La cuestionable urgencia de reducir la jornada laboral
Las advertencias sobre los posibles efectos adversos en el empleo y la productividad hacen inevitable preguntarse si no habrá cuestiones más vitales para la economía
La propuesta de reducir la jornada laboral legal que el PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo de Gobierno ha suscitado un intenso debate y una crítica severa por parte de las patronales, que han advertido de su efecto sobre la productividad y el empleo. Aunque al principio se anunció un recorte para dejar el modelo en 38 horas y media este año y 37 y media en 2025, el Gobierno ha querido incluir la cuestión en las negociaciones con los agentes sociales. Pedro Sánchez ha manifestado que desea el apoyo de los empresarios, y tanto sindicatos como patronal coinciden, al menos, en que es materia de negociación colectiva.
La advertencia sobre los posibles efectos adversos del recorte de la jornada laboral legal en la economía no proviene solo de las empresas, sino que forma parte de un amplio debate sobre la relación que existe entre la reducción de horas de trabajo, la productividad y los costes laborales. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advertía hace unos días del riesgo de adoptar “decisiones erróneas de política económica” al imponer la reducción de la jornada laboral legal y al hacerlo, además, de forma homogénea. Cos recordó que las horas de trabajo se han recortado ya de media en toda Europa y en todos los sectores. En el caso de España, aunque el número de ocupados ha crecido un 4,4% respecto a finales de 2019, el total de horas trabajadas ha descendido un 2,1%, un fenómeno que el regulador atribuye a una multiplicidad de factores, que incluyen desde el progreso tecnológico hasta el crecimiento del sector servicios o el auge de los contratos parciales.
El hecho de que la jornada de trabajo media se haya reducido no excluye que haya sectores o empresas donde se excede el límite legal y se incumple la regulación laboral sobre horarios y retribución de horas extras, pero ese problema se soluciona con el refuerzo de la inspección laboral, no con la reducción de la jornada legal. A ello hay que unir la imposibilidad, evidente, de aplicar un modelo común al conjunto de la economía, porque mientras en empresas altamente tecnológicas puede ser factible mantener la productividad con menos horas de trabajo, en sectores como los servicios o en las pymes resulta bastante más difícil.
La advertencia del Banco de España sobre el peligro de dar por sentada la buena marcha del empleo, el preocupante aumento de la brecha de productividad que separa a España de otros países europeos y las incertidumbres en el horizonte hacen inevitable preguntarse si no existen problemas más urgentes que resolver en la economía española que plantear el recorte de la actual jornada laboral legal.
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