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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El reto de una factura fiscal que no dependa de la geografía

Las diferencias de gravamen en el Impuesto sobre Sucesiones han vuelto a ponerse de relieve tras las elecciones autonómicas del pasado mayo

CINCO DÍAS
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.efe

El impuesto sobre sucesiones, que grava la transmisión de las herencias, ostenta el dudoso honor de ser muy probablemente el tributo más polémico y que menos simpatías despierta entre los contribuyentes españoles. La principal crítica que arrastra la figura, una queja que se repite también en otros países europeos, es la presunta injusticia de someter a gravamen un patrimonio por el que su propietario ya pagó impuestos en vida, un argumento que contrasta con la justificación técnico-tributaria, que sostiene que lo que Hacienda grava es el acto de transmisión, y que este constituye un hecho imponible diferente y determinado. A la discusión sobre la naturaleza justa o injusta del impuesto, en España hay que unir la que genera la notable heterogeneidad de tipos de gravamen que existen en función del territorio autonómico de residencia. Unas diferencias que alimentan la competencia fiscal entre las regiones y producen un efecto de atracción sobre contribuyentes que buscan minimizar su factura fiscal, un fenómeno que, en el caso de las herencias, se limita a patrimonios altos, dado que en el común de ellas las cantidades son bajas y no suelen estar sometidas a tributación.

Las diferencias de gravamen en Sucesiones han vuelto a ponerse de relieve tras las elecciones autonómicas del pasado mayo, que han propiciado rebajas fiscales en las comunidades donde el PP y Vox han desbancado del poder al PSOE y Unidas Podemos, y han estado particularmente centradas en este impuesto. La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares se han sumado a la ola de bonificaciones casi totales en esta figura puestas en marcha previamente por regiones como Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia.

En general, las bonificaciones en este tributo pueden compararse en patrimonios mayores de 800.000 euros, en los que las diferencias entre regiones son abultadas, como muestran los cálculos realizados por los economistas asesores fiscales del RETA, que utilizan un perfil tipo que puede llegar a ver rebajada la cuota, en comunidades como La Rioja, Canarias o la Comunidad Valenciana, en una cantidad que oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros.

Más allá del debate sobre cuál debería ser el tipo de gravamen óptimo, la disparidad de cuotas en el impuesto constituye un ejemplo evidente de la necesidad de que España avance hacia una homogeneización en materia de tributación autonómica que garantice que los ciudadanos, sea cual sea su riqueza, no se vean sometidos a diferencias fiscales en función de su lugar geográfico de residencia.

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