Políticas contra la desigualdad en la UE
Es necesario que, a partir de ciertos principios, se logre hallar soluciones prácticas
Nuestra sociedad actual está sometida a un constante cambio y evolución. Lo único cierto es el cambio. La capacidad de adaptación a nuevos entornos es fundamental, ya que la sociedad se transforma igualmente. Estos cambios rápidos nos obligan a preguntarnos: ¿funcionan de una manera justa y equitativa? Esto determina referirse a la relevancia de la justicia social.
Históricamente, la justicia social se ha considerado como un pilar fundamental para alcanzar un mundo más justo y humano. La justicia social promueve la redistribución equitativa de los bienes y servicios producto de las actividades económicas. La experiencia nos dice que no es suficiente con que el producto interior bruto crezca. En definitiva, la justicia social se refiere a la igualdad y equidad social, igualdad de oportunidades, estado de bienestar, distribución de la renta, derechos laborales y sindicales, lucha contra la pobreza, etc.
La justicia social está basada en la equidad. Por ello, se deben tomar acciones para corregir determinadas inequidades (desigualdades consideradas injustas). La desigualdad estaría así apoyando una economía menos eficiente y menos productiva ya que afecta negativamente al crecimiento. En ese sentido, las relaciones entre desigualdad y crecimiento han dado lugar a grandes debates. Afrontar las causas de la desigualdad resulta fundamental.
Existen las herramientas para hacer frente a los desafíos que plantean las desigualdades. Así, en los últimos años el concepto de justicia social es una de las directrices de actuación política mundial. En el año 2000 la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el fin de reducir, entre otros, la pobreza. En el año 2015 aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En esa línea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2008, adoptó la Declaración sobre la justicia social. Esta Declaración consiste en garantizar resultados equitativos para todas las personas a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los derechos fundamentales en el trabajo.
A este fin y para lograr una mayor consolidación de la justicia social el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en la Cumbre Social de Gotemburgo de 2017. Su objetivo es el de orientar para lograr resultados sociales y de empleo eficientes, como así mismo, responder a los desafíos actuales y futuros con el objeto de satisfacer las necesidades esenciales de la población.
Para hacer realidad el Pilar Europeo de Derechos Sociales y con el objeto de garantizar una mejor regulación a todos los niveles (europeo, nacional, regional y local) la Comisión Europea estableció, en 2021, el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales con iniciativas concretas.
El Pilar se estructura en tres capítulos: primero, la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo (educación, formación y aprendizaje permanente, igualdad de género y de oportunidades y apoyo activo para el empleo). Segundo, condiciones de trabajo justas (diálogo social, equilibrio entre vida profesional y vida privada, entorno de trabajo saludable y protección de datos). Y, tercero, protección e inclusión social (asistencia y apoyo a los niños, protección social, prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones y prestaciones de vejez, sanidad, inclusión de las personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y asistencia para las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales).
No se trata de una idea puramente teórica, sino que es necesario que, a partir de ciertos principios, se logre también hallar soluciones prácticas. De este modo, mediante el Plan de Acción se establecieron una serie de acciones de la Unión Europea que la Comisión se comprometió a adoptar, y se propusieron tres objetivos a escala de la Unión que deben alcanzarse para 2030 y que ayudarán a orientar las políticas y reformas nacionales: al menos el 78 % de las personas de entre 20 y 64 años debe tener trabajo. Al menos el 60 % de los adultos debe participar en actividades de formación cada año. Y el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse en al menos 15 millones, y de esos al menos cinco millones deberían ser menores.
En resumen, la importancia de la justicia social es reconocida a lo largo de la historia como un soporte esencial en favor de un reparto más equitativo. Su objetivo prioritario consiste en terminar con la pobreza y la desigualdad, apoyándose a través de normativas y leyes con el objeto de conseguir el pleno desarrollo de las personas. Sin embargo, cuando hay fuertes contrastes entre las formas de vida de diferentes personas su incidencia en la realidad social nos muestra a la perfección que no hay justicia social. Determinados expertos sobre crecimiento económico opinan que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento económico, sobre todo, cuando se superan ciertos niveles que ponen en riesgo la estabilidad social o la inversión en capital humano, es decir, al conjunto de conocimientos, experiencia y habilidades de las personas. En definitiva, una mayor desigualdad reduce la movilidad social, lo que limita el crecimiento potencial de la economía.
Vicente Castelló es profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.
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