La economía española: medio llena y medio vacía
Como la oposición no quiere ejercer sin catastrofismo y el Gobierno se enroca en el triunfalismo, hay que recurrir a los organismos internacionales: ni todo está tan mal ni todo está tan bien
¡Qué tiempos tan difíciles para pedir un poco de moderación y objetividad! Por ejemplo, en el análisis de la situación y la evolución de la economía española. Como la oposición no quiere ejercer sin catastrofismo y el Gobierno se enroca en el triunfalismo, para entender el momento nos vemos obligados a recurrir a los análisis de los expertos de los que, recientemente, hemos tenido cumplida información desde los principales organismos internacionales. Y, como suele ser razonable, dicen que ni todo está tan mal, ni todo tan bien.
El Fondo Monetario Internacional se une a la amplia corriente de analistas que están revisando al alza las previsiones macro para este año y sitúan el crecimiento del PIB en torno al 2%, muy por encima de la previsión para los países europeos, con una inflación controlada y un déficit público en reducción. Señala la resistencia mostrada por la economía española en un contexto de tipos de interés al alza y anticipa un robusto crecimiento del 2,1% para el año que viene. Incluso, los fondos de inversión parece que se unen a este optimismo relativo sobre la economía española que existe sobre el corto plazo.
Un crecimiento impulsado por el exterior: turismo en récords y exportación de bienes y servicios no turísticos y, en parte, por el mantenimiento de las ayudas puestas en marcha para hacer frente a la pandemia, ahora justificadas por los efectos de la guerra de Ucrania. En ese sentido, la Comisión Europea ha mostrado en un informe que España fue el único Estado miembro que incrementó las ayudas un 20% en 2022, cuando el resto de países empezaban a recortarlas. Ayudas, en especial la de 20 céntimos por litro de combustible, que no cumplieron la recomendación, tanto de la Comisión, como del Fondo, de concentrarlas en hogares con bajos ingresos en vez de hacerlas generales, como se hizo.
El consumo privado ha crecido menos de lo esperado, a pesar de que 2023 fue el primer año de ganancia de poder adquisitivo de los salarios que, más bien, se ha canalizado en reducir deuda (estamos ya en mínimos) y en incrementar el ahorro con el tercer mejor año de la serie histórica. Recordemos que, a pesar de ello, la renta real de las familias españolas sigue por debajo de la de hace 18 años sin que la recuperación esté llegando a todos por igual, como pregona el Gobierno.
Crecer más que Europa, incluso en medio de una desaceleración generalizada como la que vivimos, con un mercado laboral creando empleo y manteniendo superávit exterior, es un escenario novedoso en la reciente historia de nuestra economía, que, aunque no todo él sea atribuible a la acción de este Gobierno, ridiculiza cualquier esfuerzo por anunciar, de manera machacona, la inminente llegada de las siete plagas bíblicas.
Pero hay suficientes señales de alerta sobre lo que funciona de manera deficiente en el país y su economía, como para dormirnos en los laureles. Por ejemplo, cuando la Comisión Europea nos tira de la oreja por no haber adelantado con la reforma fiscal integral, anunciada hace años (¿se acuerdan de aquella comisión de expertos?) y para la que ve conveniente un amplio acuerdo político, imposible de lograr en este clima de crispación al que quieren que nos acostumbremos, hasta el punto de señalar la crispación como un elemento negativo para adelantar con las reformas exigidas. Sobre este punto insiste también el Fondo cuando sitúa “la fragmentación política nacional” como el principal impedimento para abordar políticas necesarias.
Esta coincidencia en señalar nuestra frágil situación política y, en especial, el total alejamiento entre los dos principales partidos del país, como el mayor riesgo económico en un país con un Estado multinivel, se puede extender a la política de vivienda, la financiación autonómica o el nuevo papel de lo público como consecuencia de la aplicación europea de la política de autonomía estratégica, y debería ser una potente llamada de atención a la responsabilidad de nuestra clase política, que no puede pretender vivir de forma permanente en este clima asfixiante y nocivo que crea.
Crispación política que, por ejemplo, impide abordar dos de las reformas en las que coinciden Fondo y Comisión que, si hoy no se ven como prioritarias ni para el Gobierno ni para la oposición, no dejan de ser urgentes, porque su efecto se notará en el medio plazo: un proceso de consolidación fiscal 2024-2028 y una imprescindible mejora de la productividad de nuestro sistema productivo.
Si la pandemia fue determinante para explicar el 11% de PIB que alcanzó el déficit público en 2020, la inflación, junto a la recuperación, explican la reducción experimentada hasta el 3,6% con que cerramos 2023. En ambos casos, una evolución muy determinada por la coyuntura económica. El FMI anticipa que el 3% de déficit y un 104% del PIB de deuda pública pueden estabilizarse a medio plazo, lo que, aunque pueda cumplir con las nuevas reglas comunitarias, nos dejará sin margen presupuestario estructural para abordar la evolución de las pensiones (considera, con razón, que la reciente reforma ha sido insuficiente) y sin el margen previsible para las ayudas de Estado que acompañarán a la nueva autonomía estratégica europea, por ejemplo, en chips y defensa. Por eso, propone empezar a reducir ya, en el plan plurianual de consolidación, hasta tres puntos porcentuales el déficit primario.
La otra reforma señalada es la que debe abordarse en las políticas de formación profesional, mercado laboral, inversión en intangibles y en I+D+i para reducir la brecha en productividad que mantenemos con la media europea y que, de no hacerlo, se resentirá el crecimiento y el bienestar. La conclusión es evidente: si queremos que la botella se siga llenando y reducir la maldición de ese 11% de paro estructural que se augura, deben producirse pactos y acuerdos transversales. Por pragmatismo. Para hacer las reformas imprescindibles para avanzar, aunque sean medidas sin rédito electoral a corto plazo. Lo contrario, la crispación, va vaciando la botella. Ojo.
Jordi Sevilla es economista
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