El Perte de descarbonización, una nueva oportunidad para la industria agroalimentaria

El balance provisional del Perte agro ha arrojado un efecto limitado, pero hay una opción complementaria para financiar proyectos del sector

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia continúa su curso. La aprobación de la adenda por parte de la Comisión Europea es un gran paso hacia adelante y evidencia que el Perte está vivo y que le queda un largo camino por recorrer. En ese camino está y debe estar la cadena agroalimentaria, fundamental para la economía de nuestro país, cuya transformación en una cadena más digitalizada y sostenible determinará su liderazgo en los próximos años como sector estratégico tanto para España como para Europa.

La experiencia que comenzó con el Perte vehículo eléctrico y que ha continuado con otros, como el Perte agro, ha permitido extraer lecciones y necesidades del sector privado a la hora de poder concurrir de manera efectiva a las diferentes convocatorias. La resolución provisional de la última convocatoria industrial del Perte agro, publicada el pasado 15 de septiembre, demostró que, si bien salió adelante con 13 proyectos tractores aprobados de los 22 presentados, existe todavía un amplio margen de mejora de las condiciones y requisitos de las ayudas para conseguir un éxito completo en la adjudicación de fondos públicos europeos.

La resolución provisional ha evidenciado algunos inconvenientes en la concesión de las ayudas del Perte agroalimentario que han limitado el pretendido efecto transformador sobre el sector:

1. La no elegibilidad de las inversiones: la desestimación de muchos proyectos primarios con importantes inversiones en sostenibilidad no ha estado suficientemente justificada, lo que ha dificultado la presentación de argumentos eficaces en el plazo de alegaciones por parte de las empresas.

2. Los proyectos de sostenibilidad del Perte agro aprobados, en términos generales, han recibido una intensidad en las ayudas por debajo de la media, y muy inferiores a los proyectos I+D, que han sido los que han obtenido una mayor financiación.

3. El alto porcentaje de proyectos desestimados es, sin duda, una mala noticia para el Perte agro. Las agrupaciones con proyectos tractores finalmente desestimados han realizado un esfuerzo construyendo una infraestructura de trabajo orientada al Perte que no ha tenido la recompensa esperada y que tendrá que ser adaptada a nuevas convocatorias.

Sin embargo, la industria alimentaria tiene ante sí otra oportunidad de financiación de proyectos, complementaria a la del Perte agro, para ayudarles en la transformación de su actividad productiva: el Perte de descarbonización industrial y, en especial, su línea transversal de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera.

Las empresas de la industria alimentaria podrán presentarse a la primera convocatoria de la línea A del Perte de descarbonización, que se ha anunciado que contará con 1.000 millones de euros entre subvenciones (500 millones) y préstamos (500 millones), y que se centrará en el apoyo de proyectos de inversión que tengan por objetivo la descarbonización de la industria, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este Perte puede ser una gran oportunidad para que la industria alimentaria acometa sus proyectos de transición energética, mejore su competitividad y consiga avanzar en la consecución de sus objetivos medioambientales. No obstante, para que un sector de tan alta complejidad como el alimentario pueda concurrir con eficacia, es necesario que sus necesidades sean valoradas y tenidas en cuenta. Las lecciones aprendidas desde el Perte vec y especialmente con el Perte agro nos indican claramente las necesidades del sector para concurrir con éxito.

Ha sido notoria la dificultad para establecer consorcios con la participación de las pymes. La histórica estructura empresarial del sector, con prevalencia de la pequeña y mediana empresa, no ha conseguido finalmente incorporarse a proyectos tractores liderados por grandes empresas. Las causas se intuyen variadas y complejas, pero este resultado debe ser tomado en consideración. Se hace preciso, por tanto, favorecer la presentación individual de proyectos, aunque se fomente una concurrencia en agrupación. Esta posibilidad permitiría a las empresas evitar las dificultades propias de la gestión de la gobernanza de agrupaciones complejas, como en el caso del Perte agro y vehiculizar mejor la participación de las pymes.

Flexibilizar aún más los avales es otra medida especialmente adecuada para que las pymes puedan encontrar más incentivos para su entrada, teniendo en cuenta su particular déficit de capitalización en estos momentos.

Acogerse al régimen general de exención por categorías (RGEC) recientemente reformado permite lograr dotaciones amplias para los proyectos y la percepción de las intensidades de ayudas más altas que se permitan. En este caso, las condiciones serían más beneficiosas para las empresas en el nuevo Perte de descarbonización.

Flexibilizar los plazos de ejecución de los proyectos en la medida en que los hitos y objetivos del Plan de Recuperación comprometidos con la Comisión Europea puedan cumplirse sin verse afectados por la futura convocatoria, es otro elemento a tener en cuenta debido a las restricciones temporales existentes para ejecutar los proyectos antes de 2026.

Permitir la financiación de obra nueva siempre que esta incida en los objetivos de descarbonización del Perte. Este es probablemente el cambio más necesario que deben contemplar las convocatorias de este Perte en comparación con el Perte agro. Numerosas inversiones en sostenibilidad y eficiencia energética han sido desestimadas en el Perte agro, pese a lograr una disminución de las emisiones generadas. El Perte de descarbonización sería así un complemento perfecto para que la financiación a las inversiones prevaleciese sobre las que se obtiene por I+D.

Simplificar las obligaciones legales para eliminar trabas burocráticas es un camino que siempre hay que recorrer, para que, sin afectar a las necesarias garantías de cumplimiento legal de la normativa, la entrada efectiva del sector privado en estas convocatorias no se desincentive en la práctica con ordenamientos alejados de la realidad productiva.

En definitiva, se hace preciso convertir el Perte de descarbonización en una nueva ventana de oportunidad para que la industria agroalimentaria del país pueda proseguir en sus esfuerzos por lograr un sector más autónomo y con una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente que le permita competir en las mejores condiciones tanto en nuestro mercado interior como en los cada vez más exigentes mercados internacionales.

Fernando Moraleda es director de la Oficina NextGen Agro en LLYC

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