Un alza salarial contenida que refuerza a sindicatos y patronal
El nuevo Gobierno no debe llamarse andana en lo que le toca, desde impulsar la liberalización de los mercados a poner coto a los oligopolios
El incremento salarial pactado para nueve millones de asalariados hasta el mes de julio se situó en el 3,34%, según se desprende del avance de datos de los convenios colectivos facilitado esta semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aunque el porcentaje aún supone que los trabajadores cubiertos por convenio pierden poder adquisitivo en el año, ya que la media de subida de los precios se situó en el 3,81%, parece razonable congratularse de que las plantillas encuentren alivio a la hora de afrontar la inflación, un impuesto silencioso que drena la capacidad de compra de los hogares a diario. En esa dirección caminan los casi 180.000 nuevos acuerdos suscritos en los primeros siete meses del ejercicio, que contemplan aumentos salariales incluso superiores, del 4,18%, para más de dos millones de empleados.
La tendencia pone en valor el equilibrado pacto alcanzado en mayo pasado entre sindicatos y patronal, que recomendaba alzas del 4% para este año y del 3% para 2024 y 2025. No en vano, el compromiso sellado entonces parece haber encontrado el punto dulce entre compensar en lo posible la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la supervivencia de las empresas y, desde luego, sin alentar la temida espiral precios-salarios tantas veces enarbolada por instituciones como el Banco de España. No por casualidad el organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos reclamó un pacto de rentas selectivo, casi quirúrgico, para no convertir en estructurales los efectos coyunturales de una inflación desbocada, en gran medida por el encarecimiento de las materias primas con la guerra de Ucrania.
El ejercicio de responsabilidad de los agentes sociales cobra todavía más fuerza a la vista de la evolución de la inflación subyacente –aquella que calcula los precios sin tener en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados–, que no cede y se mantiene en el 6,2%. Ese dato precisamente explica que los hogares aún se sientan ahogados y no terminen de notar las subidas salariales. Ese guarismo, de hecho, incluye rúbricas como los alimentos procesados, la ropa, la restauración o las comunicaciones y será el que más tarde en atenuarse, en tanto revela la presencia de efectos de segunda ronda en la economía. Es evidente que el alto coste de la electricidad ha terminado permeando –y elevando– el precio de otros productos.
Aunque el principal dique de contención del IPC lo levanta la política monetaria del BCE –y en ello está–, el nuevo Gobierno no debe llamarse andana en lo que le toca, desde impulsar la liberalización de los mercados a poner coto a los oligopolios. El medio y largo plazo también les toca a los políticos.
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