La transformación (pendiente) de la Administración Pública
Combatir la fragmentación, potenciar la innovación, reformar la contratación, mejorar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas son aspectos clave
La sociedad española ha conseguido logros importantes durante los últimos 50 años, tanto económicos como sociales. Sin embargo, una de las grandes tareas pendientes continúa siendo la reforma de la Administración Pública.
La revolución tecnológica ha provocado cambios culturales y nuevos hábitos de consumo y ocio derivados de nuevos sistemas de comunicación, aumento de las opciones de elección, o la inmediatez en la prestación de servicios. Situaciones que han obligado a muchas organizaciones a adaptar sus sistemas de trabajo para satisfacer las necesidades de clientes y usuarios.
Las tendencias y cambios sociales, la aparición de diferentes escenarios disruptivos, el envejecimiento de la población, la mayor conciencia medioambiental, o los riesgos geopolíticos, entre otros, son algunos de los retos que obligan a la Administración pública a transformarse para responder a las nuevas demandas de una sociedad cada vez más compleja.
Todavía estamos encarando el camino de salida de un periodo convulso de nuestra historia reciente, desde el comienzo de la crisis financiera de 2008, hasta la guerra en Ucrania, pasando por la pandemia del Covid-19 y sus terribles consecuencias. Un contexto de policrisis que presentan enormes desafíos.
Así, el crecimiento del gasto público entre el año 2000 y 2021 (140%) casi ha duplicado el crecimiento del PIB (86%), impulsando el peso en la economía del sector público hasta el 48% del PIB, mientras que en el año 2000 se situaba en torno al 38%.
Ante ello, son muchos los recursos y esfuerzos necesarios, pero entendemos que hay uno que se nos hace indispensable: garantizar que seguimos disponiendo de una Administración pública que sepa responder a todos estos desafíos. Se requiere, para ello, de un proceso de transformación, lo que implica un cambio cultural y de concepción, así como hacer frente a algunos de los factores que limitan la capacidad de adaptar la oferta de la Administración a la demanda de ciudadanos y empresas, en sus tres niveles: central, autonómico y local.
Además, es importante poner de relieve el sentido de urgencia. Primero, por la creciente presión social; segundo, por la necesidad de garantizar la sostenibilidad y la gestión eficaz de los recursos públicos y, tercero, por la posibilidad de aprovechar los fondos de la Unión Europea, que brindan una excelente oportunidad para llevar a cabo proyectos y reformas transformadoras, especialmente aquellos orientados a mejorar la sostenibilidad y la digitalización dentro de la Administración pública.
El aumento de la presencia de la Administración Pública en la economía es consecuencia, fundamentalmente, de un mayor gasto social y redistributivo. El incremento de la edad media de la sociedad española, el mayor nivel de protección social, y el mayor nivel de exigencia y demanda social tienen su reflejo en el crecimiento de las pensiones o prestaciones sociales, que acaparan un porcentaje muy elevado y creciente del gasto total.
La fuerte presión por la vía del gasto que supone el envejecimiento de la población y la demanda de mayores niveles de protección social pone de manifiesto, a pesar del incremento de ingresos públicos de los últimos años, las dificultades para ajustar las cuentas en el medio plazo, lo que se ha traducido en un aumento significativo de la deuda pública en las últimas dos décadas, cuya sostenibilidad es preciso garantizar, sin deteriorar los niveles de competitividad de la economía nacional.
De acuerdo con la encuesta de calidad de los servicios públicos del CIS, el 53,5% de los españoles considera poco a nada satisfactoria la forma de funcionamiento de los servicios públicos, y el 95% está bastante o muy de acuerdo en la necesidad de mejorar la eficiencia de las Administraciones públicas.
Así, se observan, entre otros, algunos factores que limitan la capacidad de mejorar la respuesta a las necesidades de ciudadanos y empresas, como: la complejidad, fragmentación y falta de coordinación e interoperabilidad entre centros gestores, sistemas de contratación menos ágiles que otros países de la UE, sistemas de selección, motivación y retención de personas menos efectivos que en el ámbito privado, y falta de mecanismos de coordinación propios de un país con altos niveles de descentralización, entre otros.
La edad media de los empleados públicos es muy elevada (51,5 años) lo que permite contar con personas con mucha experiencia, pero también dificulta los procesos de digitalización y la atracción de personas más jóvenes y nativos digitales.
En un entorno de transición tecnológica, los procesos de digitalización cobran una especial relevancia como herramienta de transparencia, ya que brindan una buena oportunidad para aumentar la participación ciudadana, hacer más eficientes los procesos o mejorar la calidad de los servicios.
La interoperabilidad en una Administración tan descentralizada, las habilidades digitales, la capacidad de atraer jóvenes con una cultura diferente, el análisis permanente de datos, la simplificación de procesos, la interactuación con el sector privado, el aprovechamiento de la información, la incorporación de directivos con experiencia, nuevos procesos de selección no basados exclusivamente en pruebas memorísticas, o la experimentación como instrumento de análisis de la efectividad de las políticas públicas…, son algunos de los elementos identificados sobre los que conviene generar un debate y propuestas de mejora.
Para alcanzar la Administración que necesitamos, creemos necesario atender, al menos, a las siguientes prioridades estratégicas: generar consensos para impulsar reformas eficaces con garantías de pervivencia; definir objetivos y planificar de manera integral; implementar sistemas que permitan la generación y análisis de datos e información masiva en tiempo real; simplificar el marco normativo; motivar al personal de la Administración y ofrecer una mayor autonomía de gestión y cooperación con el sector privado.
Asimismo, consideramos importante potenciar la innovación pública; reformar la contratación pública, apoyándose en sectores estratégicos y en soluciones innovadoras y sostenibles, mejorar la transparencia, ofreciendo una mayor cantidad y calidad de datos, y fortalecer la evaluación y la rendición de cuentas ofreciendo información transparente, fiable y accesible a ciudadanos y empresas.
Solo así seremos capaces de contribuir a un debate fructífero que dé lugar a un nuevo impulso a la transformación de nuestra Administración, reto continuo que nunca termina.
Chus Escobar / Juan Pablo Riesgo son socia responsable de Sector Público y de Financial Accounting Advisory Services de EY / socio responsable de EY Insights y socio de People Advisory Services.
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