Racionalizar la agenda de las emisiones sin renunciar a ella
La clave de la buena gobernanza no está solo en optimizar los fines, sino también en acertar en los plazos y los medios: la industria del motor es un ejemplo
A falta de que la Eurocámara lo ratifique, el aplazamiento y la rebaja de exigencias de la normativa Euro 7 acordada este lunes por los países de la UE constituye una victoria sin paliativos para la industria europea del automóvil, que ha logrado arrancar de los Gobiernos comunitarios el compromiso de retrasar hasta 2027 la entrada en vigor de la norma –hasta 2029 en el caso de los camiones– y de dejar su contenido de emisiones muy próximo al de la actual normativa Euro 6. El sector ha ganado una batalla librada con especial insistencia en los últimos meses, durante los cuales se ha llegado a cuestionar el futuro de la industria europea del automóvil en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. El pasado febrero, Luca de Meo, consejero delegado de Renault y presidente de la patronal europea de las automovilísticas, advertía de que la aprobación de la Euro7, tal y como estaba redactada y con fecha de entrada en vigor en 2025, podía significar el cierre de fábricas del motor en Europa. La patronal alertaba también del coste que la regulación podría tener para los consumidores comunitarios, que cifra en unos 2.000 euros de media por automóvil.
El hecho de que la Euro 7 afecte fundamentalmente a los vehículos compactos y pequeños supone un problema añadido para la industria española, que el año pasado centró el 85% de su producción en este tipo de automóviles. La decisión de aplazar y suavizar su contenido beneficia a las fábricas de VW y Stellantis en nuestro país y podría alargar la vida de la gama Seat, lo que constituye una razón de peso para respaldar la decisión de los Ejecutivos europeos.
Más allá de la exactitud de los cálculos respecto al coste de la regulación sobre el precio de venta al público y sobre los márgenes de la industria, el acuerdo adoptado esta semana es defendible por dos razones objetivas. La primera es que toda regulación sectorial tiene un coste y su eficacia en el mercado está directamente relacionada con la proporcionalidad de la factura. La segunda tiene que ver con el deber de los poderes públicos de calibrar la idoneidad de los medios utilizados para alcanzar los objetivos, de forma que las exigencias normativas sean realistas y no supongan una carga excesiva para la economía y los consumidores.
La clave de la buena gobernanza no está solo en optimizar los fines, sino también en acertar en los plazos y los medios. Esto significa que Europa no debe renunciar a su agenda de emisiones, pero tampoco forzar sus límites.
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