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La Lupa
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Propuestas económicas de Feijóo que Sánchez podría adoptar

El líder del PP lanzó en su no investidura ideas que puede recoger el del PSOE, aunque suponen más gasto en contexto de ajuste

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (izquierda), y las vicepresidentas en funciones, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, durante la primera sesión del debate de investidura del candidato popular Alberto Núñez Feijóo (en primer plano) a la Presidencia del Gobierno, el 26 de septiembre.Kiko Huesca (EFE)

El discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha pasado sin pena ni gloria, puesto que no ha conseguido su objetivo, algo que su autor sabía antes de pronunciarlo. Aunque pareció una moción de censura preventiva al posible pacto de la coalición PSOE-Sumar con nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, en su interior contenía cuatro propuestas de pacto de Estado: por la economía, las familias, el estado del bienestar y el agua. Pedro Sánchez podría recuperarlas, e incluso tener la habilidad de reconfigurarlas para devolvérselas al PP como un gran pacto nacional en materia económica, que es lo que proponía Feijóo. Estas son las medidas económicas más interesantes que puede rescatar Sánchez, puesto que suenan más a socialdemócratas que a conservadoras.

Medidas fiscales

-IRPF. Reducirlo a las rentas bajas y medias (con ingresos inferiores a 40.000 euros).

-IVA. Extender temporalmente la rebaja que tienen algunos alimentos a la carne, pescado y conservas. Mantener el tipo reducido a la electricidad y el gas hasta que haya un control efectivo de la inflación.

-Exenciones. Que los pequeños emprendedores no paguen impuestos en los dos primeros años de actividad.

-Desgravaciones para las nuevas inversiones, especialmente para la adaptación al cambio climático, a la digitalización y para inversiones de innovación.

-Medio rural. Hacer más atractiva la vida en los pueblos, con una política de impuestos cero en estos entornos.

-Impuesto extra a los bancos. Que los recursos que se recaudan con este impuesto los inyecten los bancos a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria.

-Salario Mínimo Interprofesional. Aprobar en el seno del diálogo social un calendario de subida, con criterios objetivos, para alcanzar el 60% del salario medio.

-Reforma de la Administración. Desarrollar un Plan de Facilidades Administrativas, ampliar el procedimiento de declaración responsable, generalizar el silencio administrativo positivo o asumir el compromiso de eliminar tres normas vigentes por cada nueva que se apruebe.

Empleo

-Estrategia Nacional de Formación, con las Comunidades, con todos los centros de formación que puedan implicarse en esta tarea y con las empresas.

-Plataforma Nacional de Vacantes Laborales de obligada adhesión para casar adecuadamente oferta y demanda.

-Semana laboral flexible y banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas en períodos no lectivos.

Fondos europeos

-Oficina de Proyectos Industriales Estratégicos y un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de las startups.

-Renegociar los mecanismos para inyectar los fondos más ágilmente (por ejemplo, vía deducciones fiscales) en sectores clave: industria, agricultura, ganadería, pesca y turismo.

-Cogobernanza. Que las Comunidades participen en su planificación, así como los agentes sociales y económicos y el Parlamento.

Ayudas directas

-Familias. Aportación extraordinaria de 6.000 millones, con ayudas a las familias numerosas, monoparentales y a las más vulnerables, para facilitar su acceso a la vivienda, incrementar las ayudas de conciliación.

-Transporte. Gratuidad del transporte público, estudiando con la Agencia Tributaria un método para que su aplicación se haga con límite de renta.

-Entrega de 200 euros para los más vulnerables.

Medidas sociales

-Ley de Educación estable. Negociar con las fuerzas políticas, la comunidad educativa y la sociedad civil una norma que se garantice que no se va a cambiar por el Gobierno siguiente.

-Escuelas infantiles gratis de 0 a 3 años.

-Contratos-programa con todas las Comunidades para garantizar la igualdad de oportunidades.

-Plan de Tutorías para dar apoyo individualizado a los alumnos que lo precisen.

-Rehabilitación de colegios. Plan renove de centros educativos, que tienen una media de 45 años.

-Educación especial. Mantenerla para las familias que la deseen.

-Control del acceso tecnológico. Establecer por ley mayores barreras a los menores para el acceso a contenido no deseado.

-Convocatoria extraordinaria de MIR para médicos de familia en atención primaria.

-Médicos rurales. Primar salarialmente a los sanitarios dispuestos a ejercer en pueblos pequeños.

-Salud mental. Dotarla de más médicos, centrados en la atención temprana.

-Ocupaciones de viviendas. Cambiar la ley para obligar a desocupar en 24 horas.

-Revalorización de las pensiones. Garantizar siempre y en cualquier circunstancia su revalorización. Ni congelar ni reducir. Y blindar su suficiencia.

Agua

-Acuerdo Nacional del Agua con inversión de 40.000 millones en seis años.

-Red estratégica con gestión integrada y gobernanza adaptada al siglo XXI.

-Modernización de infraestructuras, presas y canales, para adaptarlas a las necesidades actuales.

-Regadío. Plan de actuación para un uso más eficiente del agua.

Es llamativo que todas las medidas que planteó Feijóo impliquen en la práctica más gasto público y menos ingresos, lo que no es coherente con que presente este Gobierno como derrochador. “Lo más lamentable e irresponsable: tenemos una deuda pública desorbitada”, dijo. Lleva razón cuando dice que haber alcanzado una deuda de 1,5 billones, un 110% del PIB, “nos hace muy vulnerables en el contexto europeo de recuperación de las reglas fiscales” y, se le olvida decir que esto sucede con altos tipos de interés por tiempo impredecible.

En 2021, el coste medio de la deuda emitida por el Estado fue del -0,04%, frente al 3,33% de los nueve primeros meses de este año, según el Observatorio de Deuda de la Airef. Esto ha hecho que el coste medio de esa masa de 1,5 billones haya pasado del mínimo histórico del 1,64% hasta el 2,02%, lo que implica un gasto de 5.550 millones más en el pago de intereses, hasta 31.595 millones, lo que representa un 2,3% del PIB. La Airef prevé que en 2026 el coste de la deuda de las administraciones públicas equivaldrá al 2,9% del PIB.

Por tanto, esta mayor carga de la deuda y la necesidad de volver al carril de la racionalidad en el gasto público hacen prever que los próximos Presupuestos van a requerir una labor quirúrgica olvidada, que combine gastos e inversiones imprescindibles con recortes de grasa.

Aurelio Medel es periodista. y doctor en Ciencias de la Información

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