Una revisión razonable del impuesto a la banca
La decisión de dar un giro al tributo extraordinario se justifica por razones técnicas y por el cambio de circunstancias, pero apunta también a la voluntad de abrir una nueva etapa de relación con el sector
El anuncio del Gobierno de que estudiará dar un giro al impuesto extraordinario a la banca ha generado ya los primeros desacuerdos en el seno del Ejecutivo de coalición, aunque la decisión abre un debate necesario sobre ciertos aspectos técnicos del tributo y sobre el contexto en el que fue aprobado. El paso adelante del Gobierno, confirmado por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, apunta además a la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de abrir una nueva etapa en la relación con las empresas en general y con el sector financiero en particular, tras una última legislatura plagada de tensiones y de ataques a las empresas, especialmente desde el ala más radical de la coalición gubernamental. Una división que ha vuelto a escenificarse en la respuesta dada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, al anuncio de Calviño, en la que la líder de Sumar recuerda que mantener el impuesto a la banca forma parte del acuerdo de coalición de gobierno que su grupo firmó con el PSOE.
La justificación de Calviño para abordar la revisión es que “las circunstancias han cambiado”, en alusión al final del vertiginoso rally de subidas de tipos de interés, diez consecutivas, que el BCE ha llevado a cabo contra la inflación y que ha engordado considerablemente el margen de negocio y los beneficios del sector financiero. El impuesto aprobado por el Gobierno, a priori con un carácter temporal de dos años, grava con el 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de aquellos bancos que en 2019 obtuvieran ingresos por al menos 800 millones de euros, para recaudar unos 2.600 millones entre 2022 y 2023.
La moderación de la política monetaria del BCE es un argumento justificado para revisar la arquitectura del impuesto, que ha resultado problemática por la decisión de gravar los ingresos en lugar de los beneficios, tal y como advirtió el Banco de España y el BCE, además de la propia banca, y que constituye un argumento de peso para su reforma.
A día de hoy, la salud financiera de la banca española no solo es buena, sino holgada, y con capacidad suficiente para soportar la presión impositiva. Las reservas de capital que acumulan las principales entidades ascienden a 171.000 millones, 46.000 millones de lo requerido por Fráncfort. Pero esa circunstancia no justifica mantener un diseño cuestionable, que se defendió políticamente por una situación extraordinaria, y que si se quiere mantener en las circunstancias actuales parece necesario revisar.
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