Un paso más hacia la normalización del accionariado de CaixaBank
La búsqueda de un nuevo asesor para gestionar la venta de la participación del FROB debería servir para agilizar la salida sin necesidad de apurar el plazo hasta su final
La venta de la participación del 17,5% que el Estado posee en CaixaBank, una operación que en principio debe materializarse antes de finales de 2025, constituye un paso necesario para culminar la plena normalización del accionariado del banco, tras la fusión que este llevó a cabo con Bankia en 2020 y que propició la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el capital. Hasta el momento, el FROB ha estado asesorado por Arcano con vistas a la desinversión mediante un contrato que ha sido prorrogado ya dos veces. La entidad pública busca ahora un nuevo asesor, que se elegirá mediante concurso y cuyos pliegos se publicarán previsiblemente después del verano, cuyo objetivo será vender de la forma más ventajosa posible la participación pública en el banco.
El Gobierno amplió el pasado diciembre el plazo para salir del accionariado de CaixaBank, una decisión cuya oportunidad es discutible, pero que está en línea con la estrategia de permanencia que han seguido los distintos Gobiernos después del rescate de Bankia: extender el plazo de la participación del Estado en el capital del banco para maximizar la recuperación de los fondos públicos que se inyectaron durante la crisis financiera y que ascendieron a unos 24.000 millones de euros. La absorción de Bankia por parte de CaixaBank, una operación ejecutada en plena pandemia, no fue, sin duda, el momento adecuado para llevar a cabo esa desinversión por el valor de la acción. Pero el panorama ha cambiado sustancialmente desde entonces y la valoración del banco ya no es la que era en 2020, hasta el punto de que el 17,5% que mantiene el FROB, resultante de la ecuación de canje pactada con Bankia para la integración, vale ahora unos 4.900 millones de euros, lo que supone una revalorización del 151%.
A día de hoy, no existen razones suficientes para mantener una inversión que sitúa al Estado como accionista de uno de los grandes bancos del país, una posición que el FROB ha ejercido de forma activa de acuerdo con las directrices del Gobierno de turno, lo que ha propiciado, por ejemplo, que la entidad pública emitiera hasta en dos ocasiones votos de castigo respecto a las remuneraciones de la cúpula del banco.
El Estado debió fijar en su momento un calendario de salida de CaixaBank, pero lo cierto es que no lo hizo. La búsqueda de un nuevo asesor para gestionar la venta de la participación del FROB debería aprovecharse como una oportunidad para agilizar la salida sin necesidad de apurar el plazo hasta su final.
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