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Bruselas abre expediente a España por ampliar el plazo en la AP-9 y AP-66 de Itínere

La Comisión ha dado dos meses para la respuesta sobre las causas por las que no se relicitaron las concesiones

IBI autopista del Atlántico
Vista de la AP-9 a su paso por Vigo (Pontevedra).Salvador Sas (EFE)

La Comisión Europea ha dado el primer paso para sancionar a España por variaciones, sin que mediara concurso público, en los contratos concesionales de dos autopistas de peaje, la gallega AP-9 (autopista del Atlántico) y la AP-66 o peaje del Huerna, que va de León a Asturias. Los cambios de condiciones bajo la lupa de Bruselas se refieren a la ampliación de los plazos de explotación sin que se ofreciera la oportunidad de concurrencia a otros competidores. Ambas infraestructuras forman parte de la cesta de activos de Itínere.

La Dirección General de Mercado Interior ha abierto el expediente a la espera de que el Gobierno español dé una respuesta sobre estos casos en un máximo de dos meses. Si no hay contestación, o esta no convence, el siguiente movimiento desde Bruselas será el del envío de un dictamen motivado, frente al que España volverá a tener la posibilidad de defenderse. El asunto podría terminar con denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE si el Ejecutivo no ofrece argumentos convincentes sobre la decisión de modificar los citados contratos.

La Comisión ha anunciado esta mañana el envío de cartas de emplazamiento tanto a España como a Hungría por el incumplimiento de la normativa sobre concesiones de autopistas, en la que se prevé la igualdad de trato a los operadores interesados en participar en los procesos de contratación, así como el respeto a la obligación de transparencia. La regulación europea ve en la extensión de concesiones el equivalente a una nueva adjudicación, para la que debe realizarse una licitación pública.

Corría septiembre de 2021 cuando la CE abrió ya un primer procedimiento de infracción por la prórroga en la autopista del Atlántico, Ferrol-Tuy, hasta 2048. Gestionada por Audasa (Itínere), la vía que vertebra a Galicia fue inaugurada en 1979 con 216 kilómetros de longitud. Su anterior fecha de vencimiento estaba fijada en agosto del año pasado, comenzando entonces un periodo adicional de 25 años a cambio de obras de mejora ya ejecutadas.

Itínere tiene entre sus posibles escenarios la reversión de la AP-9, ante lo que reclamaría una indemnización superior a los 1.000 millones, cifra equivalente a la deuda que cuelga del activo. La primera de las modificaciones en las condiciones de gestión se remonta al año 2000: el Real Decreto 173/2000 activó un convenio entre el Estado y Audasa (entonces propiedad de la pública ENA) para la construcción de un acceso norte a Ferrol. Ya en 2011 y 2013 fueron suscritos nuevos convenios con el Estado por los que Audasa debía invertir en la ampliación de la autopista y bonificar a los usuarios en diversos tramos. Itínere obtuvo como compensación una garantía de actualización tarifaria extraordinaria hasta que la cuenta de compensación resulte cero euros. Al cierre de 2023 el saldo seguía siendo favorable a la concesionaria y están ejecutadas las obras de mejora del puente de Rande, sobre la ría de Vigo, o los nuevos carriles en Santiago.

La AP-66 también es operada por Itínere a través de la sociedad concesionaria Aucalsa. Esta carretera de pago enlaza León y Campomanes a lo largo de 77,8 kilometros. Abierta al tráfico en 1983, su expiración fue llevada en el año 2000 de 2021 hasta 2050. El entonces Ministerio de Fomento estaba encabezado por Francisco Álvarez Cascos. Hace tres años, cuando vencía la fecha inicial para levantar barreras, fue Podemos Asturias la que denunció ante la CE la citada prolongación.

Álvarez Cascos defendió en 2018 ante el Congreso de los Diputados, en el seno de una comisión para investigar la financiación del PP, que decidió dar mayor tiempo de explotación, y de amortización de las inversiones, para abaratar las tarifas en la AP-66.

Rapapolvo de Óscar Puente al PP

Las distintas prórrogas obtenidas por las concesionarias de autopistas han sido esta mañana asunto de discusión en el Congreso de los Diputados. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido interrogado desde la bancada del PP, en sesión de control al Gobierno, sobre la posibilidad de que se instaure el pago por uso en las autovías. El “no” de Puente ha sido taxativo. Y ha ido más allá al aseverar que si en este país “queda un solo kilómetro de pago es, exactamente, gracias a las decisiones del PP”. Cuando Pedro Sánchez se hizo con la presidencia en 2018 “había 2.500 kilómetros de autopistas de peaje en este país y ahora hay 1.000 kilómetros menos porque el Gobierno socialista decidió no prorrogar ninguna de las concesiones cuando llegaron a su vencimiento”. Las barreras fueron levantadas en la AP-1, AP-7, AP-2 o en la andaluza AP-4.

El titular de Transportes ha recordado que los gobiernos de José María Aznar ampliaron concesiones por un total de 87 años, en referencia a la AP-66 (de 2021 hasta 2050), la AP-9 (de 2023 a 2048), la AP-68 Bilbao-Zaragoza (de 2011 a 2026), la AP-7 en su tramo valenciano (hasta 2019), y la AP-6 en la provincia de Ávila (de 2018 hasta 2029). “Cambiaron la Ley para hacerlo posible”, ha lamentado Puente.

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