La segunda oportunidad para un fondo de soberanía europeo de tecnologías críticas
En los últimos años, la política tecnológica europea ha sido una amalgama de iniciativas defensivas nacidas de la frustración, y urge una respuesta
Mirémonos en el espejo sin miedo y no nos escondamos del reflejo de nuestra imagen. Europa está perdiendo el control de las infraestructuras y aplicaciones digitales, críticas para un futuro de desarrollo sostenible y bienestar. La soberanía tecnológica europea queda a cada momento más en entredicho. La estrategia de un poder blando basado en la regulación y ejercer la gendarmería tecnológica ha descuidado su desarrollo industrial en el ámbito digital. Europa descubre asustada, citando palabras del propio Comisario Breton, que los “árbitros no ganan los partidos”.
En los últimos cinco años, la política tecnológica europea ha sido una amalgama de iniciativas defensivas y reactivas nacidas de la frustración. La iniciativa Gaia-X nace del fracaso de una cada vez más irrelevante cuota de proveedores europeos en el mercado de cloud computing, reducida del 25% a menos del 15% en 2017 y 2022. El impulso al desarrollo de la constelación IRIS2, con un par de centenares de satélites, es una reacción tardía a la pujante infraestructura Starlink desplegada por Elon Musk, en funcionamiento con años de antelación y con varios miles de objetos ya en órbita. La Ley de Chips de la Unión Europea es un pálido reflejo de su homónima estadounidense, con la inversión movilizada por la segunda que duplica el optimista cálculo de 100.000 millones de euros impulsado por la primera.
El panorama futuro, sin un cambio radical en las políticas tecnológicas europeas, no parece mucho más alentador. El Instituto Australiano de Política Estratégica (Australian Strategic Policy Institute, ASPI), inició en el año 2021 un análisis de las capacidades científicas y tecnológicas de los bloques económicos, tomando como referencia un conjunto de 44 tecnologías críticas. Bajo esta denominación incluye aquellas tecnologías actuales y emergentes con la capacidad de mejorar significativamente o representar un riesgo para los intereses nacionales de un Estado, incluida su prosperidad económica, cohesión social y seguridad. Los datos publicados por el instituto australiano a comienzos de 2023 no dejan lugar a dudas, en todas ellas, el desarrollo en todas las categorías es liderado por China o Estados Unidos, mientras la cabecera en el ranking de seguidores es disputada por Reino Unido e India. Europa, representada principalmente por Alemania, está en un tercer plano.
El cada vez más pronunciado retraso en la capacidad tecnológica ha sido identificado por la Unión Europea como un riesgo para su seguridad económica. En el marco de su estrategia de minimización de los riesgos futuros, nacida de la cambiante situación geopolítica y sus consecuentes tensiones, ha establecido una lista de tecnologías críticas para la seguridad económica y evaluar sus riesgos con miras a diseñar medidas de mitigación apropiadas. La selección tecnológica -que encabezan semiconductores avanzados, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y biotecnología - ha sido realizada en función de su habilidad transformadora, potencialidad de uso dual y capacidad para vulnerar los derechos humanos. A lo largo del último trimestre de 2023, sobre la selección realizada se identificará y analizará las vulnerabilidades sistémicas europeas y cómo contrarrestarlas.
Cuando de acuerdo con el calendario establecido llegue el final de año y Europa despierte, el dinosaurio seguirá allí. La dependencia tecnológica seguirá siendo el corazón de las vulnerabilidades sistémicas de la Unión, las inversiones masivas y geográficamente equilibradas entre los Estados miembros, una de las recetas centrales para contrarrestarla. Con este fin, la Comisión Europea, desde septiembre de 2022, ha impulsado la creación de un fondo de soberanía europea (FSE) para apoyar al desarrollo, fabricación o fortalecimiento de las respectivas cadenas de valor en la Unión en tecnologías digitales emergentes, tecnologías limpias y biotecnologías. Sin embargo, esta iniciativa fue vista con reticencias por el grupo de Estados frugales, por lo que es necesario pensar en una alternativa más ligera.
El Ejecutivo comunitario está aún lejos de convencer al conjunto de los Estados miembros de la inevitabilidad de un fondo de soberanía efectivo. Por ahora, tan solo ha sido capaz de realizar la modesta propuesta del reglamento por el que se establece una plataforma de tecnologías estratégicas para Europa (STEP). STEP incluye una ampliación limitada de los presupuestos comunitarios de 10.000 millones de euros en los próximos años, y dota de escaso margen a la Comisión Europea para orientar temática y regionalmente las inversiones en capacidades tecnológicas del futuro. Somos más de uno los que pensamos que se necesita más ambición económica y más centralización de las decisiones para que Europa pueda competir en el desarrollo de las tecnologías críticas.
Como recordaba Varoufakis en una reciente entrevista, si no existe en Europa un Amazon o un Meta es por falta de inversión. España ha hecho de la autonomía estratégica uno de los ejes centrales de su ejercicio de la presidencia rotatoria de la Unión. La reciente Declaración de Granada realiza un reconocimiento de la necesidad de reducir la dependencia externa en el ámbito tecnológico. Las alianzas internacionales dentro de consejos tecnológicos bilaterales no podrán resolver las carencias de una falta de inversión interna. La reforma del marco europeo de ayudas de Estado y la regulación de la competencia en el mercado interior son condiciones necesarias, pero no suficientes. El proceso abierto tras la selección de tecnologías críticas abre una oportunidad de rectificación del alcance del STEP y la definición de un fondo de soberanía real. España aún tiene tiempo de aprovechar este impulso en la dirección de las negociaciones institucionales sobre el reglamento STEP en el último tercio del periodo que ejerce la presidencia de la UE.
Emilio García García es ex director de gabinete de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y colaborador de Agenda Pública
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