Las renovables no se la juegan el 23 de julio, sino el 25 de julio
El plazo del 25J de 2025 puede herir de muerte el desarrollo de las energías limpias en España. El nuevo Gobierno debe flexibilizar la fecha
Estoy seguro de que el Gobierno que surja de las elecciones generales del próximo 23 de julio no tendrá dudas acerca de la emergencia climática que representa el calentamiento global, una certeza científica que pocos se atreven a cuestionar y que, incluso cuando lo hacen, no niegan la mayor, sino la menor, es decir, las limitaciones que se derivan de la lucha contra él.
Como se suele decir en el ámbito regulatorio, la clave no está en la ley, sino en el reglamento. En aplicación de este símil, el compromiso con la descarbonización de la economía del nuevo Gobierno no se medirá tanto por el respeto a unos objetivos que en buena medida emanan de la Comisión y el Parlamento Europeos, sino por la eficacia en el despliegue y aplicación de la legislación correspondiente.
En este marco, el próximo Ejecutivo nacional deberá resolver un asunto que, cual patata caliente, irá incrementando su temperatura conforme avance el tiempo. Se trata de la gestión de todos los permisos relacionados con el despliegue de las energías renovables, un cuello de botella que no debería ser difícil de ensanchar con la voluntad política y la diligencia administrativa adecuadas.
El 25 de junio de 2025, una fecha para la que quedan dos años, expirará el plazo otorgado por el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, que establece los requisitos de puesta en marcha de instalaciones de generación de energía eléctrica que hayan obtenido el permiso de acceso a la red con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor de este decreto-ley.
Ese día no tan lejano pueden expirar también algunos proyectos de generación renovable que no hayan logrado la autorización definitiva de explotación. Sin embargo, muchos pueden perecer antes si no se produce un cambio en la legislación que establece tal decreto-ley. La causa de esta indeseada mortandad sería la falta de tiempo para lograr todos los permisos exigidos por la extensa burocracia y construir una planta. Basta constatar que para la construcción se necesitan entre 13 y 15 meses, mientras que la obtención de los distintos y numerosos permisos se demora entre cuatro y cinco años.
¿Quién se atreverá a iniciar la construcción de una planta eólica o solar en junio de 2024 cuando solo quede un año para que finalice el plazo otorgado por el Gobierno central? ¿Y qué banco, fondo o accionista se aventurará a financiar un proyecto que tenga el riesgo de quedarse en el camino?
Tras el sprint realizado a principios de este año para alcanzar la declaración de impacto ambiental (DIA) de los proyectos, ahora se presenta otra carrera para lograr las declaraciones de utilidad pública en el caso de las líneas de transmisión, que dependen a menudo de varios ayuntamientos al atravesar más de un municipio, los permisos de las confederaciones hidrográficas (cuando sea menester), las licencias de obra y la conexión fehaciente a la red de transporte, entre otros muchos trámites administrativos.
Bien es cierto que el Consejo de Ministros aprobó a finales de junio una prórroga de seis meses para lograr la autorización administrativa de construcción, período que inicialmente expiraba el próximo 25 de julio. Esta extensión se suma a la concedida en su momento para las declaraciones de impacto ambiental.
Esta prórroga afecta directamente a inversiones que suman más de 26.000 millones de euros, según los cálculos del propio Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) de 2020. Recientemente, el Ejecutivo español ha enviado a Bruselas una nueva versión de este plan con objetivos aún más ambiciosos. El nuevo Pniec plantea una reducción del 32 % en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, lo que supone un incremento de nueve puntos respecto al plan actual. Para lograr esta meta, las energías renovables deberán generar el 81 % de la electricidad.
Estos objetivos refuerzan el liderazgo de España en el despliegue de las energías renovables, especialmente las tecnologías de generación solar y eólica. Un liderazgo que arrastra fuertes inversiones de capital hacia nuestro país. Según el informe World investment report 2023 – Investing in sustainable energy for all elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la inversión en energías renovables se aceleró en España en el año 2022, en contraste con la desaceleración que muestran las cifras globales. España atrajo el año pasado un total de 34.811 millones de dólares en inversión extranjera directa, un incremento del 60 % respecto a 2021.
Tal generación de riqueza y empleo exige una gestión administrativa consecuente. Por ello, carece de sentido que se hayan alargado los hitos intermedios en la consecución de los permisos, pero se mantenga la fecha final. Sería un sinsentido que una planta con todos los permisos concedidos después de años de trabajo, en construcción o construida, perdiera el derecho de acceso a la red por no llegar a tiempo con un papel.
Pero para evitar que la fecha del 25 de junio de 2025 se convierta en una auténtica línea de la muerte para el desarrollo de las energías limpias en España, la solución es fácil: modificarla o eliminarla. El próximo Gobierno tendrá ante sí la oportunidad de acelerar el desarrollo de las energías renovables como la principal arma contra el cambio climático, además de ser un vector de independencia energética y contribuir al abaratamiento de los precios de la electricidad, simplemente eliminando trabas y mejorando la regulación.
Luis Venero es CEO de Bruc
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