsto en los estatutos de autonomía o en los Presupuestos del Estado. Porque recordemos: aunque el modelo se aprueba multilateralmente, cada Comunidad lo acepta de forma bilateral hasta el punto de que, si no lo hace, no se le puede aplicar el nuevo modelo como ocurrió con Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha con el modelo de 1996.
Con estas premisas, se concluye en la ponencia: “el sistema debe dirigirse hacia un modelo de financiación federal”, sin entrar a definir qué se entiende por tal cosa y, claro, muchos pensamos que el actual modelo ya está muy orientado a un modelo federal, al reconocer a las Comunidades participación en impuestos comunes, capacidad legislativa e impuestos propios, aunque falta el avance, previsto en el Estatut de Cataluña, hacia una Agencia Tributaria compartida por los dos niveles del Estado: central y autonómico.
Podríamos decir, pues, que los socialistas del PSOE han reafirmado su filosofía tradicional en cuanto a financiación autonómica por cuanto no se habla ni de alcanzar la “plena soberanía fiscal” con “la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos” como se reconoce en el Acuerdo con ERC, donde se refleja un cupo, similar al vasco, aunque reconociendo una solidaridad limitada por dos puntos: la ordinalidad y el acuerdo de la Generalitat en un asunto que la Constitución atribuye en exclusiva al Gobierno Central.
En suma, los socialistas defienden que Cataluña tenga una financiación que atienda a sus “singularidades”, pero sin privilegios. Y lo que, de verdad urge, es que el Gobierno proponga una reforme del sistema para todas las CC. A, en línea con lo establecido en la ponencia.
