La alianza británica, el puño de hierro de Escrivá y la falta de modelo en las telecos
El pacto entre Vodafone y Zegona, que tiene que pasar por la ventanilla del Gobierno, aflora un patrón de proyectos especulativos sin alma industrial
Uno de los vocablos de moda en el final de la pasada legislatura y el principio de la actual es “estratégico”. Al menos en economía. Dice la Real Academia Española (RAE) que el concepto se aplica a todo aquello “de importancia decisiva para el desarrollo de algo”. A esa idea se agarró el Gobierno para explicar la eventual entrada de la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Telefónica, después de que la saudí STC irrumpiera en el accionariado con un 5%. Lo hace porque la empresa que preside Jose María Álvarez Pallete es “estratégica”, a resultas de su papel en el sector de las telecomunicaciones y en la industria de defensa, y no puede caer en manos extrañas. Como tal se objetiva por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), donde también se resguardan, por ejemplo, las redes de salvamento o radiodifusión, que son únicas. Objetivamente, Talgo, en el punto de mira de la húngara Magyar Vagon, es icónica para el sector del transporte nacional, pero no estratégica. El ministro de Industria, no obstante, le concedió ese calificativo como coartada perfecta para justificar los recelos del Ejecutivo a que la firma pueda pasar a empresarios que sitúa en la esfera de Orban. ¿Dónde fijar el límite de lo “estratégico” y deslindarlo de un interés político particular? El ejercicio es de suma relevancia en un país que entregó a Italia su principal eléctrica.
La siguiente mano en el debate la reparte el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, dispuesto a que su flamante Ministerio no juegue en la segunda división del gabinete y a aplicarse de firme con las anomalías que percibe en el sector. Por su despacho pasará en breve, por ejemplo, la compra de Vodafone por parte del fondo británico Zegona, una operación entre hermanos de sangre valorada en 5.000 millones y que debe recibir autorización del Consejo de Ministros. Si se aprueba, implicará, acto seguido, un amplio programa de desinversiones, entre ellas la venta de la red fija de la compañía para entregarla a un fondo, previo pago de 3.000 millones de euros. Zegona apenas ha lanzado una ampliación de capital por 300 para financiar la operación. A partir de ahí, ¿es la red fija un activo estratégico del Estado, de suficiente valor como para condicionar o frenar la transacción? Seguramente no, en tanto no se trata de una infraestructura única e incluso presenta solapamientos. Sin embargo, y a diferencia de Talgo, sería lógico que al ministro le inquietara la falta de proyecto industrial que se esconde tras una iniciativa que tiene muchos visos de destruir valor y en la que se adivina un alto componente financiero. Solo con la venta de la red, Zegona ya financiaría más de la mitad de la toma de control de la operadora.
“Vodafone ha sido un jugador esencial para entender el ecosistema de las telecomunicaciones en España en las últimas décadas. Como Orange y Telefónica, ha apostado por España, ha invertido. Esta operación, en apariencia, va encaminada a desmembrar la compañía”, expone una alto ejecutivo con larga trayectoria en el sector. No es muy diferente de la reflexión que recorre el mercado, que recuerda cómo la gestora de capital riesgo, una suerte de carcasa sin contenido en busca de activos en el sector de las telecomunicaciones, ya hizo lo mismo con Telecable y Euskaltel. El fondo compró en 2015 la asturiana por unos 640 millones de euros euros, para venderla dos años después a la vasca por casi 700, más una participación del 15% que, con el tiempo, fue aumentando. La firma se desprendió de su 21% en 2021 por 2.000 millones. Por el camino, ajustes de costes con salidas de personal y precios a derribo. Su artífice, José Miguel García, primer ejecutivo de Euskaltel, ya ha sido anunciado como consejero delegado y hombre fuerte de Zegona en la nueva Vodafone. “Va a triturar los precios”, se avisa desde un competidor. Cuando todavía no está ni siquiera rodada la fusión de Orange y MásMóvil, no falta quien ya especula con que los restos del naufragio de Vodafone, cuando toque achatarrarla del todo y Zegona decida darle el pase para generar plusvalías, terminarán en el zurrón de Digi con el fin de conformar una única empresa y volver a poner en marcha el círculo maldito de los cuatro operadores promovido desde el corazón de Europa por Margrethe Vestager.
Precisamente la integración Orange-MásMóvil, consagrada hace apenas días por Bruselas, ha provocado también una reflexión de calado dentro del Ministerio de Transformación Digital, que, recién alumbrado, ha visto cómo todo el guiso se cocinaba allende las fronteras españolas. De hecho, fuentes conocedoras del proceso explican que el ministro Escrivá intervino de urgencia ante la Comisión para evitar que la cesión de frecuencias a Digi, el receptor del espectro al que renuncian las fusionadas para librar el yugo de las autoridades de competencia, fuera más allá de lo deseable para el Ejecutivo. Se desliza, entre bambalinas, que ese espectro, sin duda estratégico, es de titularidad nacional, no comunitaria, y no se comparte ni el entusiasmo de los próceres europeos en reforzar unilateralmente a la compañía rumana -cuyo desempeño no brilla por su transparencia-, ni la ausencia de voz y voto del Gobierno español en el episodio, con cuestiones clave como el precio sobre la mesa.
En ese punto, no sería extraño que en los intereses de Escrivá confluyeran las necesidades estratégicas con la obligación de dotar a un sector capital de sentido industrial, más allá de operaciones especulativas. Por ejemplo y al margen de Bruselas, bien puede poner en un brete a la nueva Orange-MásMóvil y reclamarles compromisos de inversión a largo plazo, o poner la lupa de verdad sobre lo que sucede detrás del telón en las Digi, Zegona o de la Avatel que asoma. Tendrá que hilar fino, eso sí, para, sin ahuyentar la inversión, mostrarse firme sobre la hoja de ruta que preserve el interés nacional a medio plazo. El anuncio esta misma semana de crear una Sociedad Estatal de Transformación Estatal (SETT), que movilizará 20.000 millones en fondos para el sector tecnológico, ha sido recibido con notable entusiasmo por el sector digital, más por el hecho de poner orden en el cajón de sastre de los dineros europeos que por la novedad de las cuantías. Mano de hierro en guante de seda.
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