Las normas tecnológicas de la UE generarán clics, no competencia
Su presión sobre las ‘big tech’ está más centrada en la variedad de competidores que en el beneficio del usuario
Los organismos de control de la UE están tan frustrados con el dominio de las grandes tecnológicas que han dado un giro a su enfoque tradicional de la regulación. En lugar de intentar demostrar que las prácticas existentes perjudican a los usuarios, las nuevas normas digitales exigen a las empresas líderes del mercado que simplemente abran sus sistemas. Pero al centrarse en la competencia entre proveedores en lugar de en si los consumidores se benefician, el principal resultado puede ser simplemente más clics frustrantes.
Alphabet, Meta, Apple, Amazon, ByteDance y Microsoft son los primeros objetivos de la Ley de Mercados Digitales, una norma de 2022 que exige a los llamados servicios “guardianes” que abran sus “jardines amurallados”. En septiembre, la UE identificó 22 productos de las seis firmas, entre ellos el buscador Google Search, redes sociales como Facebook y TikTok, y navegadores como Chrome y Safari.
También se incluyen los sistemas operativos Google Android, Windows PC y Apple iOS, e intermediarios como Amazon Marketplace. Las empresas designadas tienen hasta marzo para demostrar que están haciendo lo necesario para que los desarrolladores de terceros tengan acceso a sus plataformas y para que los consumidores no se vean metidos con calzador en demasiadas opciones predeterminadas. ByteDance, Meta y Apple ya han presentado recursos.
Pero abrir la puerta no garantiza que alguien la atraviese. Si no surgen nuevas empresas, o si los consumidores son reacios a abandonar marcas conocidas o a pagar nuevas cuotas de suscripción, la UE acabará añadiendo papeleo y molestas capas de “pantallas de elección” en lugar de crear más competencia.
Bruselas regula el acceso, no los resultados. Al diseñar las nuevas normas, la UE ha recurrido a una definición de competencia que se centra en el número de empresas y no en lo que puede ser mejor para los clientes. Este marco consideraría una victoria que servicios antes gratuitos como Facebook e Instagram empezaran a cobrar tarifas, porque entonces las empresas ya no tendrían vía libre para acaparar y monopolizar los datos de los clientes.
Pero puede que los consumidores no den la misma importancia que los reguladores a la disgregación del mercado, sobre todo si conlleva costes adicionales. En cambio, puede que les molesten las tarifas de suscripción sigilosas que empiezan siendo opcionales, pero acaban siendo inevitables para el uso cotidiano. Y es posible que lamenten el tiempo que se tarda en hacer clic en las casillas “elige tu (…) predeterminado” en lugar de disfrutar de las ventajas de cambiar de buscador o de tienda de aplicaciones.
Sin duda, es posible que una mayor competencia reduzca los costes en ciertas áreas. Si, por ejemplo, los buscadores se quedaran con una parte menor de los ingresos de las compras online impulsadas por la publicidad, los minoristas podrían bajar sus precios. Los litigios antimonopolio de EE UU han demostrado que en 2021 Google pagó 26.000 millones de dólares a Apple, Samsung y otros para mantener su dominante buscador en teléfonos y navegadores: ese dinero podría cambiar de manos si los clientes tuvieran más capacidad para elegir sus propias opciones.
Pero existe el riesgo de que la UE acabe ignorando las lecciones de sus regulaciones más populares, como la que redujo el coste de la itinerancia (roaming) transfronteriza de los móviles, y redoble la apuesta por normas que priman los resultados normativos sobre las experiencias de los ciudadanos. El Reglamento General de Protección de Datos es un buen ejemplo.
El RGPD cuenta con el apoyo general en Europa por su compromiso con el “derecho al olvido”, que otorga a los consumidores el poder de eliminar sus datos de ciertos buscadores. En el resto del mundo, sin embargo, es conocido sobre todo por las interminables pantallas de consentimiento de cookies que obligan a los consumidores a aceptar, rechazar o personalizar el código de seguimiento de datos de las webs que visitan.
Los usuarios europeos lo han aceptado como el precio de la privacidad, pero no ha sido así en todo el mundo. Algunas webs de fuera de la UE acaban de hacer sus páginas inaccesibles en el mercado de los 27, y la mayoría de los demás han añadido esas casillas de clic para sus usuarios de todo el mundo. Muy pocos consumidores tienen la capacidad, o el tiempo, para tomar decisiones significativas.
En todo caso, las costas judiciales pueden eclipsar en 2024 los cambios en el mercado, a medida que las grandes firmas desplieguen impugnaciones a las nuevas normas y requisitos. Eso significa que Bruselas tendrá que colaborar con las compañías en la aplicación de sus reglas –lo cual podría diluir su impacto–, o prepararse para una década de litigios contra firmas con algunos de los bolsillos más hondos del planeta.
Lo que está en juego puede hacer que todo el ejercicio merezca la pena. Pero para ganarse la confianza del público, la Comisión tendrá que empezar a prestar atención al precio.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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