Pensiones bajo vigilancia
Las pensiones subirán un 2,8% en 2025 con lo que queda garantizado el poder adquisitivo de los beneficiarios. Está previsto que el próximo año se haga la primera evaluación del sistema y se aprobará un ajuste automático si no se reduce el desfase
El IPC de noviembre permite calcular la subida de las pensiones en 2025. El aumento de precios de este mes —un alza 2,4%— determina que las pensiones contributivas subirán un 2,8% el próximo año, lo que supone un incremento de entre 500 y 600 euros para una prestación media. La revalorización afectará a todas las prestaciones de Seguridad Social y clases pasivas (las de los funcionarios). El incremento de pensiones no es una prerrogativa gubernamental, sino que el Ejecutivo está obligado a hacer esta actualización que garantice que los pensionistas nunca pierdan poder adquisitivo. Esta ley fue respaldada por la práctica totalidad del arco parlamentario. Cuando se trata de pensiones a nadie le gusta salirse del carril si este, además, supone mejoras para 11 millones de pensionistas que también son votantes.
Aunque haya consenso político respecto a que las pensiones suban lo mismo que los precios, a quienes manejan el Presupuesto público no se les puede escapar que esta decisión puede incrementar exponencialmente el gasto de todo el sistema de la Seguridad Social, que ya supera claramente los 210.000 millones de euros anuales. El gasto en pensiones pesa ya más del 30% de todo el presupuesto público y del entorno del 13% del PIB. Las mejoras para evitar que los jubilados pierdan poder de compra presionan las cuentas públicas, también tensionadas por la presión demográfica por la jubilación de los nacidos en el baby boom. Ambos elementos suponen una bomba de relojería para la sostenibilidad del sistema
El Gobierno ha hecho una reforma de la Seguridad Social en tres fases que se ha centrado en la mejora de los ingresos. Pero un buen número de expertos han apuntado que no será suficiente para compensar el incremento del gasto creciente en pensiones. De hecho, las transferencias que hace el Estado y el préstamo que anualmente concede el Tesoro para el abono de las pagas extra de las pensiones sumaron más de 66.000 millones en 2023, lo que resta contributividad al sistema. Bruselas obligó al Ejecutivo a incluir en la reforma una cláusula de cierre (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), que supone un instrumento automático para equilibrar ingresos y gastos en caso de desviaciones. La ley establece que el próximo año se debe hacer la primera evaluación. A partir de marzo de 2025 la Autoridad Fiscal (Airef) deberá hacer su primer informe y decidirá si se necesitan nuevos ajustes, que se deberán de negociar con los agentes sociales y aprobar en el Parlamento. De no conseguirse, operará un mecanismo que subirá de forma automática las cotizaciones sociales, algo que no sería lo más deseable para la marcha del empleo y la economía en general.
