¿Invertir en renovables? De la curva de pato al cisne negro
En el actual entorno de incertidumbre, el sector no va a ser capaz ni de mantener el crecimiento de los últimos años ni de cumplir con los objetivos fijados
El presente y el futuro es y será renovable. Necesitamos un proceso intensivo y continuo en inversión que demanda la existencia de un marco predecible de operación y de seguridad jurídica para que el retorno de lo invertido se produzca, según lo previsto, a lo largo de la vida útil de las instalaciones, con el objetivo de que la repercusión en el coste final de la energía producida para los consumidores sea el menor posible.
La rentabilidad exigida y la decisión de invertir dependerá del resultado del análisis de riesgos y de superar los miedos y las incertidumbres existentes. Los riesgos, a los que se enfrenta cada inversión renovable, deberían analizarse desde cinco grandes aspectos: la estabilidad regulatoria, la concreción de los actos administrativos, el comportamiento y la evolución en el tiempo de la tecnología, los cambios en el funcionamiento del mercado y el mantenimiento de la aceptación social. En la mayoría de los casos, la trazabilidad y visibilidad de lo que vaya a suceder es difícilmente evaluable porque las incertidumbres están tomando demasiada relevancia, tanto por la velocidad de crecimiento, como por la falta de políticas transversales que acoten la aparición de fenómenos no previstos.
En lo que respecta a la estabilidad regulatoria, a lo largo de la breve y exitosa historia del desarrollo renovable, ya hemos sufrido la pérdida de la seguridad jurídica, con efectos retroactivos, con los cambios normativos acaecidos entre 2009 y 2014, que supusieron pérdidas económicas y poner en tela de juicio que España fuera un país idoneo para invertir. Aunque los cambios regulatorios con efectos retroactivos ya no son posibles, si nos atenemos a lo establecido en la directiva de renovables de 2018, no hemos resuelto todavía ni la mayoría de los casos sujetos al arbitraje internacional ni la restitución de derechos de los inversores españoles que no pudieron acogerse a la Carta de la Energía. Necesitamos no solo seguridad jurídica, sino estabilidad regulatoria, y no ayuda que desde junio de 2021 a diciembre de 2022 se hayan aprobado 11 RDL que han modificado el marco en vigor de las inversiones renovables.
La falta de trazabilidad y previsibilidad de los actos administrativos esperados para la obtención de los permisos resta certeza para planificar nuevas inversiones. Ha quedado en evidencia que el ritmo, la capacidad y los medios de la administración competente son insuficientes para alcanzar los objetivos comprometidos y que no es cuestión de acelerar los procesos, aligerando su tramitación, como con el RDL 20/2022, acallando la posición de los territorios afectados, o ampliando, de forma continua, el vencimiento de los plazos fijados para la obtención de los permisos.
En cuanto a la evolución del mercado, nuestra apuesta por las renovables, con objetivos de nueva potencia, está ya introduciendo incertidumbres de difícil evaluación y cuantificación, porque su desarrollo no solo depende del ritmo de instalación de potencia, sino también del crecimiento y gestionabilidad de la demanda de electricidad, de la capacidad de almacenamiento o de la modernización de las redes. La aprobación de la actualización del PNIEC en junio de este año y la inclusión de 47.000 MW adicionales en 2030 en eólica y fotovoltaica, llevan consigo la duda de si vamos a poder alcanzar el ritmo necesario para realizar con éxito la transición energética.
El inversor renovable que ha elegido ir al mercado está descontando que si la demanda de electricidad no crece y el almacenamiento no se despliega, los precios, sobre todo en la fotovoltaica, serán mucho más reducidos que los que incluía en su plan de negocio y que la incipiente curva de pato que refleja el desequilibrio en el tiempo entre la demanda y la producción de electricidad de origen renovable, será cada vez una realidad más acusada y frecuente.
Por otro lado, las ofertas de precio de la subasta pay as bid de enero de 2021, que fijaron un valor medio para la fotovoltaica y la eólica en el entorno de los 25 €/MWh, empiezan a percibir que en el precio ofertado no habían previsto la posible aparición de cisnes negros en el proceso de desarrollo de sus inversiones, tanto por la no trazabilidad en la obtención de los permisos para alcanzar el ready to build, como por la aparición de una creciente oposición social o la incertidumbre de cuál va a ser el volumen de los vertidos conforme se vayan desarrollando diferentes iniciativas y se limite la capacidad de evacuación real de cada nudo. La proyección de esta situación supondrá precios de cierre en futuras subastas muy por encima de los del pasado, sobre todo si nos atenemos a las proyecciones medias de producción por MW instalado que fija el PNIEC para 2030, 1.787 horas de funcionamiento netas (HEN) para la eólica y 1.372 HEN para la fotovoltaica, que, al margen de su credibilidad, introducen dudas sobre si vamos en la dirección adecuada.
La realidad es que el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico reclama un cambio profundo tanto en el abandono del mercado marginalista, contraproducente con un mix mayoritariamente inframarginal, como en la aparición de nuevos mercados que permitan desarrollar el almacenamiento, por el lado de la oferta y de la demanda, y la disponibilidad de instalaciones de respuesta rápida. Una situación que esperamos se pueda mitigar con la propuesta aprobada por el gobierno para regular los mercados de capacidad, cuyo periodo de alegaciones finaliza el próximo día 27 de octubre.
Por las incertidumbres que flotan en el ambiente, el desarrollo de las renovables no va a ser capaz ni de mantener la tendencia de crecimiento de los últimos años ni de cumplir con los objetivos fijados. Las certezas que requiere la transición energética renovable no son visibles en nuestro actual modelo de desarrollo y si no actuamos de forma transversal y amplia veremos cómo, cada día, los riesgos a evaluar dejarán paso a la aparición de incertidumbres y lo que hasta ahora era la preocupación por la curva de pato de los precios se convertirá en un cisne negro que ralentizará la necesaria transición energética.
Fernando Ferrando es presidente de Fundación Renovables
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