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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Un reto interesante, aunque no sea factible para todos

Probablemente no todas las empresas puedan aplicar una jornada de 37,5 horas, pero para aquellas que sí puedan es una propuesta que vale la pena considerar

CINCO DÍAS
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones, firman el acuerdo entre PSOE y SUMAR en el Museo Reina Sofía, en Madrid.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones, firman el acuerdo entre PSOE y SUMAR en el Museo Reina Sofía, en Madrid.Samuel Sánchez

La propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin rebaja de salario, incluida en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar, ha puesto en pie de guerra a las patronales empresariales. El descontento se ha plasmado en un comunicado conjunto, de CEOE, Cepyme y ATA, en el que se critica el impacto negativo de la medida para la actividad empresarial, especialmente en pymes y autónomos, “y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo”.

La propuesta de 37,5 horas constituye el primer escalón de la hoja de ruta diseñada por Sumar, que aboga por un recorte progresivo a lo largo de unos diez años para llegar a una jornada laboral de 32 horas en 2032, en línea con la semana de cuatro días que se ha implantado con éxito en algunos países, como Reino Unido e Islandia, y ha fracasado en otros, como Francia.

La medida que contiene el acuerdo que han firmado ambos partidos debería servir para poner sobre la mesa el interesante debate sobre la relación que existe entre la reducción de horas de trabajo, la productividad y los costes laborales. Mientras en sectores con un alto nivel de equipamiento tecnológico parece factible mantener la productividad, o incluso aumentarla, con menos horas de actividad, en otros, como en el de los servicios y en pequeñas empresas, la ecuación se complica considerablemente.

La respuesta de las patronales y su radiografía sobre los efectos macroeconómicos de la medida es una cuestión que admite debate, pero lo que resulta menos discutible es el hecho de que, en materia de organización del trabajo, no suele funcionar el café para todos. Lo que va bien en un sector puede resultar inaplicable en otro y reducir jornada sin reducir salario no está al alcance de todas las empresas. Las patronales han recordado, y tienen razón, que la propuesta entra de lleno en cuestiones de negociación colectiva, tanto es así que el primer escollo que la medida deberá superar es ser negociada en el marco del diálogo social. Pero también se han mostrado abiertas a la posibilidad de explorar “nuevas fórmulas de reparto” de trabajo y descanso en el marco de la negociación colectiva, con la vista puesta en el objetivo de la conciliación.

Una jornada de 37,5 horas es una propuesta lo suficientemente moderada como para no descartar de un plumazo, pero hay que analizar su efecto en aspectos como la productividad, la competitividad y la factura del coste laboral de cada empresa. No todas podrán aplicar el recorte, pero en el caso de aquellas que sí puedan se trata de un reto que merece la pena considerar.


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