Sin seguridad financiera no hay sistema bancario
La banca y las teleoperadoras deben cooperar en la búsqueda de una solución para las estafas telefónicas, pero el Gobierno debe liderar la lucha contra toda delincuencia
Las estafas a los clientes bancarios realizadas mediante la suplantación de la entidad financiera o de alguno de sus representantes están creciendo a un ritmo exponencial y constituyen una amenaza muy seria para la seguridad de los ahorros y la protección de los intereses de los consumidores. En España, Gobierno, bancos y teleoperadoras están en alerta por la avalancha de casos que se están produciendo desde la segunda mitad del año pasado, perpetrados mayoritariamente por vía telefónica y que dejan a la víctima de la estafa en un estado de indefensión financiera, por la dificultad de que el banco se haga cargo de la incidencia y cubra la estafa, salvo si se trata de clientes con grandes patrimonios o de un fraude de magnitud desorbitada.
El hecho de que este tipo de estafas exijan la entrega de datos personales por parte del cliente y no estén relacionadas con la seguridad operativa de la entidad pone en cuestión que esta tenga la obligación legal de hacer frente a la pérdida. No existe todavía una jurisprudencia que haya sentado criterios sobre estos casos, aunque es probable que la haya en un futuro cercano y que sea el propio Tribunal Supremo el encargado de abordarla.
El problema, sin embargo, es que la multiplicación de este tipo de estafas no puede esperar a una solución jurisprudencial que, en cualquier caso, ya llega tarde, dada la cantidad de casos producidos en los últimos meses. Precisamente por ello, el Gobierno, junto a las compañías telefónicas y el sector financiero, trabajan para encontrar una solución técnica y normativa que permita autentificar las llamadas o bloquear a los estafadores, así como para buscar una fórmula de compensación a las víctimas que pierden sus ahorros. Es la vía que ha emprendido Reino Unido, donde el año pasado se impulsó una prueba piloto en la que participaron los principales bancos, teleoperadoras y compañías tecnológicas, como Meta, Google y Microsoft, con el fin de recopilar información sobre los estafadores y cerrar sus operaciones fraudulentas.
Más allá del debate sobre quién debe responder de los daños de la estafa y sobre el cuidado que debe tener el cliente medio con el uso de sus datos, la seguridad financiera es un valor fundamental para el funcionamiento del sistema bancario. No hay duda de que la banca y las compañías de telefonía deben poner todos los medios para cooperar en la búsqueda de una solución, pero es al Gobierno a quien corresponde el papel irrenunciable de liderar la lucha contra la delincuencia en todos los órdenes.
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