Impasse político… y vaguedades programáticas laborales
La falta de concreción de las propuestas de PP y PSOE las hace homologables. No se trata solo de decir lo que hay que hacer, sino de cómo va a hacerse
El bloqueo político derivado del resultado de las elecciones generales del 23J en España y la imposibilidad de un acuerdo entre las dos formaciones más votadas (PP y PSOE) nos sitúan en un ínterin marcado por la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y las actuales negociaciones para que Pedro Sánchez pueda intentar la propia. En tal contexto, analizamos aquí las propuestas que formulan, en pleno compás de espera sobre el desenlace del futuro político del país, las dos formaciones mencionadas en lo relativo a la gestión del mercado de trabajo y el empleo.
Así, por parte de una de las dos grandes formaciones políticas cabe destacar las siguientes medidas: puesta en marcha de una reforma de las políticas activas de empleo incrementando la relación entre sus gestores y el tejido empresarial; revisión y actualización del salario mínimo interprofesional en el marco del diálogo social; revisión y mejora de las condiciones de acceso al ingreso mínimo vital y la de su efectividad como herramienta de inserción laboral; impulso a las medidas que favorezcan la contratación y la inserción laboral de los jóvenes; puesta en marcha de medidas que faciliten la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones; dotación de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores introduciendo cuentas individuales que puedan usar como elemento de apoyo ante las contingencias de su vida laboral; promoción y apoyo al trabajo autónomo facilitando su sostenibilidad financiera y buscando mejorar sus condiciones laborales y de cobertura social; y diseño de un plan para favorecer la conciliación familiar y la flexibilidad en el horario de trabajo dirigido a reducir el desempleo femenino.
Se trata, y queremos poner énfasis en ello, de unas medidas tan genéricas que podrían formar parte de las propuestas de la otra gran opción política con posibilidades de acceder al Gobierno del Estado. Una opción que, por su parte, formula un conjunto de propuestas que, aunque de entrada pueden parecer más concretas, no dejan de constituir un nuevo catálogo de criterios generales sin mayor concreción sobre cómo implementarlos: pacto por el pleno empleo que acelere el círculo vicioso entre formación y colocación y que aproveche el impulso de la inversión en fondos europeos; acciones dirigidas a alinear los niveles del desempleo al 8% de carácter estructural en línea con la media europea; integración de los sistemas de gestión del sistema público de empleo y el de la Seguridad Social con el propósito de mejorar los mecanismos de ajuste entre oferta y demanda de empleo; creación de un sistema integrado de información y de inteligencia artificial que permita alinear las vacantes con los perfiles profesionales de los desempleados; impulso a las iniciativas dirigidas a facilitar la contratación de jóvenes y la recualificación del talento senior (incluido el desarrollo de los programas cortos de formación y cualificación); incremento de las opciones y de la oferta de Formación Profesional con atención especial a las necesidades de las pymes; potenciación del diálogo social como elemento central de la gobernanza de las relaciones laborales; y revisión y reforma de los sistemas de protección activa para los desempleados de larga duración.
En resumen, insistimos en la idea, un conjunto de propósitos genéricos, perfectamente homologables e intercambiables, dirigidos a abordar alguno de los déficits estructurales más relevantes de nuestro mercado de trabajo, pero sin que aparezcan medidas concretas sobre las acciones concretas que van a llevar a cabo. Constatamos asimismo que no aparece ninguna referencia a la modificación y/o revisión de los cambios introducidos por la última reforma laboral, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la XIV legislatura y aprobada, recordémoslo, por un voto formalmente equivocado, en el Congreso de los Diputados. Y un apunte suplementario: sería un error dejar pasar la oportunidad que aquí supone la presencia de los Fondos Next Generation y desaprovechar las herramientas tecnológicas hoy disponibles para mejorar los niveles de eficacia y eficiencia y evaluar los resultados alcanzados.
Es importante señalar que en este ámbito no se trata solo de lo que hay que hacer, sino de cómo llevarlo a cabo. Y es aquí, en las acciones concretas que no se detallan, donde podrían aparecer las verdaderas diferencias conceptuales e ideológicas entre ambas formaciones políticas. Por citar un ejemplo, podemos centrar nuestra mirada en la última de las propuestas del listado anterior: estamos convencidos que sí que es posible que surjan grandes diferencias en cómo articular los sistemas de protección activa para un colectivo como el de los desempleados de larga duración que, no debemos olvidar, ya supone casi la mitad del desempleo existente en nuestro país.
Con voluntad propositiva, planteamos una serie de medidas (podrían aplicarse de forma inmediata y sin grandes costes en su puesta en marcha: son de fácil implantación, no exigen grandes reformas legislativas, tienen un impacto real inmediato, permiten su evaluación en el corto plazo y, planteadas desde una visión holística del problema, se han formulado tomando en cuenta los criterios de criticidad y viabilidad). A saber: nueva regulación legal para prácticas laborales, contratos formativos y colectivos en riesgo de exclusión; redefinición de los criterios de acceso de empresas/contratantes y de los candidatos a los datos del Sistema Público de Empleo; creación de modelos de datos y algoritmos basados en la IA que faciliten la eficiencia en la gestión; consolidación de la función y el perfil competencial de los/as orientadores laborales; establecimiento de dinámicas y mecanismos que conecten el mundo educativo con el organizativo/empresarial; definición de una estrategia que permita implantar el modelo de formación dual en todos los entornos educativos; y desarrollo de una iniciativa para el análisis y el conocimiento de las mejores prácticas en recursos humanos, entre otros. ¿Estará el nuevo Gobierno por la labor?
Josep Puigvert y Pau Hortal son presidente y vicepresidente de la Fundación Ergon
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